Canarias ya tiene el doble de viviendas turísticas que casas sociales

En febrero, un mes antes de que la pandemia obligara a confinar a la nación, el relator especial de la ONU sobre la Extrema Pobreza y los Derechos Humanos, Philip Alston, denunció el déficit de vivienda pública en España, sobre todo de casas para fines sociales —inmuebles en arrendamiento, incluida la cesión a bajo precio y otras formas de alojamiento temporal—. “España no ha invertido en vivienda social, tiene los niveles más bajos de toda Europa”, advirtió el representante de las Naciones Unidas. En este contexto, el caso de Canarias es singular porque el progresivo deterioro del parque público de inmuebles coincide con el progresivo incremento de las viviendas vacacionales.

En las Islas hay un total de 37.791 viviendas turísticas. Es el número contabilizado por el Instituto Nacional de Estadística (INE) en un nuevo análisis experimental del mercado inmobiliario. Otro estudio, en este caso del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, cifra en 17.660 las viviendas sociales en Canarias, es decir, casas en alquiler de titularidad pública, ya sea de la Comunidad Autónoma o de los ayuntamientos. Así pues, en el Archipiélago hay 20.131 inmuebles más para el negocio turístico que para fines sociales. Si se suman las viviendas destinadas para la venta, apenas 1.686, el parque público llega a 19.346 casas, con lo que apenas se corrige ese enorme desequilibrio.

Detrás de los números están la masiva turistificación de inmuebles, lo que en determinadas localidades o en islas como Lanzarote y Fuerteventura ha reducido al mínimo la oferta de alquiler para larga estancia, y la falta de planificación y coordinación de las instituciones para construir y promover un parque de vivienda a la altura de las necesidades de la población. Una población que, además, no ha dejado de crecer ni siquiera en años de crisis económica. El actual equipo al frente del área de Vivienda del Gobierno canario, liderado por Sebastián Franquis, ha pisado el acelerador para paliar en todo lo posible ese déficit estructural de inmuebles públicos, hasta el punto de que está prevista la construcción de 5.971 casas y una inversión de 664 millones de euros hasta 2025. Con todo, el reto de levantar un parque de viviendas en condiciones trasciende, tras décadas de inactividad, el margen de actuación del actual Ejecutivo. No en vano, hay estudios recientes, como el que hace unos meses publicó la consultoría Corporación 5, que alertan sobre la gravedad de la situación: para poder alcanzar el equilibrio entre la oferta y la demanda en 2031, dentro de once años, es necesario “crear” 14.610 viviendas al año. O lo que es lo mismo: sería necesario construir cada año un número de inmuebles casi equivalente al del actual parque público para solventar el problema. Esta es la razón de que Franquis insistiera en el llamamiento a la colaboración de los ayuntamientos y del sector privado. El consejero quiere evitar que la vivienda sea objeto de controversia y que todos los implicados —Gobierno, cabildos, ayuntamientos, partidos, empresas constructoras y promotoras, agencias inmobiliarias, propietarios...— arrimen el hombro cada uno en su justa medida para ir paliando el déficit estructural de casas.

El Boletín especial vivienda social 2020, editado por el Ministerio de José Luis Ábalos, calcula que en todo el país hay 290.000 viviendas de este tipo, de las que 180.000 son titularidad de las comunidades autónomas y las restantes 110.000, de los ayuntamientos. De las 17.660 que existen en las Islas, 17.253 están gestionadas por el Ejecutivo regional o sus entes dependientes —Visocan o el Icavi— en régimen de arrendamiento y las restantes 407, por los consistorios. A estas se suman las susodichas 1.686 destinadas para venta. Llama la atención que ninguno de los grandes municipios de la provincia de Santa Cruz de Tenerife —los de más de 20.000 habitantes— cuente con parque público de vivienda —o eso o no contestaron a la solicitud de información del Ministerio—, de modo que esas 407 casas que están bajo gestión de los municipios se ubican en las islas orientales: 238 en Arrecife, 87 en Las Palmas de Gran Canaria, 33 en Gáldar, 19 en Telde, 18 en Puerto del Rosario y una docena en San Bartolomé de Tirajana.

En cuanto a los inmuebles turísticos, el INE revela que esas cerca de 38.000 viviendas vacacionales que hay en el Archipiélago representan un 3,6% de todas las casas existentes en la región, el segundo mayor porcentaje del país solo por detrás de Baleares –5%, la media nacional es de un muy inferior 1,3%–. De hecho, en la Comunidad Autónoma se concentra un 12% de las viviendas turísticas de España. Dicho de otro modo: una de cada diez casas en alquiler vacacional en el país se ubica en las Islas. Solo en tres autonomías hay más inmuebles destinados para el negocio turístico que en el Archipiélago: la Comunidad Valenciana, con 54.638; Cataluña, con 63.199; y Andalucía, que lidera el particular ranking con hasta 67.392 casas o pisos en régimen de explotación vacacional.

Las viviendas vacacionales de las Islas suman un total de 162.121 camas y se concentran, como es lógico, en los municipios eminentemente turísticos. De hecho es la localidad majorera de La Oliva la que tiene el mayor porcentaje de inmuebles de este tipo de toda España. De todas las casas que hay en el municipio del norte de Fuerteventura, un 23% son viviendas vacacionales, de modo que prácticamente una de cada cuatro están siendo explotadas en esta actividad, o cuando menos lo estaban antes de la irrupción del coronavirus. No hay ningún otro municipio o localidad del país que llegue a un porcentaje tan alto. También destacan los casos de Yaiza, en Lanzarote, con un 14%; Adeje, en Tenerife, con un 13,6%; y Teguise, también en Lanzarote (13,2%).