El número de trabajadores que han tenido que cogerse la baja por culpa del coronavirus se ha duplicado en Canarias desde que en junio comenzara la llamada desescalada. Ya son más de 45.000 los autónomos y asalariados que se han visto obligados a ausentarse del trabajo por haber contraído la enfermedad o para someterse a cuarentena ante la sospecha de estar infectado. Para hacerse una idea de la magnitud de esta cifra basta con apuntar que supone un 6% del total de ocupados afiliados a la Seguridad Social en la región. Es decir, que seis de cada cien trabajadores de la Comunidad Autónoma han estado de baja por la Covid-19 cuando aún no ha transcurrido un año desde el estallido de la pandemia en España. Y no se trata de bajas de corta duración, entre otras cosas porque es necesario aislarse entre diez y 14 días para no propagar la enfermedad. De hecho, esos aproximadamente 45.000 ocupados isleños han estado en situación de incapacidad temporal por el SARS-CoV-2 una media de 15 días y medio. Con todo, no es el Archipiélago la comunidad con mayor prevalencia de la Covid-19 entre los empleados en activo, como tampoco la que soporta las bajas de mayor duración, algo que está en consonancia con el hecho de que las Islas no hayan sufrido la pandemia con tanta intensidad como otras autonomías —lo que en ningún caso quiere decir que no la hayan sufrido—.

A fecha de 31 de octubre, según los datos suministrados por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, que dirige José Luis Escrivá, eran exactamente 44.921 los asalariados y autónomos que estaban o habían estado de baja en Canarias por el coronavirus. En toda España ya sumaban entonces algo más de 1,9 millones. Aunque esos 44.921 casos no equivalen a 44.921 personas —hay una pequeña parte de trabajadores que ha estado de baja por la Covid-19 en más de una ocasión—, el número de ocupados que ha pasado por ese trance ya supera con amplitud los 45.000 a falta de las cifras exactas que el Ministerio publicará en próximos días.

De todos ellos, en estos momentos están en situación de incapacidad temporal un total de 2.305 canarios, siempre incluidos tanto quienes están pasando por la enfermedad como quienes se ven obligados a confinarse ante sospechas de contagio, más allá de que al final no tengan la Covid-19. El Ministerio no informa de cuántas de esas más de 45.000 bajas corresponden a trabajadores que efectivamente pasaron el coronavirus y cuántas a casos por sospechas, pero fuentes del Departamento explican que estos últimos tienen gran peso. Sea como sea, lo cierto es que la prevalencia entre los empleados ha crecido de forma notable, como era previsible, desde la finalización del confinamiento de la nación decretado en marzo.

En los dos primeros meses de la pandemia en España, esto es, en marzo y abril, se cogieron la baja laboral por el coronavirus algo más de 11.000 canarios. Ya antes el Gobierno central había aclarado que tanto los trabajadores infectados como aquellos otros que tuvieran que permanecer aislados por haber entrado en contacto con enfermos tendrían a efectos de la baja la misma consideración que quienes sufren un accidente laboral. Para julio, el primer mes de la desescalada —que luego se frustraría con la segunda ola del virus—, el número de bajas laborales en el Archipiélago superaba ligeramente las 20.000, con lo que se ha duplicado en apenas tres meses —los datos del Ministerio de la Seguridad Social abarcan hasta finales de octubre—. Escrivá calcula que el año acabó con unos 2,5 millones de incapacidades de este tipo en todo el país; de confirmarse, serían casi 60.000 en Canarias.

Un gasto extra de 1.000 millones

La Covid-19 tiene consecuencias en la salud de los trabajadores, eso ante todo, pero también las tiene en las arcas públicas del Estado. Los contagios o el aislamiento ante la sospecha de que el empleado está infectado tienen la consideración de accidente de trabajo, con lo que los afectados cobran por cada día de baja el 75% de su base reguladora. Si las bajas por el SARS-CoV-2 se considerasen como contingencias comunes, sería la empresa y no la Seguridad Social la que abonaría el 60% entre el cuarto y décimo quinto día y el asalariado no cobraría el 75% hasta pasados veinte días. Hasta finales de septiembre, el coste para las arcas públicas de este tipo de baja laboral ya ascendía a casi 1.000 millones de euros, en concreto 953,3 millones.