Nuevo capítulo en el enrevesado proceso abierto para el acceso a la Función Pública de los trabajadores de las administraciones públicas que llevan hasta más de quince años, en muchos casos, en situación de interinidad. El Tribunal Supremo ha decidió inadmitir el recurso de casación interpuesto contra una sentencia de la Audiencia Nacional de noviembre del año pasado que determinó que opositar es el único camino posible. En Canarias, los afectados por esta situación son unos 26.000, más del 40% del total de la plantilla que componen funcionarios, y personal laboral y estatutario. De ellos, los nucleados en torno a la Plataforma de Empleados Públicos en Fraude de Ley de Canarias (Pefralca) consideran que la decisión del Alto Tribunal no varía la hoja de ruta hacia su consolidación.
“No hay sentencia, tan solo la inadmisión de un recurso de casación, por lo que no existe ningún pronunciamiento sobre el fondo de la cuestión”, explicó ayer Miguel Quintero, portavoz de Pefralca. Fuentes jurídicas señalaron que el recurso presentado por Anil (Asociación Nacional de Interinos y Laborales) puede responder a una mera estrategia jurídica para evitar la firmeza inmediata del fallo de la Audiencia Nacional.
Sin embargo, esa sentencia quedó superada con posterioridad por la emitida el pasado 19 de marzo por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). Esta conminó a España a acabar con el “abuso en la temporalidad” y, además, evitando daños a los interinos, a los que atribuye el rol de víctimas de la situación.
El Gobierno canario señaló que esperará a ver si Madrid mueve ficha. Compromís impulsó unas oposiciones restringidas donde sólo se evalúen los méritos y la experiencia. Si no cristalizan los cambios, Canarias arrancará su oferta de empleo público.
La Plataforma de Empleados Públicos en Fraude de Ley de Canarias (Pefralca) protagonizó ayer sendas caravanas de protesta en las dos capitales canarias. En Sanidad, la tasa de interinidad supera el 60%. |
