La construcción ha resistido bien el año del desencadenamiento de la mayor crisis de la era moderna. Se constata en la evolución del número de afiliados a la Seguridad Social que trabajan en el sector y en el consumo de cemento. Ahora bien, el primero de dichos parámetros parece haber tocado techo y la media del segundo (1,47%) no esconde grandes diferencias entre islas. Las patronales advierten de que el trabajo que quedaba por hacer y que ha alimentado el motor durante el último año está solo a falta de algunos retoques. A partir de ahora, o se impulsan la licitación pública y el Plan de Vivienda, o se parará como lo han hecho los de muchos otros sectores.

Las restricciones con las que las que los gobiernos han respondido desde marzo del año pasado a la expansión del coronavirus han provocado graves problemas en las cajas de no pocas empresas. El Archipiélago es un claro ejemplo de ello por su alta dependencia del turismo. La caída de la inversión en las Islas superó el 15% durante el pasado año.

Para intuir el grado de descapitalización de los negocios basta pensar en todos los hoteles que permanecen con las puertas cerradas desde hace meses. A partir de ahí, es sencillo entender el daño que a su vez sufren los habituales proveedores de dichos establecimientos alojativos y todo el entorno de ocio que se genera de manera habitual en derredor de los núcleos eminentemente turísticos de las Islas. Es solo un ejemplo.

Por mucha ayuda pública que se quiera inyectar, y lo ha repetido cuantas veces ha podido el presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, nunca será suficiente para reparar el daño económico. Cajas en las que durante meses no entra un euro acumulan unas telarañas que atrapan cualquier veleidad inversora. Llegarán tiempos mejores para pensar en ello.

El sector público

Por tanto, en el corto plazo solo cabe confiar en la capacidad que muestre el sector público para impulsar el sector de la construcción. Así lo entiende la presidenta de la Asociación de Empresarios Constructores y Promotores de la provincia de Las Palmas (AECP), Salud Gil, para quien la foto fija que ofrece en la actualidad “la estadística resulta perversa”.

“El sector se ha comportado de manera valiente, pero las cosas no están bien”, asegura Gil. Parámetros como la venta de cemento “o repuntes del empleo en un mes concreto” responden, a su juicio, “a la recuperación de promociones inmobiliarias que estaban paradas o la finalización de otros trabajos. Se licita una obra y los números crecen, pero nos dicen medias verdades”. Cierto es que la caída de venta de cemento al por mayor decreció solo un 1,47% a lo largo del pasado ejercicio pasado, pero no lo es menos que esa media bebe de repuntes del 81,34% en La Gomera, con solo 7.247,7 toneladas vendidas, o del 48,28% en El Hierro, con otras 4.789 toneladas de cemento negociadas.

En definitiva, las labores que se acometieron el pasado año están escribiendo su último capítulo y dejarán de dar alegrías –hoy entendidas como mantenimiento del empleo– en pocos meses al mercado laboral. “Si no se nos reactiva, no se producirá una recuperación”, sostiene Salud Gil en referencia al tejido productivo que se nuclea en torno a la construcción.

Con la que está cayendo en forma de paralización de la actividad económica y los derrumbes de los productos interiores brutos por todo el mundo –más del 20% en Canarias–, sorprende contemplar que la afiliación media en la provincia de Santa Cruz de Tenerife en el sector de la construcción fuera de 24.063 personas en el mes de enero, solo 664 menos que en el mismo mes del año anterior. Pero es que en la de Las Palmas –27.115 afiliados medios en enero– el número superó en 219 al de doce meses antes. “Hemos mantenido el tipo”, asegura el presidente de la Federación Provincial de Entidades de la Construcción de Santa Cruz de Tenerife (Fepeco), Óscar Izquierdo.

¿Por qué ha sido así? En su opinión porque “esta crisis, a diferencia de la de 2008, no” ha impactado contra la construcción “de manera directa, sino tangencial”. Al final de la primera década del presente siglo fue precisamente la especulación inmobiliaria el eje vertebrador de una burbuja a la que se apuntó sin mesura el sector financiero. En este caso, también “el problema es mundial”, apunta Izquierdo, pero su epicentro es sanitario y, desde ahí, irradia hacia la economía; con desigual afección a los distintos sectores productivos.

Plan aprobado

“Licitación pública y Plan de Vivienda”, recalca la presidenta de la AECP. Al final del pasado año, el Parlamento autonómico dio luz verde al Plan de Vivienda de Canarias 2020-2025 con el voto favorable de todos los grupos políticos. Un proyecto a cinco años dotado con 664 millones de euros y que contempla 88.195 actuaciones, entre otras cuestiones, para dar un techo a precio asequible para la población que hoy carece de él.

Más en detalle, el plan contempla la construcción de 5.971 nuevas viviendas protegidas destinadas al alquiler y ayudas para que 72.000 familias se conviertan en arrendatarias de estos y otros inmuebles. Otras más de 10.000 actuaciones de rehabilitación y renovación urbana y rural, y 600 viviendas nuevas más a construir en enclaves con escaso número de habitantes para combatir la despoblación.

Traducido a empleo debe significar la creación de más de 28.300 puestos de trabajo a lo largo de los cinco años de duración para los que se ha diseñado esta iniciativa.

Además, no ha pasado ni un mes desde que el consejero regional de Obras Públicas, Transportes y Vivienda, Sebastián Franquis, señalara en la Cámara autonómica que a los 297 millones de euros que su departamento aporta a nuevas obras habrá que sumar otros 60 millones para rehabilitación que llegarán a través del Fondo de Recuperación de la Unión Europea.

En esa suma cercana a los 300 millones de euros está consignada la anualidad correspondiente del Plan de Vivienda y otras actuaciones en carreteras –cien millones de euros más que en las cuentas del pasado año– y puertos. Solo en el presente ejercicio se debería generar un número superior a los 7.500 empleos directos. Franquis sostuvo ese día que el volumen de inversión para este año “es el mayor de la última década.

Justo lo que solicita Salud Gil. ¿Todo solucionado entonces? En opinión de las patronales de ambas provincias no es así. “Se mantienen modelos que no responden a la realidad a la que nos enfrentamos”, asegura Gil sobre una “gestión ralentizada” que lastra la productividad “cuando más necesario se hace incrementarla”.

“No funciona”, certifica Izquierdo para enfatizar que para la concesión “de una licencia de obra mayor” una empresa puede tener que esperar “dos años”. Ambos presidentes inciden en que si de algo se carece en la actualidad es de tiempo, por lo que demandan un cambio de paso en los despachos de las instituciones con el fin de que la tramitación “pueda completarse en un plazo razonable”, en palabras de Óscar Izquierdo.

Retornando al empleo, la evolución ha sido favorable en los últimos años pero con una clara tendencia a la estabilización. En la provincia de Las Palmas, el número de cotizantes se ha incrementado de manera ininterrumpida desde 2017, pero con avances más tenues a medida que transcurrían los años. En la de Santa Cruz de Tenerife, la leve caída registrada el año pasado (-664) no es achacable del todo al coronavirus, porque ya la diferencia de 2019 con respecto a 2018 (18 afiliados más) desveló que el carburante se había agotado.

Los fondos están consignados y los planes existen y están aprobados. Resta que la maquinaria administrativa se acelere para mantener a la construcción como el sector que aporta el 9,2% de las empresas que hay en Canarias. “Nunca el desarrollo económico y social del Archipiélago ha sido tan intenso como cuando ha funcionado el binomio turismo-construcción”, afirma Óscar Izquierdo.