Los plataneros canarios plantan cara a la ley del PSOE que amenaza al sector

El problema radica en el establecimiento de un precio mínimo, tal y como explica el gerente de Asprocan, Sergio Cáceres. “Nosotros presentamos una enmienda de excepcionalidad para dos artículos debido a que la aplicación de esos preceptos exige un precio mínimo que cubra los costes efectivos de producción, lo que genera un perjuicio para nuestro sector”. Asprocan, tal y como aclara Cáceres, no se opone a que se establezca este precio mínimo –”estamos a favor de una renta digna, que es mucho más que eso”, asegura– pero a su vez defiende que la aplicación de esa exigencia no es compatible con un mercado abierto como en el que operan los plataneros canarios.

“En nuestro caso se debería tener en cuenta que no existe otra región en España en la que se produzca plátano, además de que lo hacemos en un territorio insular ultraperiférico que tiene un reconocimiento europeo como RUP, con sus peculiaridades incluidas en el tratado de la Unión Europea (UE)”, recuerda Cáceres. La enmienda fue apoyada por el cien por cien de los productores, que compiten en exclusiva con países extracomunitarios que no se rigen por los diferenciales de coste europeo en un mercado común. La competencia del plátano canario procede sobre todo de América y también de Asia, “que utilizan España como el mercado en el que venden la banana más barata de Europa con el propósito de ir destruyendo la capacidad productiva de los productores canarios”, asegura el gerente de Asprocan.

Sin embargo, la enmienda no llegó a buen puerto. Cuando en febrero se tramitó en el Senado el Real Decreto de Medidas Urgentes en materia de agricultura y alimentación –es decir, la modificación de la Ley de Cadena Alimentaria del año 2013–, ésta fue la única de las 111 enmiendas que fue aprobada por la mayoría de la Comisión de Agricultura. Sin embargo, en el momento en que la normativa llegó al pleno del Senado, el PSOE presentó un voto particular solicitando que se volviese al texto que había salido del Congreso. Una petición que fue aprobada por mayoría por un cambio de voto de ERC y Bildu, lo que implicó el rechazo a la enmienda presentada por CC y que tenía el apoyo de PP y ASG, Cs, PNV, ERC e Izquierda Confederal.

“Vamos a defendernos donde sea para seguir con nuestra actividad"

Sergio Cáceres - Gerente de Asprocan

“Coincidimos con el propósito de la ley, pero de la manera en que está formulada nos perjudica de manera grave”, insiste Cáceres. Por eso, Asprocan no se da por vencida y trabaja en varios frentes para que la norma no provoque pérdidas de hasta cien millones de euros anuales. En primer lugar, siguen intentando trasladar al Ministerio de Agricultura su preocupación por la aplicación de esta ley, invitando al ministro socialista a que conozca de cerca las condiciones excepcionales del mercado. “Necesitamos que nos den una seguridad jurídica, que podamos actuar con estabilidad, por lo que seguimos dialogando para que nos expliquen cuál es el Plan B que tienen para nosotros en el caso de que no acepten la excepcionalidad porque, sino, tenemos un problema grave”, afirma el gerente de la asociación.

Posible denuncia judicial

Después de que tampoco saliera adelante la enmienda presentada en el Senado en el marco de los Presupuestos Generales del Estado, los productores siguen trabajando en el Congreso, donde se está tramitando otra reforma de la citada Ley de Cadena Alimentaria. Tampoco descartan acudir a la justicia en última instancia “porque entendemos que la norma contraviene preceptos de la Unión Europea”, alega Cáceres.

Para Asprocan, los daños que sufriría el sector justifican la decisión de llevar esta ley a los tribunales. Un estudio realizado por la asociación en el que aplican esta norma en los últimos años de producción comercializada, del 2016 al 2019 ambos incluidos, recoge que las consecuencias para el sector serían nefastas: de manera constante en todos los años se dejaría de vender en torno al 30% de la producción, es decir, se perderían más de cien millones de euros. “La gente no va a comprar nuestros plátanos por decreto y si no los compra, no ingresamos. El volumen de producción global, con sus distintas calidades de periodo, sus distintos clientes y zonas de venta, no puede funcionar con base en el establecimiento de un precio mínimo porque en muchas situaciones parte de ese volumen de ventas no cumpliría con la ley y, por lo tanto, no podría ser vendido”, aclara Cáceres.

“Es tan obvio que parece mentira que esto vaya a pasar. Siempre hemos defendido que los productores reciban una renta mínima, pero si las leyes les perjudican y su aplicación implica una pérdida mayor para ellos, no podemos quedarnos de brazos cruzados. Necesitamos seguridad jurídica para nuestra actividad y con esta normativa no la tenemos. Vamos a defendernos donde haga falta para poder seguir con nuestra actividad”, concluye Cáceres.