La Inspección de Trabajo sancionó el pasado año a 311 empresas del Archipiélago por cometer infracciones en la aplicación de los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE). Se trata del 8,5% del total de procesos abiertos en todo el país y que terminaron con idéntico resultado, un porcentaje que queda por debajo del alrededor del 10% que representan los ERTE canarios en el conjunto del Estado.

Según los datos del Ministerio de Trabajo, los servicios de inspección iniciaron a lo largo de 2020 un total de 2.777 procesos en busca de presuntas irregularidades. De ellos, hasta la fecha se han logrado dar por acabados 1.771 y 311 de ellos (el 17,5%) han terminado en una sanción para la empresa. En España, las investigaciones abiertas fueron 33.440 y las finalizadas, 24.606. En 3.635 de estos casos (el 14,7%) hubo multas.

El montante de las sanciones hasta la semana pasada era de 16,5 millones de euros en todo el país. El 7,5% de dicha cantidad (1,24 millones) se han abonado o se tienen que abonar en el Archipiélago.

Ya en el mes de julio, la Inspección de Trabajo reveló que tenía la lupa puesta en 976 mercantiles canarias por supuestos comportamientos irregulares a la hora de acogerse a un ERTE para mantenerse vivas a pesar del parón económico que ha propiciado la expansión del coronavirus por todo el mundo. ¿Cuál era la práctica que entonces aparecía como la comúnmente usada por los amigos del dinero público? La contratación de personal con posterioridad a la declaración del estado de alarma para, a renglón seguido, gestionar un ERTE.

El trabajo desarrollado en verano ya hacía presagiar a los inspectores que el número de expedientes se multiplicaría en los meses siguientes. Acertaron, las 976 investigaciones de entonces casi se triplicaron en lo que restaba de año hasta llegar a las 2.777.

Patronales y sindicatos coincidieron ayer en rechazar cualquier tipo de fraude que se produzca. “Resulta absolutamente indecente cuando estamos atravesando una situación tan complicada como la actual y dedicamos grandes sumas de dinero público a evitar la destrucción de empleo”, subrayó el secretario general de CCOO-Canarias, Inocencio González.

Por su parte, el presidente de la Confederación Canaria de Empresarios (CCE), Agustín Manrique de Lara, destacó “la profesionalidad” de los servicios de inspección. “Saben a dónde tienen que ir”, detalló, con lo que se pierde el menor tiempo posible en la corrección de una situación que afecta al conjunto de la ciudadanía. No obstante, tanto él como su homólogo en CEOE-Tenerife, José Carlos Francisco, abogaron por, siempre desde el rechazo a los comportamientos espurios, realizar un análisis reposado de cada situación.

Prácticamente a coro, los presidentes de las dos principales organizaciones empresariales de las Islas apuntaron a la gran cantidad de nueva normativa que ha habido que leer. “No es sencillo interpretar todo correctamente en un contexto de tanta presión”, apuntó Francisco. En cuanto al análisis cuantitativo de las sanciones, tanto él como Manrique de Lara señalaron que guardan una relación proporcional con el volumen de ERTE presentados en las Islas.

El peso del turismo, uno de los sectores más dañados, ha provocado que Canarias concentre un mayor volumen de ERTE que los que le corresponderían por número de trabajadores dados de alta. También, como el negocio alojativo no arranca, es la región en la que más porcentaje de asalariados siguen en esa situación. “Nos espera un año duro”, afirmó Inocencio González.

Arranca la negociación

Gobierno, sindicatos y empresarios inician hoy la negociación para prorrogar más allá del 31 de enero los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE), a los que estaban acogidas el último día de 2020 más de 755.610 personas, cifra que está lejos de los 3,4 millones de trabajadores que llegaron a estar en un ERTE en abril. En Canarias, el número se acerca aún a los 80.000, más del 10% del total del país. La reunión se inicia a las 10.00 horas y tendrá carácter técnico, se abordarán los plazos de la prórroga y la mejora de la formación para los trabajadores que actualmente están en ERTE. La ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ya dijo que convocaría a los agentes sociales después de Reyes y apostó por no agotar en esta ocasión los plazos de negociación como sucedió con las prórrogas anteriores. De hecho, pidió que la negociación no fuese más allá del 15 de enero. Asimismo, dijo que los ERTE eran una herramienta que estaba “funcionando muy bien” y que se han dotado de una “enorme flexibilidad”, aunque apuntó que es necesario que “haya más simplicidad”. Esta semana, el secretario de Estado de Trabajo y Economía Social, Joaquín Pérez Rey, afirmó que no se esperan “enormes cambios” en unos ERTE cuyo funcionamiento está ya probado y consolidado.