Los empresarios presionan para facilitar los despidos en la prórroga de los ERTE

Se trata de una negociación de la que depende el futuro de unos 79.000 canarios, trabajadores que en diciembre tenían su contrato suspendido de forma temporal al haberse acogido su empresa a este mecanismo de protección social puesto en marcha en el inicio de la crisis sanitaria para hacer frente a sus efectos en el tejido económico y social.

La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ya avanzó el pasado miércoles su intención de mantener toda la estructura de protección y mantenimiento del empleo encuadrada en los ERTE, incluida la denominada cláusula antidespidos. Sin embargo, en la reunión de ayer, la eliminación de la obligatoriedad de despedir al menos hasta seis meses después de que finalice el ERTE volvió a ponerse sobre la mesa por parte de la patronal, que no parece dispuesta a renunciar a esta demanda.

El sector empresarial siempre ha reclamado que obligar a las empresas a devolver las exenciones a la Seguridad Social de todos los trabajadores en el caso de que se despida a algún empleado tras haberse acogido a un ERTE puede poner en peligro la viabilidad de los negocios en el futuro. Por eso, reclaman que solo se tenga que devolver las del trabajador que va a ser despedido en lugar de las de toda la plantilla, ya que a diferencia de lo que ocurría en marzo, las empresas ahora no cuentan con la liquidez suficiente para hacer frente a estos gastos y asumen que tras la finalización de este mecanismo deberán hacer recortes de personal.

Reclamación canaria

No se trata de una petición recogida solo a nivel nacional, la CEOE de Tenerife también defendió ayer que la organización no renuncia a sus demandas, a pesar de haber suscrito el pasado miércoles un acuerdo junto al Gobierno de Canarias y los sindicatos para pedir al Estado la prórroga indefinida de los ERTE. La patronal tinerfeña asegura que este acuerdo es “de mínimos”, por lo que seguirá luchando hasta conseguir sus reclamaciones.

Para la CEOE, la prórroga de los ERTE debe ser indefinida y no solo hasta el 31 de mayo como se plantea, porque las consecuencias de la pandemia sobre la economía y el empleo “irán más allá de las restricciones sanitarias y entendemos que junto a la recuperación de la actividad económica, podamos recuperar a los trabajadores que aún quedan en situación de ERTE”.

Además, la patronal tinerfeña suscribe la demanda de la organización a nivel nacional para que las empresas que no puedan recuperar su capacidad y se encuentren en una situación que amenace a su viabilidad, puedan devolver las ayudas recibidas por esos trabajadores no incorporados y no por la totalidad de todos los que estuvieron incluidos en el plan de ERTE inicial.

Ya que advierten de que si las empresas tuvieran que devolver las ayudas de todos los trabajadores incluidos inicialmente, y no solo las correspondientes a los no incorporados, “podría acarrear la imposibilidad de mantener abiertas todas las empresas afectadas y la destrucción de empleo sería mucho mayor”.

Sin embargo, esta demanda realizada por la patronal se ha encontrado con el rechazo frontal de los sindicatos. Ayer el secretario general de CCOO, Unai Sordo, resaltó tras finalizar el encuentro que “las espadas están todavía en alto” en la mesa de negociación para prorrogar los ERTE.

“De momento no hay cerrado un acuerdo, porque siguen habiendo flecos por cerrar y ya adelanto que CCOO no va a ceder en los compromisos de mantenimiento del empleo que tienen que tener las empresas que se acojan a un ERTE”, dejó claro.

Desde su punto de vista, España no puede hacer un esfuerzo de “seguramente más de 20.000 millones de euros” para sostener el empleo, para “asumir los salarios que temporalmente dejan de pagar las empresas y las cotizaciones que dejan de pagar y no pedir como contrapartida que las compañías no puedan despedir en un tiempo”. De hecho, Sordo resaltó que el compromiso de mantenimiento del empleo se está adquiriendo en prácticamente todos los países de Europa.

Sordo apuntó que la CEOE está “haciendo fuerza” sobre esta idea de flexibilizar el compromiso del empleo. Para la organización sindical, este compromiso ya es “lo suficientemente flexible para que sea perfectamente válido”.

El líder sindical pidió no olvidar que las empresas tienen que mantener seis meses sus empleos, pero que estos seis meses empiezan a computar desde el momento en el que incorporan al primer trabajador, por lo que “muchas empresas han recorrido buena parte de estos seis meses”. “Las empresas que a estas alturas están en un Expediente de Regulación Temporal de Empleo y no han incorporado a ningún trabajador seguramente tienen un problema bastante más grave que el del compromiso del empleo”, remarcó Sordo.