La tercera ola de la pandemia provocada por el coronavirus ha cercenado las expectativas de recuperación que tenían los empresarios canarios. El avance de la incidencia de la pandemia en el Archipiélago ha traído nuevas restricciones y condicionantes que han acabado minando la confianza del tejido económico de las Islas, mientras que la explosión de la pandemia en los principales mercados emisores de visitantes han ocasionado un nuevo cero turístico que deja a muchos negocios de Canarias sin su principal fuente de ingresos. De esta manera, nueve de cada diez empresarios de las Islas considera que su situación no mejorará en el arranque de 2021 y seis de ellos cree no solo que no conseguirá mantener su actividad, sino que empeorará durante el primer trimestre de este año.
Estos son los datos del Indicador de Confianza Empresarial (ICE) del último trimestre del año elaborado por las Cámaras de Comercio y dado a conocer este viernes 5 de febrero. Se frena así la tendencia iniciada en el tercer trimestre del año pasado, cuando el fin del confinamiento y la reapertura económica que coincidió con el verano alentó las esperanzas del empresariado. Así lo explicó el presidente de la Cámara de Comercio de Santa Cruz de Tenerife, Santiago Sesé, quien puntualizó que el indicador ha pasado de situarse en un 8,2% en el tercer trimestre del año pasado a bajar al 0,9% en el último. “Lo que nos indican las respuestas de los empresarios es que existe un freno de la actividad”, determinó, ya que el acicate que se esperaba, con el revulsivo de la campaña de Navidad y rebajas y la reactivación del turismo en la temporada alta de invierno, finalmente no se ha producido. “Ha ocurrido lo contrario, un cero turístico y una caída sustancial de la demanda, todo esto acompañado por más restricciones debido a la situación sanitaria”, evidenció.
Canarias se encuentra bastante alejada del comportamiento nacional, cuyo índice de confianza empresarial se encuentra de media en el 3,6% y muy alejada de las comunidades que se encuentran a la cabeza como País Vasco (7,9%), la Comunidad Valenciana (7,6%) o Madrid (7,4%), que tienen una economía más diversificada y por lo tanto mayor capacidad para amortiguar el impacto de la crisis provocada por la Covid-19.
Los datos, –extraídos a partir de encuestas realizadas a 825 empresarios de diferentes sectores–, evidencian que son precisamente aquellas actividades que más han sufrido las restricciones los que han experimentado un descenso más acusado de sus expectativas. La hostelería, el transporte y el comercio retroceden en su nivel de confianza empresarial. La directora general de la Cámara, Lola Pérez, expresó que la caída es incluso más profunda que la experimentada en 2013, en plena crisis financiera.
En el caso de la hostelería, solo el 2% de los empresarios cree que el arranque de 2021 será mejor que el final de 2020 y ocho de cada diez prevé que su situación empeorará. En el caso de los comerciantes, apenas el 4% ve con optimismo el nuevo año, mientras que seis de cada diez considera que su volumen de negocio se verá deteriorado en los próximos meses.
Pérez destaca el comportamiento de la construcción que aunque logra mejorar su nivel de confianza, las expectativas de los empresarios de este sector empeoran respecto a los anteriores trimestres. “Pensábamos que iba a tener un mayor dinamismo estimulado por la administración”, lamenta y señala que las trabas y la burocracia están frenando a una actividad en la que muchos habían depositado esperanzas para que absorviera una parte del empleo que se destruyese en el sector servicios.
Entre los principales hándicap que encuentran los empresarios para sacar adelante su actividad, la debilidad de la demanda gana peso. Un 73% de ellos la señalan como causa principal de su mala situación. “Desde el principio dijimos que esta sería una crisis de demanda inducida por todos los condicionantes de la crisis sanitaria y lo estamos viendo”, apuntó.
Las empresas empiezan a notar ya dificultades respecto a la financiación. Un 37,3% lo apunta como factor que incide en el devenir de su actividad. A pesar de la respuesta del Estado articulando créditos ICO para aportar liquidez a las empresas, la extensión de la crisis ha hecho que esta medida no sea eficaz.
Casi un 50% de los empresarios apuntan también a otras causas como condicionantes para sus negocios. Es aquí donde se incluyen las medidas y restricciones como reducciones de aforo o cierre de establecimientos que se han puesto en marcha por la pandemia.
Son precisamente la hostelería, el transporte y el comercio los sectores que más se han visto afectados por estas restricciones. “Necesitan un plan de rescate”, determinó Sesé, ya que aseguró que si no se atiende una situación que es coyuntural “acabará convirtiéndose en una crisis estructural y las consecuencias socioeconómicas serán irreversibles”.
Sesé advirtió además que muchas de las empresas que se han visto más afectadas por la crisis se quedarán fuera de las ayudas directas que prevé entregar el Gobierno de Canarias. El motivo son las deudas que pueden haber contraído con la administración en los últimos meses y que les imposibilitan acceder a estas subvenciones.
Por eso, sostuvo que otro tipo de actuaciones como las bonificaciones en las cotizaciones a la Seguridad Social, que propuso la Cámara de Comercio el pasado mes de julio, sí hubieran podido beneficiar a todo el tejido económico con independencia del tamaño, el sector de las empresas o su situación de cara a la Agencia Tributaria, algo que no ocurrirá con las ayudas planteadas por el Ejecutivo, ya que la Ley General de Subvenciones establece que los beneficiarios deben estar al corriente de pago con la administración.
Sesé remarcó que Canarias será unas de las regiones europeas que más va a sufrir las consecuencias de la crisis, por lo que era determinante “tomar las medidas a tiempo”. El presidente de la Cámara evidenció que la principal premisa en estos momentos es “preservar el tejido productivo” e intentar por todos los medios “que las empresas que sean viables no caigan”, porque esta será una manera de proteger el empleo. “En su momento propusimos medidas para que no ocurriera lo que está pasando en estos momentos”, advirtió, ya que “quien se quede atrás va a ser muy difícil de recuperar”. Por eso, aunque valoró que se haya arbitrado este plan económico extraordinario por parte del Gobierno canario, que incluye ayudas por un total de 408 millones de euros, entre aplazamientos tributarios e ingresos directos, reconoció que llega tarde. “Necesitamos un plan específico para no dejar caer a estas empresas”, sostuvo, ya que si el tejido económico canario “acaba muy afectado la recuperación será muy difícil”.
