Las diferencias vienen cocinándose desde hace meses. Los propietarios de los locales comerciales sitos en los aeropuertos alertan de que entrarán en quiebra técnica si la empresa mixta AENA no ablanda su postura sobre el cobro de los alquileres. La mayoría de los 4.000 trabajadores de los aeródromos canarios –más de 18.000 en toda España–, según cálculos del sector, están hoy afectados por ERTE y miran con inquietud el desarrollo de la refriega. Desde el otro lado, el operador aeroportuario considera que su última propuesta es “equilibrada” y estima necesario “compartir gastos entre las partes”. Recuerda que la empresa se autofinancia, con lo que una drástica pérdida de ingresos puede meterla en problemas.

Los negocios más pequeños han creado una plataforma para acercar posturas; los más grandes, caso de Áreas, Canariensis y SSP, también intentan negociar un abaratamiento acorde con la caída de las ventas, superior al 80% desde el primer decreto de estado de alarma. No obstante, AENA ha incorporado un elemento de presión en enero, al decidir atenerse el real decreto 35/20 que aprobó el Gobierno central en diciembre y que tiene como objetivo ayudar a las pequeñas y medianas empresas de la hostelería y el turismo.

El sector de los locales aeroportuarios sostiene que esa norma “nunca se pensó” para ellos. “Con la oferta presentada por AENA, se puede dar la paradoja de que se pague mucho más en rentas que ventas se hayan podido realizar”, sostienen fuentes del travel retail en las Islas; las mismas que sitúan sobre los 130 millones de euros la suma que dejan en el balance del operador aeroportuario cada año.

¿Cuánto y cómo pagarían esos negocios en base al acuerdo que AENA ha aparcado en virtud del real decreto? Una renta variable mensual, el porcentaje de las ventas que decidieron ellos al licitar para hacerse con el local. Y, anualmente, una renta mínima garantizada, de tal manera que si venden menos de lo previsto, como ocurre ahora, tienen que completar la suma hasta alcanzar ese mínimo.

Ahora, AENA propone el pago de esta última renta mínima entre el 1 de enero y el 14 de marzo del año pasado, día en que decretó el estado de alarma. Desde ahí, hasta el final del primer estado de alarma –20 de junio–, se elimina dicho pago, que se retoma al 50% hasta el próximo 8 de septiembre, cuando AENA entiende que se habrá recuperado la normalidad. Los empresarios del sector niegan este extremo en base a las previsiones de la IATA, que sitúa en 2024 la vuelta al escenario previo a la pandemia. En todo caso, inciden en que sus alquileres no se calculan en función de metros cuadrados, sino de ventas, y estas “se han derrumbado más del 80%”. Con el agravante de que tampoco existe la posibilidad de reducir pérdidas a través del comercio electrónico.

Es más. En las licitaciones de los locales que quedaron vacíos el año pasado por fin de contrato se están aplicando descuentos de hasta el 96% en las rentas y, aun así, no todos tienen novio.

Quienes han dicho no a esta oferta han recibido las facturas por el cien por cien del contrato, como si no hubiera habido pandemia. El sector lo califica como maniobra de presión que no tiene cabida en el momento actual. Los que dan su beneplácito renuncian a cualquier negociación posterior.

Según datos del operador, el 40% lo ha aceptado (la fecha tope para hacerlo era el 2 de febrero), pero desde la otra orilla afirman que en ese porcentaje se incluye a quienes ya han dicho adiós, caso, por ejemplo, de Inditex. Los empresarios aseguran que la propuesta de AENA “ha caído como una bomba”.

Recorte de la inversión

AENA tiene que aprobar el nuevo documento de regulación aeroportuaria (Dora 2, 2022-2026) antes de septiembre. En la primera ronda de consultas, las compañías aéreas se manifestaron a favor de prorrogar el actual (2017-2021), sin embargo la mercantil mixta de mayoría pública se afana por convencerlas –también al Gobierno central– de la necesidad de desplazar la inversión prevista para no tener que incrementar las tarifas. Así lo adelantó ayer Cinco Días, que, citando fuentes del sector, cifra el recorte en el 50% de los 1.000 millones de euros anuales previstos en el Dora 2. El documento está prácticamente acabado. No obstante, la primera versión debe entregarse en marzo. Aun con el recorte, el nivel inversor no variaría del contemplado en el Dora 1 que está en vigor –entre 450 y 500 millones anuales–, y si el recorte se une al mantenimiento de las tarifas, puede ser visto con buenos ojos por las aerolíneas, seriamente afectadas por el desplome de la demanda que imponen las restricciones sanitarias. La IATA sitúa la recuperación de los volúmenes de pasajeros que existían en 2019 en los años 2024 o 2025. Entre los proyectos que se dejarían para 2026, se incluyen las ampliaciones de los aeropuertos de Madrid-Barajas y de Barcelona-El Prat.