La Asociación de Agricultores y Ganaderos de Canarias (Asaga Canarias Asaja) defiende la postura del sector platanero que solicita la excepcionalidad en el anteproyecto de Ley de Cadena Alimentaria, en concreto, en los artículos relativos al establecimiento de un precio mínimo de venta acorde a los costes de producción así como a la prohibición de vender a pérdidas. La presidenta de esta organización profesional agraria, Ángela Delgado, que compareció esta semana ante la Comisión de Agricultura del Congreso de los Diputados para apoyar la petición de los productores, dio a conocer un informe, elaborado por el sector platanero, donde alertaba de las graves consecuencias que supondría para dicho cultivo la aplicación de estas medidas. Según los datos de volumen y precio de plátano comercializado por categoría de 2016 a 2019, si se aplicara la Ley de la Cadena Alimentaria en los términos actuales, se dejaría de vender más de un 30% de la producción, 60 millones de kilos al año, y se perdería 259 millones de euros en cuatro años, más de 100 millones de euros los años de mayor producción.
Este impacto negativo se traduciría en un empeoramiento de los ingresos de los productores, pérdida de competitividad con respecto a las importaciones de banana de terceros países y riesgo de incrementar la retirada del producto en momentos de crisis de mercado. Consecuencias que ponen en peligro la supervivencia de la actividad y todo lo que ello conlleva desde el punto de vista económico y social para el Archipiélago, además de ser una de las producciones más representativas de España.
La presidenta de Asaga Canarias Asaja señala además que existen argumentos de peso que soportan esta petición como la singularidad del Plátano de Canarias recogida en el artículo 349 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, el hecho de que los productores de esta fruta son los únicos de España que concentran la totalidad de la oferta nacional de un mismo cultivo en una sola marca, en seis organizaciones de productores (OPP) y a través de una única organización representativa, en el movimiento de mercado que genera la comercialización de esta fruta en torno a los 1.000 millones de euros y en el sustento que supone esta actividad para 15.000 familias canarias, entre otros aspectos.
El sector platanero de Canarias aclara que no está en contra de la modificación de Ley, que recoge parte de las reivindicaciones del sector agrario en cuanto a mejorar las condiciones del productor para que no sea el eslabón débil de la cadena, pero sí de los artículos arriba citados por las perjuicios que tendría sobre la rentabilidad y competitividad de los productores canarios.
Delgado asegura que los productores temen que, si no se atiende su solicitud, el Plátano de Canarias acabe siendo desplazado del mercado peninsular.