La Asociación de Empresarios de Life Style y Perfumerías reclamó ayer al Gobierno de Canarias ayudas directas y exoneración de tributos, junto con una reducción del IGIC, para salvar 16.000 empleos que, a su juicio, están en riesgo tras una caída de un 70% en la facturación.

La entidad empresarial, integrada en Cecapyme, afirma en un comunicado que la mayoría de su actividad se realiza en zonas de afluencia turística, por lo que solicitan “sensibilidad” al Gobierno de Canarias y resto de administraciones para mantener el empleo que generaba el sector antes del inicio de la crisis sanitaria derivada de la Covid-19. Los empresarios del comercio recuerdan que a lo largo de toda su historia este sector ha sido netamente contribuyente con las arcas de las distintas administraciones, ya que nunca se ha contado con protecciones fiscales, arancelarias, ayudas o subvenciones al funcionamiento de la actividad.

Es un sector liberalizado pero dada la grave crisis económica se hace necesaria la sensibilidad del Ejecutivo regional, de la Administración del Estado y de las corporaciones locales, para intentar amortiguar los efectos de la caída de la facturación de la mejor manera posible, añade.

Para ello, la asociación empresarial que preside Raju Daswani entiende que es el momento de disminuir la presión fiscal de los productos que comercializan las empresas del sector, volviendo a los tipos impositivos de IGIC de 2016, fijados en el 3% frente al 7% actual, dado que en aquel momento se prometió que el incremento era por un solo año, y llevan más de cuatro “haciendo un sobresfuerzo económico”.

En enero de 2020 el sector sufrió la subida del tipo incrementado del IGIC del 13,5% al 15%, lo que ocasionó nuevamente una pérdida de competitividad del precio de los productos, ya que afectó a una gran cantidad de ellos, como es el caso de los relojes de importe superior a los 150 euros, así como los accesorios de plata o que tuvieran alguna piedra semipreciosa, o los artículos de piel.

Hoy en día más del 80 por ciento de los relojes que se venden son los llamados relojes tecnológicos con un coste superior a los 150 euros y, por tanto, son fiscalmente gravados como productos de lujo.

Los empresarios entienden que estos productos tecnológicos no pueden tener tal consideración y no deben tributar igual que un reloj de alta joyería, al igual que los artículos de plata no deberían tener la misma tributación que los de oro o platino.