Las patronales turísticas canarias están cansadas de esperar por los ayuntamientos y se han lanzado a una campaña en los medios y en las redes sociales para denunciar los incumplimientos de las administraciones locales con el principal sector de la economía canaria. Los empresarios insisten en que la gran mayoría de los municipios siguen cobrando los impuestos y las tasas a los establecimientos turísticos a pesar de llevar un año cerrados o con severas restricciones y baja ocupación. A un hotel de cuatro estrellas que en este momento se encuentre cerrado los gastos que le puede generar el pago de los diversos tributos y tasas municipales se elevan a más de 650.000 euros anuales, lo que para los empresarios es inasumible cuando no hay ingresos y tener el alojamiento clausurado también genera costes de mantenimiento.
Jorge Marichal (Ashotel), José María Mañaricúa (FEHT), Antonio Hormiga (Asofuer) y Susana Pérez (FTL) aseguran que esta campaña es un “grito de auxilio” por la situación “crítica” que atraviesa el sector turístico y porque las administraciones locales hacen “oídos sordos” a sus reiteradas demandas frente a otras instituciones como el Gobierno central y el Ejecutivo canario, que han puesto en marcha ayudas y exoneraciones fiscales.
Las patronales turísticas han enviado cartas a todos los ayuntamientos desde hace varios meses solicitando que les “acompañen” con medidas que les alivien en el pago de tributos y tasas mientras dure la pandemia y no se normalice la apertura de los hoteles y apartamentos. En el caso de la provincia de Santa Cruz de Tenerife solo contestaron ocho ayuntamientos de la isla de Tenerife y dos de La Gomera y no todos en la línea de lo demandado por las empresas. En el caso de Gran Canaria el representante de los empresarios hoteleros destacó la posición del Ayuntamiento de la capital grancanaria, que sí está aplicando medidas fiscales dirigidas a los negocios, mientras que los dos principales municipios turísticos, San Bartolomé de Tirajana y Mogán, apenas han hecho movimientos en este sentido.
Frente a esta “inacción” de las instituciones municipales, a las que reprochan que no actúen ante “el grito de auxilio” de un sector que aporta el 35% de la riqueza de Canarias y el 40% del empleo, las patronales turísticas difundirán en medios de comunicación y redes sociales el espacio ¡Vengo a cobrar!, con el que quieren “transparentar, no criminalizar”, la respuesta que ofrece cada uno de los entes locales a las peticiones de los hosteleros que operan en sus territorios. En esta campaña se mostrará un “cumpliómetro”, una especie de barómetro que reflejará las medidas que han adoptado los ayuntamientos canarios en los que las patronales tienen asociados. “El fin de la herramienta es hacer un ejercicio de transparencia, que sirva de ejemplo para aquellas corporaciones locales que aún no han adoptado medidas al respecto”, advierten las patronales.
En el caso de que los entes locales continúen sin tomar medidas que alivien la presión fiscal sobre los alojamientos, las empresas se plantean ir a los tribunales con demandas al entender que puede existir “confiscación” en el cobro de tributos y tasas a actividades que están cerradas. La principal tasa que los empresarios exigen que se les exonere y que podría ser susceptible de recurso es la de basura, que se continúa cobrando a pesar de que apenas se generan residuos por parte de los establecimientos.
En esta situación “crítica”, que no prevén que pueda empezar a revertirse en parte hasta el próximo mes de julio, ya que para Semana Santa solo cuentan con el turismo interinsular dados los cierres perimetrales que se generalizarán en la Península, las patronales turísticas canarias sí reconocen la ayuda que el Gobierno canario ha brindado a este motor económico de las islas y los 80 millones que aportará el Ejecutivo para financiar parte del IBI que pagan las empresas turísticas a las corporaciones municipales. El total que pagan al año todos los alojamientos turísticos a los ayuntamientos canarios se eleva a unos 140 millones de euros, mientras que en Impuesto de Actividades Económicas (IAE) son unos 13 millones.
Jorge Marichal, como presidente nacional de los hoteleros, explicó que el sector prefiere que la Semana Santa no provoque una cuarta ola de Covid-19 “porque necesitamos trabajar en verano” aunque sea a medio gas, ya que más cierres como los del verano de 2020 serían catastróficos para muchas empresas. “La prioridad es la salud pero siempre acompañada de medidas económicas”, resaltó Marichal.
