La prórroga de los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE), que se perfila hasta el 31 de mayo, mantendrá la cláusula antidespidos que obliga a las empresas a devolver las bonificaciones y exenciones que hubieran tenido durante la crisis sanitaria si realizan recortes en su plantilla antes de seis meses. Así lo garantizó ayer la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, quien manifestó que la prórroga de este mecanismo de protección social mantendrá todas las cláusulas necesarias para evitar que se pierdan puestos de trabajo. “No se han destinado 14.000 millones de euros a mantener el empleo para que las empresas puedan despedir”, zanjó.
Suavizar las penalizaciones que se imponen a las empresas que, tras recibir recursos públicos, despidan a trabajadores durante la pandemia fue una de las peticiones que la patronal solicitó la pasada semana al Ministerio de Trabajo en el marco de la negociación para ampliar los ERTE. Desde el inicio de la pandemia y también en el actual acuerdo de los ERTE, que expira el 31 de enero, se incluye que las que se acojan a esta fórmula están obligadas a mantener el empleo al menos durante seis meses una vez se reincorpore a los trabajadores. En caso de incumplir esta condición, se deben devolver las exenciones a la Seguridad Social recibidas por todos los trabajadores en ERTE y no solo las del trabajador despedido, tal y como pide ahora la patronal.
Este fue uno de los puntos de discusión entre Gobierno, empresarios y sindicatos en las dos primeras reuniones para lograr un acuerdo que permita prorrogar este mecanismo. Ahora, una vez Trabajo ya ha avanzado su intención de no flexibilizar estas condiciones, los empresarios deberán decidir si continúan apoyándolos, –como ya han hecho durante las sucesivas prórrogas de 2020–, o si abandonan el consenso respecto a la medida estrella del denominado escudo social del Gobierno.
Díaz apuntó ayer que todas las condiciones del esquema de protección de los ERTE se mantendrán en los próximos meses, por lo que no solo persistirá la cláusula de mantenimiento del empleo durante seis meses, sino también la prohibición de repartir dividendos y de operar en paraísos fiscales. La ministra añadió que los ERTE se sostienen con recursos públicos y que los trabajadores también “se sacrifican” recortando un 30% su salario, por lo que las empresas deben mantener los puestos de trabajo.
Además, recalcó en una entrevista en RTVE, que la prórroga seguirá blindando a los sectores que están ya protegidos, incluidas las últimas incorporaciones que abordó el plan de rescate de la hostelería y el comercio.
Prórroga insuficiente
El actual acuerdo de los ERTE expira el próximo 31 de enero, pero Yolanda Díaz confía en que mañana se pueda alcanzar otro que permita ampliar los ERTE hasta final de mayo. Con eso, se conseguiría no agotar el plazo para esta prórroga como ya ocurrió en septiembre, cuando los afectados tuvieron que esperar hasta el último día para conocer si iban a poder seguir cobrando sus prestaciones. La pasada semana ya se anunció que las posturas entre Gobierno, empresarios y sindicatos en cuanto al plazo y las condiciones de ampliación se encontraban cercanas, pero quedaban por resolver algunas cuestiones técnicas.
Sin embargo, no todos están de acuerdo en que la prórroga de los ERTE hasta mayo sea suficiente. En Canarias, donde la crisis sanitaria ha golpeado de lleno al principal sector económico del Archipiélago, poner plazos a este mecanismo parece ilógico cuando se desconoce cuándo va a poder recuperarse.
Según los datos aportados por la Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo, 79.206 canarios tenían suspendido su contrato de forma temporal el pasado mes de diciembre. Lo que significa que el Archipiélago aglutina alrededor del 10% de quienes se encuentran afectados por un ERTE en toda España, cuando Canarias representa menos del 5% de la población total del país.
A lo largo de toda la pandemia y hasta el pasado 1 de enero, 219.907 trabajadores canarios se habían visto afectados por un Expediente de Regulación Temporal de Empleo y se han presentado 30.202 solicitudes para iniciar estos expedientes por parte de las empresas del Archipiélago. La mayor parte de ellas, el 32,6%, incluidas en el sector de la hostelería, mientras que otro 24,6% se corresponden con comercios.
La semana pasada, los principales sindicatos y organizaciones empresariales de las Islas ya consideraron insuficiente que los ERTE se extendieran solo hasta final de mayo y manifestaron que debía perdurar al menos hasta junio, según la CEOE, o hasta que las condiciones sanitarias permitan una reactivación de la economía, como apuntaron la Confederación Canaria de Empresarios (CCE), como UGT y CCOO.
Acuerdo canario
Ayer, esta petición quedó plasmada en el Consejo Canario de Relaciones Laborales, donde el Gobierno canario y los agentes sociales y económicos acordaron enviar a la Comisión Tripartita Laboral del Estado una propuesta para que los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo se extiendan de manera indefinida en todos los sectores de actividad mientras duren las restricciones sanitarias.
En este acuerdo, –que fue suscrito por representantes de CCOO y UGT, así como de la Confederación Canaria de Empresarios de Las Palmas y de CEOE Tenerife–, también se incluyen la extensión de las exoneraciones de las cuotas empresariales, que deben seguir siendo de entre un 75% y un 100% en el caso de que las restricciones sanitarias limiten o impidan la actividad de todos los sectores; que se mantenga la prórroga automática de los ERTE del sector turístico, incluyendo al comercio y la hostelería; que las prestaciones por desempleo de los trabajadores sigan abonándose al 70 % de la base reguladora, sin que afecte al tiempo de cotización; y la apuesta por el mantenimiento del empleo.
La consejera de Empleo, Elena Máñez, subrayó que “mientras se recupera la normalidad sanitaria y la actividad económica en las Islas, debemos seguir transitando esta crisis confiando en estos mecanismos de protección del empleo y del tejido productivo”.
El Gobierno de Canarias también recuerda que entre abril y octubre del año pasado, los ERTE supusieron una inyección en el Archipiélago por parte del Estado de más de 1.250 millones de euros entre exoneraciones de cuotas empresariales y prestaciones por desempleo.
El acuerdo alcanzado es el tercero que se cierra sobre la prórroga de los ERTE y está dirigido a mantener las grandes líneas establecidas en el anterior, cuyo contenido fue incorporado casi en su totalidad en el acuerdo que se selló en el ámbito estatal.
