El proyecto de Canarian Airways entró en enero con sigilo en el Consejo de Gobierno de Canarias: como una mera formalidad burocrática, como un rutinario punto en el orden del día, escondido entre aburridos informes contables de la Consejería de Economía, pese a que escondía un potente artefacto -una cuantiosa subvención pública a una aerolínea en fase embrionaria- que de haberse aprobado hubiera causado con su explosión daños graves al Ejecutivo regional.
El proyecto fue superando escollos administrativos con discreción, mecido por la mano del viceconsejero de Presidencia, Antonio Olivera. Ningún consejero -ni el propio presidente Ángel Víctor Torres- había sido informado con anterioridad de asunto tan relevante a tratar ese día en Consejo de Gobierno, como es la participación de la comunidad autónoma en la aerolínea, y por lo tanto, la entrada del sector público en el transporte aéreo de Canarias. Tampoco los técnicos fiscales, económicos y financieros de la Administración canaria se habían estudiado en detalle el plan de viabilidad de la sociedad –“flojo”, según quienes han accedido al mismo- presentado a la comunidad autónoma. Los promotores de la aerolínea pedían al Gobierno de Canarias 700.000 euros y a punto estuvieron de obtener el dinero.
La Consejería de Hacienda del Gobierno de Canarias frenó en enero en un Consejo de Gobierno la ayuda a Canarian Airways, la nueva aerolínea que pretende conectar el Archipiélago con siete destinos nacionales y europeos a partir de junio, pese a que aún no dispone de licencia para operar ni de permisos para aterrizar en las ciudades anunciadas: Madrid, Barcelona, Bilbao, Vigo, Múnich, Glasgow y Cardiff.
La subvención a la compañía aérea iba a materializarse a través de la empresa pública Sociedad para el Desarrollo Económico de Canarias (Sodecan), dependiente de la Consejería de Economía, lo que exigía modificar para este año el Programa de Actuaciones, Inversiones y Financiación (PAIF) de las empresas públicas o mixtas en las que participa la comunidad autónoma.
El 3 de noviembre de 2020, dos meses después de que One Airways –la operadora aérea de Canarian Airways- solicitara a la Agencia Estatal de Seguridad Aérea la licencia para operar con aviones Airbus A319 –que es el modelo con el que quieren volar desde este mismo verano-, el consejo de administración de Sodecan acuerda iniciar los trámites para autorizar la operación.
Como en el caso del Cabildo tinerfeño, Sodecan pondría 700.000 euros para controlar el 25% del capital social de Lattitude Hub, la matriz de Canarian Airways. Todo el dinero iba a salir de los recursos propios de la empresa pública. En concreto, la sociedad quería recuperar 402.000 euros de los 2,45 millones que tiene en imposiciones a corto plazo y el resto, hasta los 700.000, saldría de la tesorería de la entidad.
El expediente para la entrada de Sodecan en el accionariado de Lattitude Hub no llegó al Consejo de Gobierno hasta este año porque la Dirección General de Asuntos Europeos de la Consejería de Hacienda no emitió el informe preceptivo sobre las ayudas de Estado a tiempo para ejecutarlo en 2020.
El promotor de la entrada del proyecto de Canarian Airways en el Gobierno regional, a través de Sodecan, es el viceconsejero de la Presidencia. Antonio Olivera, padrino del negocio impulsado por Óscar Trujillo, dueño de One Airways y administrador mancomunado de Lattitude Hub, y Jorge Marichal, presidente de la patronal hotelera Ashotel. El viceconsejero conoce el proyecto por su etapa al frente de la Zona Especial Canaria (ZEC), el área de baja tributación del Archipiélago en la que One Airways se estableció en abril de 2020. La empresa de aviación de Trujillo no ha materializado aún los compromisos de inversión y empleo para beneficiarse de las ventajas fiscales de la ZEC, como un tipo reducido del Impuesto de Sociedades del 4%. Prometió generar 60 puestos de trabajo y no ha creado ninguno.
Olivera ha apadrinado iniciativas, con contactos y reuniones, para lograr la financiación pública para la aerolínea. Algo que ya daba por hecho el 30 de mayo en una entrevista a El País. “Tenemos que tomar las riendas de nuestro destino turístico. Hemos dado apoyo para impulsar el proyecto. Los hoteleros van a invertir en la creación de la aerolínea y el Gobierno de Canarias lo apoyará con el aval y las primeras operaciones”, dijo entonces. Sin embargo, el consejero de Hacienda frenó en seco la operación siete meses después del anuncio del viceconsejero.
El principal argumento de Román Rodríguez para parar la entrada de Sodecan en Canarian Airways es que debe tenerse en cuenta a los demás operadores, es decir, a las aerolíneas que ya trabajan en las Islas. El vicepresidente se negó en rotundo a aprobar la ayuda -700.000 euros- porque podía “colisionar” con los intereses de las demás empresas que ya operan en la región. No solo por eso. “Toda participación pública debe ser transparente, clara, y que no colisione con los intereses de las otras empresas que están operando”, opina Román Rodríguez.
El argumento de la Consejería de Hacienda para frenar la operación coincide con las críticas de la Asociación de Líneas Aéreas (ALA) sobre la distribución del dinero público otorgada por el Cabildo de Tenerife a Canarias Airways, que excluye de la ayuda pública al resto de las aerolíneas que operan en las Islas.
La opacidad, discrecionalidad y exclusividad con la que Canarian Airways anhelaba la subvención regional, con ser relevantes, no son los únicos argumentos para frenar en el Consejo de Gobierno de Canarias la subvención solicitada. En realidad, si Canarias, de verdad, se plantea en serio, opinan los consejeros más relevantes, intervenir en el mercado aéreo a través de una empresa pública o mixta dedicada a la aviación civil especializada en el turismo el dinero a invertir no son 700.000 euros -cantidad pedida por Canarian Airways- sino decenas de millones de euros, y no un avión, sino una flota. Un proyecto que exige exhaustivos informes socioeconómicos sobre el mercado y los efectos que una compañía con participación pública tiene sobre los turoperadores, agencias, y el resto de operadores turísticos.
Al no sumarse el Gobierno autonómico a la creación de la nueva compañía, el Cabildo de Tenerife se ha quedado como la única institución en el accionariado. En la sociedad están también 14 empresarios turísticos y Ashotel, la patronal hotelera de la provincia de Santa Cruz de Tenerife, en su caso con una participación minoritaria. La participación pública se queda así en ese 25% de las acciones que posee el Cabildo.
