Óscar Izquierdo, presidente de la Federación Provincial de Entidades de la Construcción de Santa Cruz de Tenerife (Fepeco), considera que el apoyo del Cabildo tinerfeño a la aerolínea Canarian Airways, a la que pretende destinar 700.000 euros, abre la veda para que otros sectores empresariales que atraviesan dificultades puedan demandar apoyo económico a la Corporación insular. Izquierdo valora también que el sector de la construcción está preparado para abanderar la recuperación económica en Canarias, pero solicita más apoyo de la administración, a la que acusa de exceso de burocracia y retrasos. 

Se había puesto la vista en la construcción como el sector que podría absorber parte del empleo desaparecido en el turismo. Finalmente, esto no ha terminado de consolidarse, ¿qué ha ocurrido?

Cuando ha funcionado el binomio construcción y turismo es cuando Canarias ha tenido los mayores índices de crecimiento. En este momento, la pata del turismo está parada, no por un fallo interno, sino del problema sanitario a nivel global. En este momento, el único sector que está de pie en Canarias es la construcción. Fuimos el único que estuvo trabajando durante 2020. Es verdad que durante los meses del confinamiento estuvimos trabajando con mucha dificultad, pero a partir del mes de mayo empezamos a crear empleo de nuevo. A finales de enero de este año teníamos el mismo empleo que en enero del año pasado, es decir, tenemos ahora el mismo empleo que antes de la Covid. En concreto, 24.063 afiliados en la provincia de Santa Cruz y 27.115 en Las Palmas. Esto quiere decir que el sector de la construcción, durante el año 2020, en plena crisis, es el único que ha mantenido el empleo. Es el único que ahora tiene potencialidad, que tiene ganas y unas empresas preparadas para hacer de arrastre y de locomotora de la economía canaria, pero tenemos un problema, nosotros queremos pero la administración no nos deja trabajar.

¿Es la administración el freno para que no se haya podido generar todo el empleo esperado?

Efectivamente. El sector quiere trabajar y cuando le pedimos ayuda al Gobierno, no le pedimos subvenciones, sino que se agilicen los trámites de las licencias de obra y que se licite más obra pública. Tenemos una potencialidad que está retenida porque tenemos enfrente a una administración autonómica, insular y local que no sirve. Está obsoleta y en vez de ser ayudadora es entorpecedora porque utiliza procedimientos y tiempos de resolución del siglo XIX. En este momento tenemos un problema gravísimo en las oficinas técnicas municipales y en las gerencias de Urbanismo. Están colapsadas. Una licencia de obra, según la ley del Suelo, hay que concederla en tres meses. El promedio en Canarias es de 18 meses y nosotros tenemos empresas que llevan esperando más de dos años por una licencia de obra. Hay ayuntamientos totalmente colapsados como el de Granadilla o el de Santa Cruz, donde hay varios proyectos millonarios, que crearían una cantidad de empleo enorme, parados porque no hay manera de que salgan adelante. En la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria se están ejecutando 33 nuevas promociones, en Santa Cruz menos de cinco. En una sola calle de Gran Canaria hay más grúas que en todo Santa Cruz.

Pero el problema de la paralización de la administración es anterior al Covid, ¿se ha agravado en este año?

Todo son buenas palabras. Esto no es un problema legislativo, la ley del Suelo no es la mejor ley del mundo, pero es un instrumento válido, lo que pasa es que no se ha utilizado ni se quiere utilizar. Es verdad que hay que buscar una mayor simplificación legislativa porque hay una maraña y una inflación de leyes que hacen imposible actuar. Pero el problema es más bien organizativo y de acomodar la administración al siglo XXI, incorporando la productividad como pasa en la iniciativa privada y, sobre todo, modernizarla con medios materiales. La situación es gravísima debido a que no está medida la productividad dentro de la administración, es decir, trabajes o no trabajes a final de mes vas a cobrar lo mismo. El teletrabajo está siendo una rémora en este momento para los empresarios y ciudadanos.

¿Les está perjudicando el teletrabajo en la administración?

Muchísimo. Estamos de acuerdo con el teletrabajo pero si no le acompaña una medición de la productividad es complicado. Sobre todo hay que fomentar la comunicación entre el teletrabajo y los empresarios y los ciudadanos, porque en este momento no existe. Los únicos que cumplen en los edificios públicos son los vigilantes de seguridad que dan la cara atendiendo a la gente que llega desesperada porque los edificios están vacíos. Lo peor es que el Gobierno y el Cabildo se gastaron millonadas en adecuar esos espacios a los protocolos de seguridad y ahora mandan a los empleados públicos a sus casas. Hay funcionarios que son responsables y trabajan incluso más, pero desgraciadamente también hay muchos a los que el teletrabajo les sirve para tener vacaciones perpetuas.

¿Tienen constancia de que desde que se ha impulsado el teletrabajo se está tardando más en otorgar esa licencia?

El teletrabajo está siendo un impedimento todavía mayor. Hay nula comunicación y los procedimientos se están retrasando mucho más incomprensiblemente y debería ser al contrario. Se retrasan porque falta coordinación entre los diferentes departamentos. Hay un barullo burocrático que nos impide trabajar. El gran problema estructural que tiene Canarias es su administración. Es vejatoria para los empresarios y los ciudadanos y está produciendo el cierre de cientos de pequeñas y medianas empresas y autónomos por no poder gestionar los asuntos en tiempo y forma. También criticamos que la administración incumpla los plazos de resolución que se autoimpone y, en cambio, nos obliga a cumplir con los plazos a los ciudadanos y empresarios aunque no podamos por las circunstancias que estamos sufriendo.

¿Ha perdido empresas el sector de la construcción en el último año?

No, el tejido empresarial de la construcción se ha mantenido pero solo gracias a la iniciativa privada, a los trabajos de conservación, mantenimiento, rehabilitación y reforma. En estos momentos ya han huido inversiones de Canarias. Estamos en un momento de incertidumbre. Si las oficinas técnicas municipales no consiguen dentro de unos meses agilizar sus trámites y dar las licencias, está en juego la viabilidad de muchas empresas importantes del sector de la construcción en Canarias, porque no pueden trabajar. Si la administración no permite trabajar, las perspectivas para el sector de la construcción son muy negras desde un punto de vista empresarial y sobre todo, se podría producir un enorme crecimiento del desempleo, lo que llevaría a un problema social muy importante, porque somos el único que puede sacar a la economía adelante.

¿Se ha notado mucho el aumento de las reformas en viviendas particulares?

Sí, pero también este año se ha aprovechado para renovar y rehabilitar toda la planta alojativa hotelera y extrahotelera. Han aprovechado porque estos trabajos se hacen mejor y son más baratos cuando están vacíos los hoteles. Durante todo el año 2020 ha habido muchas obras de reforma en estos espacios y esto ha creado mucha actividad.

¿Continúa esta tendencia en 2021?

En 2020 fue así, en 2021 no se cómo será. También se ha notado un aumento en la edificación privada, en la reforma de casas.

¿Han cambiado las peticiones en esta rehabilitaciones tras el confinamiento?

Ha cambiado la demanda como consecuencia de la pandemia. Se exigen otro tipo de viviendas, con balcones más grandes, con espacios acristalados, con patios interiores...

Habían depositado también muchas esperanzas en el Plan de Vivienda anunciado por el Gobierno de Canarias. ¿No cree que se está demorando demasiado su inicio?

Va todo demasiado lento. El consejero de Obras Públicas, Transportes y Vivienda, Sebastián Franquis y la directora del Instituto Canario de la Vivienda, María Isabel Santana, me han asegurado que en marzo estaría ya el decreto para empezar. El Plan de Vivienda en los próximos años va a significar un trabajo importantísimo en el sector de la construcción y va a significar la reactivación del empleo, no solo en el propio sector, sino también en otros que dependen de él. Es una oportunidad muy importante que tenemos ahora mismo.

¿Se ha reducido la licitación pública en el último año debido al Covid?

Va lenta, pero es verdad que llevamos 30 años en Canarias que no se hacían proyectos. La Consejería de Obras Públicas está en ello, creo que lo está haciendo bien y recientemente ha adjudicado el concurso para redactar varios de ellos como el de la Circunvalación de La Laguna. Pero falta licitar más obra pública. Creemos que a finales de este año o principios del próximo es cuando se va a notar.

¿Está equilibrada la licitación pública entre las dos provincias?

La diferencia entre Las Palmas y Santa Cruz de Tenerife respecto al número de afiliados es de unos 3.000 a favor de la provincia oriental. Fepeco hizo un estudio entre agosto y noviembre del año pasado en las plataformas de licitación pública de todas las obras que se sacaron a concurso en Canarias, tanto del Gobierno como de los cabildos y ayuntamientos. El resultado fue que la gran diferencia entre las dos provincias es que la licitación pública del Cabildo de Gran Canaria es muy superior a la que realiza el Cabildo de Tenerife. Además, conjuntamente la licitación de los tres cabildos de la provincia oriental también es mayor que la de los cuatro cabildos de la occidental. Los ayuntamientos de Las Palmas licitan mucho más que los municipios de Santa Cruz de Tenerife. Un ejemplo, el presupuesto de los ayuntamientos de Gran Canaria en este periodo para obra pública fue de 70 millones, el de los de Tenerife 13 millones. Entre agosto y noviembre, el Cabildo tinerfeño licitó proyectos por valor de 12 millones de euros, el de Gran Canaria destinó 35 millones. Ahí es donde se ve la diferencia. Es desesperando lo que está pasando.

¿No se ha notado mejoras tras el cambio de gobierno en el Cabildo de Tenerife?

La Consejería de Carreteras está haciendo un esfuerzo importante pero no cuentan con el personal suficiente para sacar las cosas más rápido. Es verdad que el Cabildo de Tenerife está sufriendo desorganización interna, pero también que la vicepresidenta Berta Pérez está haciendo un esfuerzo por modernizar la estructura del Cabildo. La Corporación insular tiene una estructura anticuada, con muchos defectos adquiridos desde hace mucho años y tradiciones que habría que cortar. Necesita una modernización y más coordinación entre los diferentes departamentos. Pero ese trabajo de modernización está siendo muy duro porque se encuentra dentro del Cabildo con reticencias para implantar los cambios necesarios. Ese es otro problema de la administración canaria, cuando se intentan incorporar cambios hay resistencias internas, de personas que no quieren que nada cambie.

¿Qué le parece que el Cabildo de Tenerife vaya a destinar 700.000 euros de dinero público a la aerolínea Canarian Airways?

Los empresarios pueden invertir su dinero donde quieran y cuando quieran. Ojalá esa iniciativa privada empresarial tenga éxito y sirva para que Canarias mejore su conectividad. El Archipiélago tiene un problema de conectividad, pero no solo aérea sino principalmente marítima. Tenemos un problema de conectividad con la Península para el abastecimiento de productos tanto perecederos como no perecederos. En el sector de la construcción tenemos problemas con la importación de productos y asumimos costes que no nos corresponde asumir por culpa de una administración deficiente. No entiendo como el Gobierno de Canarias no incide sobre este tema. Por otro lado, tenemos un problema de conectividad aérea, algo normal en un territorio que es un archipiélago en medio del Atlántico. Que los empresarios tengan la iniciativa de crear una aerolínea a mi me parece perfecto. Lo que no es de recibo es que el Cabildo se incorpore a una empresa privada de una manera contraria a lo que Fepeco entiende que debe ser una colaboración público-privada. La Institución insular no está para eso. Con este apoyo a la aerolínea, se abre el grifo para que todos los sectores económicos de Tenerife tengan el mismo derecho a pedir al Cabildo participación en empresas privadas específicas de cada sector. Es un precedente improcedente, porque el Cabildo tiene otras necesidades que no están siendo cubiertas por carecer de partidas presupuestarias. Si esta dinámica se mantiene, con el tiempo el Cabildo dejará de ser una entidad administrativa, para pasar a convertirse en un conglomerado de empresas, que sólo servirán para aumentar el clientelismo político.

¿Por qué cree que el Cabildo ha accedido a participar en esta empresa?

Es una imposición de Podemos. El presidente debe pagar la servidumbre por mantener la presidencia del Cabildo. Estamos sorprendidos de manera desagradable con Pedro Martín. Desde el principio de la legislatura nos han insistido en que había que quitar presupuesto del plan de inversiones, a petición de Podemos, para dedicarlo a la atención social. Es sorprendente el entusiasmo ahora del Cabildo en un asunto que se contradice totalmente con el discurso que llevan repitiendo desde hace meses. Además, es incongruente que Podemos apueste por un medio de transporte aéreo, que está demostrado que tiene efectos negativos sin precedentes en la contaminación atmosférica, a diferencia del tren, un proyecto del que están en contra en Tenerife, pero a favor en Gran Canaria. El presidente del Cabildo desde que tomó posesión había sido crítico con las empresas públicas que la Corporación ha ido montando en las últimas décadas y dijo que iba a proceder a una reducción o desaparición de algunas de ellas. La realidad muestra que no ha cumplido y encima pone dinero público en una compañía privada, por exigencias manifiestas de su socio de gobernabilidad.

Hay quien pudiera decir que usted está a favor del tren porque el proyecto beneficia al sector de la construcción y no así la inversión en la aerolínea.

Son dos cosas diferentes. El proyecto del tren, tanto en Gran Canaria como en Tenerife, es un proyecto público. Hay que diferenciar lo que es un proyecto público de una iniciativa privada, que nos parece bien y esperamos que salga adelante, pero no es de recibo que el mismo presidente que dijo que acabaría con las empresas del sector público insular, a las que llamó chiringuitos y aseguró que no servían para nada más que para el clientelismo político, año y medio después las mantenga funcionando y encima el Cabildo se mete en este proyecto de la aerolínea. Lo que tiene que hacer la Corporación insular es dedicarse a gestionar con más eficiencia las funciones que tiene en este momento, porque no lo está haciendo.

¿Hasta cuándo se extenderá la crisis económica?

Es difícil preverlo. La vacuna es la gran esperanza en todo el mundo para controlar la situación sanitaria. La recuperación económica va a depender mucho de la evolución de esta situación. Como hemos visto en este último año no se pueden hacer previsiones a largo ni medio plazo, por lo tanto, la recuperación económica tiene que ir de la mano de acciones concretas y rápidas, porque no sabemos cómo va a ir la evolución, al menos por ahora. En este momento hay que centrarse en lo que se puede hacer, obra e infraestructura. Para eso necesitamos que la administración sea ágil y saque licencias. Es algo vital también para la recuperación.