La dependencia del turismo ha provocado que Canarias sea una de las comunidades autónomas con mayor caída del PIB en España. Una realidad que el Gobierno autonómico y las empresas del sector han utilizado como argumento para reclamar –desde el principio de la pandemia– un plan especial de rescate al Ejecutivo de Pedro Sánchez. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, tendió ayer la mano a esta demanda y aunque no habló de “un plan específico para el turismo”, sí aprovechó su visita a Canarias para anunciar que el nuevo paquete de medidas planteado por el Ejecutivo para “evitar el cierre de empresas” dará prioridad a sectores como el turismo y la hostelería, ya que son los más rezagados por las restricciones a la movilidad a causa de la pandemia.
Para Montero, la liquidez ya no es el problema principal de las compañías canarias. Ahora “lo prioritario es garantizar la solvencia”, apuntó la ministra tras recalcar la importancia de los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) y los créditos ICO en las Islas. “En el Archipiélago quedan 84.000 personas en ERTE y el Gobierno ha invertido unos 1.500 millones de euros para los trabajadores isleños”, recordó.
La ministra visitó Canarias para presidir la toma de posesión del nuevo presidente de la Zona Especial Canaria (ZEC), Pablo Hernández, y de la vicepresidenta, María José Miranda. La también portavoz del Ejecutivo subrayó que el Gobierno tiene una especial sensibilidad con Canarias y aseguró que desde todos los ministerios se está haciendo un enorme esfuerzo para buscar las oportunidades que mitiguen la fuerte caída del PIB en el Archipiélago.
Evitar insolvencias
Las nuevas medidas planteadas por el Ejecutivo central tienen como objetivo principal evitar que se disparen las insolvencias. Así lo anunció a principios del mes de febrero Nadia Calviño, vicepresidenta de Asuntos Económicos y Transformación Digital. El Gobierno español espera aprobar en marzo este nuevo plan de medidas que incluirá subsidios directos, quitas de deuda y préstamos participativos.
Las medidas no están definidas en su totalidad, pero se espera que el paquete incluya la mejora de las exoneraciones de deuda en el periodo preconcursal y acelerar los procedimientos para firmar acuerdos extrajudiciales de pago con quitas.
“Esperamos que a lo largo de marzo se pueda aprobar este nuevo paquete de ayudas”, explicó Calviño el pasado lunes. Según indicó la ministra de Economía, el Ejecutivo ha trabajado en este nuevo paquete de medidas de apoyo con el Banco de España y el sector financiero. La respuesta se enmarca en el paraguas de ayudas públicas ya autorizado por la Comisión Europea el año pasado pero que permitirá ofrecer ahora un “catálogo mayor” de medidas.
“Permite ayudas a las empresas de una mayor magnitud de las que estaban autorizadas, la realización de quitas y el uso de otros instrumentos financieros como préstamos participativos para apoyar la solvencia de las empresas”, insistió, cifrando en un 20% del PIB el apoyo público concedido hasta ahora: un 15% a través de medidas de liquidez y un 5% de ayudas directas.
Las nuevas medidas podrán aplicarse debido a que la Comisión Europea ya ha relajado el marco permitido de ayudas de Estado: desde enero acepta que las reembolsables se conviertan en directas hasta 800.000 euros. Y desde octubre se puede ayudar a empresas con una caída del negocio de al menos un 30% con hasta tres millones de euros en costes fijos.
Tanto Montero ayer, como Calviño en declaraciones de las últimas semanas, han insistido en la importancia de evitar que las empresas cierren o acaben en concursos de acreedores. La ministra de Economía no ha querido confirmar que vaya a producirse una ampliación de la moratoria concursal. “Se han ampliado todas las exenciones al régimen concursal hasta marzo y que ahora conviene analizar si es conveniente alargarlas, ya que puede suponer un elemento más de incertidumbre”, afirmó Calviño a principios de febrero. “La prioridad no tiene que retrasar el desencadenamiento de procedimientos concursales. Lo que tenemos que evitar es que las empresas lleguen a esa situación”, añadió.
Calviño ya había adelantado que las ayudas irían dirigidas a los sectores más afectados, pero no fue hasta ayer cuando Montero aclaró que el turismo está la primera en la lista. “Tenemos que seguir adoptando medidas en las próximas semanas para evitar que los problemas de liquidez se conviertan en problemas de solvencia para las empresas viables. Tenemos que seguir proporcionando apoyo enfocado a aquellos sectores, empresas y trabajadores más afectados”, adelantaba Calviño a principios de mes.
“Las instituciones de forma conjunta utilizaremos todos los instrumentos posibles para que Canarias pase por este periodo sin destruir empleo ni empresas y salvando vidas humanas”, destacó Montero ayer. La ministra de Hacienda confía, además, en que la campaña de vacunación logre alcanzar el objetivo de vacunar al 70% de la población en España y Europa antes del verano, lo que irá permitiendo recuperar la normalidad “deseada por todos”.
Montero recordó que el Gobierno central repartirá este año entre las comunidades autónomas un total de 13.000 millones de euros –aprobados en los presupuestos Generales del Estado– para “mantener la financiación de todos lo sectores y aportar recursos adicionales para hacer frente al momento que estamos viviendo”. Esta partida económica servirá para apoyar los servicios esenciales como la sanidad, la dependencia y la educación, que el pasado año contaron con un refuerzo de 16.000 millones de euros.
