Otro juzgado de primera instancia de Madrid ha concedido las medidas cautelarísimas solicitadas por Dufry y Canariensis e impide así que AENA ejecute los avales depositados por ambas compañías para satisfacer el pago de los alquileres de los locales que explotan en los aeropuertos canarios y de toda España. Estas empresas son las principales arrendatarias del operador portuario, con más de 376 millones de euros al año.
La decisión judicial se une a la adoptada en el mismo sentido por otro juez a requerimiento de Áreas y SSP, los restantes grandes inquilinos y cuyos avales suman 150 millones de euros. En el caso de Dufry (230 millones) y Canariensis (44 millones), AENA les facturó 274 millones de euros el año pasado mientras negociaban un acuerdo para adecuar los pagos a la situación desatada por la pandemia.
Los dos autos judiciales suponen una pérdida de 424 millones de euros de ingresos par AENA mediante la ejecución de avales; al menos hasta que los tribunales entren en el fondo de la cuestión. La empresa mixta de mayoría pública presentó cuentas el mes pasado y anotó 630 millones de euros en el capítulo de ingresos.
El pasado mes de diciembre la negociación entre las partes se rompió. AENA decidió ajustarse al decreto ley de ayudas a las empresas promovido por el Gobierno central. Los operadores comerciales de los aeropuertos señalaron que esa norma está referida a los metros cuadrados mientras que sus negocios beben de la presencia de viajeros, cuya escasez es manifiesta en el último año.
Aseguran que el ultimátum dado por AENA les conduce a la ruina y señalan que la judicialización del proceso abre un período de total incertidumbre de cara al futuro. Entre otras cuestiones, porque impide elaborar planes comerciales que sean realistas.
Además, fuentes consultadas auguran que ningún inversor extranjero llegará a la única red aeroportuaria del mundo en la que arrendatarios y arrendador no se han puesto desacuerdo. En el resto de Europa los pagos del alquiler están referidos al número de usuarios.
