El Gobierno dará 7.000 millones de euros a compañías viables en problemas por la pandemia para cubrir parte de sus costes fijos, según confirmaron ayer fuentes gubernamentales tras adelantarlo El País. Las ayudas directas, así, constituirán la parte más relevante del plan de 11.000 millones en apoyos a empresas que el Consejo de Ministros aprobará hoy en una reunión extraordinaria, y se distribuirán finalmente a través de las comunidades autónomas. Canarias y Baleares, por ser las más afectadas por el parón turístico, tendrán un tratamiento especial.
El Ejecutivo destinará otros 3.000 millones a convertir parte de los créditos bancarios con aval público del Instituto de Crédito Oficial (ICO) en instrumentos de capital para reforzar la solvencia de las empresas, dentro de un marco para reestructuraciones de los préstamos que se vehiculará a través de un código de buenas prácticas al que se sumarán las entidades financieras y que se aprobará en las próximas semanas. Además, aportará apoyos de capital a empresas medianas no vinculados a los préstamos ICO por 1.000 millones a través de un fondo gestionado por la firma pública Cofides, en la línea del implementado por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) de 10.000 millones de euros para grandes empresas.
De esta forma, los instrumentos que podrían ver la luz van en la línea de lo que ha dejado entrever Calviño en las últimas semanas e incluirían ayudas directas y ayudas a través de solvencia (quitas de deudas), tal y como reclamaban desde distintos sectores que han apremiado en los últimos días a que no se demorase más la aprobación.
La cantidad de ayudas directas, de esta forma, estará finalmente por encima de los 5.000 millones que el Ejecutivo barajó en algún borrador del plan y más cerca de los 8.000 millones que Podemos propuso al Ministerio de Economía el pasado viernes, si bien fuentes gubernamentales del ala socialista del Ejecutivo sostienen desde hace días que el reparto de las cantidades estaba decidido desde antes que la formación morada trasladase su propuesta al departamento que dirige Nadia Calviño.
Los ministerios de Economía y Hacienda, asimismo, han impuesto su criterio de que ayudas directas se vehiculen a través de las autonomías, uno de los principales escollos que provocó que la aprobación del plan se retrasase frente a la idea original de darle luz verde el pasado martes. Podemos y otros ministerios económicos controlados por el PSOE preferían que el Gobierno las concediese directamente. Finalmente no será así, si bien la Agencia Tributaria estatal podría ejercer algún tipo de control para evitar fraudes.
Las ayudas de este fondo se sumarán a las ya implementadas por las CC.AA. y las nuevas medidas que las regiones configurarán después de la transferencia realizada por el Estado del fondo Covid-19 de 16.000 millones, a los que se unirían los 8.000 millones de euros recibidos del Fondo React-EU este año.
Las ayudas directas, además, tendrán finalmente un cierto sesgo sectorial y territorial, como habían dejando entrever tanto Pedro Sánchez como Calviño. Fuentes gubernamentales, así, señalan que “no irán destinadas a todos los sectores”, sino a aquellos más afectados por las restricciones para contener la pandemia. El presidente del Gobierno señaló en su día el “sector turístico, la hostelería, la restauración y el pequeño comercio, entre otros”. Serán estos los beneficiados, pero no solo y entendidos en un sentido amplio (hay otras actividades vinculadas pero que no pertenecen estrictamente a estos negocios).
El Gobierno, además, ha decidido dedicar una partida especial de los 7.000 millones a Canarias y Baleares por ser las comunidades más afectadas por el coronavirus por su dependencia del turismo. Las demás se repartirán el resto del dinero. Para la distribución de los fondos europeos React EU, el Gobierno tuvo en cuenta el impacto de la pandemia en el PIB de cada comunidad (un criterio que explica 2/3 del reparto), en el desempleo (2/9) y en el paro entre trabajadores de los 15 a los 24 años (1/9), y también dedicó una ayuda especial para las regiones ultraperiféricas.
El Gobierno también tiene previsto aprobar hoy la prórroga de la moratoria de los concursos de acreedores forzosos hasta el 31 de diciembre, y es posible que una nueva ampliación del plazo de vencimiento de los créditos ICO.
