La obra pública mantuvo en Canarias las constantes vitales en el Año I de la pandemia gracias a los trabajos licitados por el Estado. La Administración central –el Gobierno de España y sus entidades y organismos dependientes– promovió proyectos en las Islas a lo largo de 2020 por un montante un 82,2% superior al de 2019. De esa manera, el Archipiélago no solo es una de las únicas tres regiones del país donde se incrementó la licitación de obra pública estatal, sino que también es, con diferencia, donde más lo hizo. Los contratos que los Ministerios, empresas públicas o entes nacionales sacaron a concurso el año pasado en Canarias suman 242,3 millones de euros, la mayor cuantía desde los casi 595 millones de 2008. Hay que remontarse así a trece años atrás, al primero de los siete que duraría la crisis financiera –presidía la nación José Luis Rodríguez Zapatero–, para dar con la última vez que desde Madrid se impulsaron trabajos en las Islas por un importe mayor. Una rara avis que mitigó la caída de la contratación en los ámbitos local –cabildos y ayuntamientos– y autonómico –Ejecutivo regional y entidades dependientes–. En el caso del Gobierno de Canarias, y pese a que desde el estallido de la pandemia se insistió en que la obra pública debía servir para paliar el deterioro económico causado por el cero turístico, el importe de los trabajos licitados fue hasta un 41% inferior al de 2019.

El conjunto de la Administración pública –los dos Gobiernos, las corporaciones insulares, los municipios y todo el entramado de empresas, consorcios, organismos y demás– licitó obras en el Archipiélago durante 2020 por un total de 855,8 millones de euros. Son 85,7 millones menos que en 2019, un 9% menos, pero aun así, la cantidad no es en absoluto despreciable. Sobre todo en comparación con lo ocurrido en las otras comunidades autónomas. En un ranking de las consecuencias del coronavirus y la parálisis institucional en la contratación pública, Canarias sería la cuarta región menos perjudicada. Solo por detrás de Galicia, donde el importe de las licitaciones se disparó casi un 26% a pesar de la crisis; La Rioja, donde creció un 7,2%; y la Comunidad Valenciana, donde se redujo un 5,8%. No obstante, en estos tres casos fueron sus respectivos Gobiernos autonómicos los que tiraron del carro, con incrementos que oscilan entre el 35,6% de La Rioja y el 86,8% de Galicia. En cambio, en Canarias no fue el Ejecutivo de Ángel Víctor Torres el que sostuvo la obra pública, sino el de Pedro Sánchez.

Frente a ese 82,2% en que aumentó la licitación del Estado –una subida a todas luces extraordinaria, más aún en medio de una crisis sin precedentes–, el montante de los trabajos que sacaron a concurso el Ejecutivo canario y sus entidades dependientes se redujo en 161,3 millones de euros, exactamente un 40,7% menos. A esto se suma que las inversiones previstas por los cabildos insulares y ayuntamientos también cayeron, aunque en su caso solo un 8,2%.

Las corporaciones locales del Archipiélago licitaron proyectos en 2020 por un global de 378,3 millones de euros, 33,7 millones menos que en 2019. En el caso de la Comunidad Autónoma, esa aminoración de un 40,7% solo es peor en otras cuatro regiones: País Vasco, Castilla-La Mancha, Navarra y Cantabria, donde el desplome oscila entre el -48,3% de Euskadi y el -61,3% de Cantabria. En cuanto a los cabildos y ayuntamientos, solo en Aragón, Extremadura, Murcia, La Rioja y, de nuevo, Cantabria se registraron caídas de la licitación de obra municipal o provincial –en las otras 16 regiones del país no hay cabildos, sino diputaciones provinciales– superiores a la experimentada en Canarias.

Los 855,8 millones que suman las obras licitadas en las Islas por el conjunto de la Administración pública son la menor cantidad del último trienio –2018-2020– pero están muy por encima de los años más flojos. Sin ir más lejos, el importe en 2017 no llegó a 583 millones de euros. En definitiva, el impacto de la pandemia, que en general está siendo mayor en el Archipiélago en casi todas las variables socioeconómicas, es en este caso menor. A nivel nacional, la licitación alcanzó los 14.114 millones de euros, lo que representa una caída del 22,9% –más del triple que en las Islas– respecto de los 18.300 millones de 2019.