Los plataneros canarios insisten en que no pueden asumir que se fije un precio mínimo de venta para este producto. Así lo defendieron ayer en el Parlamento de Canarias el presidente y el gerente de la Asociación de Organizaciones de Productores de Plátanos de Canarias (Asprocan), Domingo Martín y Sergio Cáceres, quienes argumentaron que si finalmente el plátano no cuenta con una excepción en la ley de calidad alimentaria, la norma tendrá graves consecuencias para el sector en el Archipiélago.

La reforma de la ley de calidad alimentaria se tramita en estos momentos en el Congreso de los Diputados. La normativa pretende introducir la variable de los costes de producción para fijar el precio de los productos agrícolas, estableciendo también la prohibición de vender a pérdidas. Un cambio legislativo con el que el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación mantiene que pretende proteger a los agricultores frente a los abusos del resto de los eslabones de la cadena agroalimentaria.

Sin embargo, poco después de que el Gobierno nacional aprobase iniciar el procedimiento para reformar esta normativa, los plataneros canarios alzaron la voz sobre los efectos que tendrían en este sector de las Islas –que representa la producción agrícola más importante del Archipiélago–, y advirtieron de que si se consolidaba la reforma se destruirían de forma innecesaria entre el 25 y el 30% de la producción platanera anual, ya que no podría comercializarse por falta de compradores que estuvieran dispuestos a pagar el precio mínimo fijado por esta norma.

Los representantes de Asprocan volvieron a reiterar su postura ayer durante una comparecencia en el Parlamento de Canarias. Tanto Domingo Martín como Sergio Cáceres reconocieron que esta ley es necesaria pero también demandaron que se incluyeran excepciones.

Para ello, propusieron la aprobación de una enmienda que permita vender a pérdidas el plátano, ya que según aseguró Cáceres, el mercado no pagará el precio mínimo y los productores canarios se verán obligados a dejar de comercializar millones de kilos o a incumplir la ley si quieren vender sus producciones.

Domingo Martín recalcó que Asprocan representa a todas las entidades de producción y comercialización de esta fruta y mantuvo que la posición es unánime, todas opinan que la propuesta de reforma de la ley ofrece resultados “tremendamente negativos”.

Martín señaló que establecer un precio mínimo se asocia a la venta de un volumen determinado y si hay ese precio mínimo muchas toneladas de plátano tendrán que quedarse en Canarias para cumplir la ley, ya que el mercado no lo pagaría.

Sergio Cáceres recordó que el sector platanero quiere competir en igualdad de condiciones con el de la banana, una producción que tiene una condiciones económicas y sociales muy diferentes a las del Archipiélago, insistió.

El gerente de Asprocan apuntó que para la reforma de la ley se ha traspuesto la directiva comunitaria, con la que Asprocan “no tiene problema alguno”, pero que en la propuesta de la reforma de la ley esta no se cumple, ya que como ha recordado en el tratado de la Unión Europea (UE) se reconoce la necesidad de establecer políticas que ayuden a paliar las limitaciones de las regiones ultraperiféricas como Canarias.

También subrayó que el mercado de la banana es mundial y en España pueden vender a pérdidas porque representa el 1% del total, mientras que el plátano tiene ese único mercado. Por lo que esta normativa no les permitiría competir en igualdad de condiciones.