La Asociación de Empresarios de Life Style y Perfumerías ha reclamado al Gobierno de Canarias ayudas directas y exoneración de tributos, junto con una reducción del IGIC, para salvar 16.000 empleos que, a su juicio, están en riesgo tras una caída de un 70% en la facturación.

La entidad empresarial, integrada en Cecapyme, ha afirmado en un comunicado este viernes que la mayoría de su actividad se realiza en zonas de afluencia turística, por lo que solicitan "sensibilidad" al Gobierno de Canarias y resto de administraciones para mantener el empleo que generaba el sector antes del inicio de la crisis sanitaria derivada de la Covid-19.

Los empresarios del comercio recuerdan que a lo largo de toda su historia este sector ha sido netamente contribuyente con las arcas de las distintas administraciones, ya que nunca se ha contado con protecciones fiscales, arancelarias, ayudas o subvenciones al funcionamiento de la actividad.

Es un sector liberalizado pero dada la grave crisis económica se hace necesaria la sensibilidad del Ejecutivo regional, de la Administración del Estado y de las corporaciones locales, para intentar amortiguar los efectos de la caída de la facturación de la mejor manera posible, añade.

Para ello, la asociación empresarial que preside Raju Daswani entiende que es el momento de disminuir la presión fiscal de los productos que comercializan las empresas del sector, volviendo a los tipos impositivos de IGIC de 2016, fijados en el 3% frente al 7% actual, dado que en aquel momento se prometió que el incremento era por un solo año, y llevan más de cuatro "haciendo un sobresfuerzo económico".

En enero de 2020 el sector sufrió la subida del tipo incrementado del IGIC del 13,5% al 15%, lo que ocasionó nuevamente una pérdida de competitividad del precio de los productos, ya que afectó a una gran cantidad de ellos, como es el caso de los relojes de importe superior a los 150 euros, así como los accesorios de plata o que tuvieran alguna piedra semipreciosa, o los artículos de piel.

Hoy en día más del 80 por ciento de los relojes que se venden son los llamados relojes tecnológicos con un coste superior a los 150 euros y, por tanto, son fiscalmente gravados como productos de lujo.

Los empresarios entienden que estos productos tecnológicos no pueden tener tal consideración y no deben tributar igual que un reloj de alta joyería, al igual que los artículos de plata no deberían tener la misma tributación que los de oro o platino.

Igualmente, solicitan al Gobierno de Canarias una línea de ayudas directas destinadas al alquiler de locales de negocio, que complemente hasta el 100% el precio del arrendamiento para zonas de especial afectación como son las de afluencia turística, ya que el Real Decreto 35/2020, que está pendiente de modificación, es insuficiente para ayudar al sector comercial.

Paralelamente, los empresarios demandan que el Gobierno de Canarias tramite con urgencia la eliminación de la discriminación fiscal al comercio en línea de las empresas canarias.

Para el sector no es admisible que el consumidor canario que compra por internet a cualquier empresa del resto del territorio nacional, europeo o de terceros países esté exento del IGIC y de los impuestos relativos al despacho aduanero, pero si lo hace a un comercio canario tenga que pagar el IGIC, además de los despachos aduaneros previamente pagados por el comercio local.

Los empresarios califican de "inadmisible" que el comercio canario tenga que competir con grandes operadores mundiales de venta por internet en inferioridad de condiciones.

"En este momento, dada la importancia del comercio electrónico, debido principalmente a razones sanitarias y de higiene, urge subsanar esta discriminación", añaden, al tiempo que solicitan el aplazamiento de los tributos a la importación de mercancías, unos 30 días más y de manera automática, en la modalidad de pago diferido.

En cuanto a las tasas municipales, los empresarios piden que los diferentes ayuntamientos acuerden la exoneración de todas las tasas y tributos que graven la actividad, tales como el Impuesto de Actividades Económicas, el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) y las tasas de recogida de basuras.

Finalmente, reivindican al Gobierno central que modifique el pago trimestral del 25% a cuenta del Impuesto de Sociedades, que se liquida en base a lo declarado en el último año (2019) por parte de las pequeñas empresas, y que se liquide en base a los resultados reales del ejercicio actual, es decir, los trimestres del año 2021, como lo hacen las grandes compañías.