El endurecimiento de las condiciones de ejercicio de la representación aduanera, contemplado en el Proyecto de Ley de Medidas de Prevención y Lucha contra el Fraude Fiscal, supondría el desplazamiento de la actividad a otros países de la UE y la concentración del sector, lo que conllevaría la pérdida de hasta 10.200 empleos en España para 2025. Algo que afectaría a las comunidades con más actividad logística, como es el caso de Canarias. Estas son las conclusiones de un informe elaborado por la firma de servicios profesionales EY, en el que se estima que las disposiciones contenidas en la actual iniciativa legislativa ponen en peligro la viabilidad de la profesión de los agentes de aduanas e impactan sobre la capacidad del sector exterior de actuar como palanca de la recuperación económica.
El Proyecto de Ley de Medidas de Prevención y Lucha contra el Fraude Fiscal contempla en relación con el régimen de responsabilidad en las operaciones aduaneras, unas modificaciones que exigen a los agentes y representantes aduaneros responder, como responsables subsidiarios, sobre el IVA a la importación (y otros impuestos asociados) mediante unas garantías financieras por el plazo de 4 años desde el despacho de las mercancías.
