El Gobierno quiere premiar con el 4% cada año que se retrase la jubilación

El documento propone una nueva redacción de la disposición adicional décima del Estatuto de los Trabajadores para establecer que “en aras de favorecer la prolongación de la vida laboral, los convenios colectivos no podrán establecer cláusulas que posibiliten la extinción del contrato de trabajo por el cumplimiento por parte del trabajador de la edad legal de jubilación fijada en la normativa de Seguridad Social”.

Además, de acuerdo con el Pacto de Toledo, se establece que la revalorización anual de las pensiones tomará de referencia el IPC. Pero se introduce un mecanismo corrector para las desviaciones, con la limitación de que las pensiones en ningún caso bajen, nicuando el IPC sea negativo. A diferencia del documento que -según fuentes conocedoras- Escrivá ha presentado a los ministros de la Comisión Delegada de Asuntos Económicos, el de la mesa del diálogo social no apunta en la dirección de modular el alza cuando haya años con inflación negativa.

El documento presentado a los agentes sociales no es exhaustivo en cuanto a las propuestas de reforma que baraja el Gobierno. No alude, por ejemplo, a alargar de 25 a 35 años el periodo de cálculo de las pensiones. Se centra, sobre todo, en cuestiones relacionadas con la edad de jubilación.

Si la propuesta de prohibir la jubilación forzosa prospera, los nuevos convenios no podrán permitir que si un trabajador cumple 66 años (que será la edad legal de jubilación en el 2021) pueda ser objeto de retiro obligatorio. Primará su derecho a alargar su vida laboral y si la empresa decide que se debe marchar deberá despedirle, con la correspondiente indemnización.

Esta medida va en la dirección contraria al acuerdo de negociación colectiva en la que avanzaron los agentes sociales en junio del 2018, bajo el paraguas del anterior Gobierno de Pedro Sánchez. El ministerio de Escrivá propone completar esta reforma del Estatuto de los Trabajadores con una nueva disposición transitoria para que la prohibición de la jubilación forzosa solo sea para los nuevos convenios. Para los suscritos bajo la reforma se establece que “las cláusulas de jubilación forzosa no podrán aplicarse una vez transcurrido un año desde que se produzca la finalización de la vigencia inicial pactada de dichos convenios”.

El documento garantiza que la prórroga de la cláusula de salvaguarda para evitar que los trabajadores despedidos antes del 2013 se deban jubilar bajo las condiciones más duras que introdujo la reforma de las pensiones del 2011. Así, los miles de trabajadores que, según los sindicatos, están en esa situación y aún no se han jubilado podrán hacerlo a los 65 años (la edad legal hasta el 2013).

Las centrales han remitido un escrito al Gobierno urgiendo a prorrogar esta cláusula antes de su vencimiento, el próximo 31 de diciembre. Lo cierto es que el Ejecutivo ya asumió este compromiso en el documento que presentó en la mesa de diálogo social.

Para desincentivar las prejubilaciones voluntarias, y que estas no se produzcan a los 63 años justos, sino que se retrasen, ni tampoco cerca de la edad legal de jubilación (66 años en el 2021), el ministerio propone nuevos coeficientes penalizadores, reforzados en los extremos (en el entorno de los 63 y de los 66 años).

Se proponen coeficientes mensuales (en lugar de trimestrales, como en la actualidad). Además se plantea una escala de penalización mayor para los trabajadores que acrediten un periodo de cotización inferior a 38 años y dos meses y menor para quienes hayan cotizado 44 años y seis meses o más (entre medias se proponen dos tramos más).

En el texto presentado a los agentes sociales, el Gobierno plantea que en el caso de las pensiones máximas, los coeficientes reductores se apliquen sobre el salario. Para preservar el objetivo de esta figura de favorecer alargar la vida laboral, el Gobierno propone limitar la posibilidad de concentración de jornada, evitando que se use la figura como mecanismo de jubilación anticipada sin coeficientes penalizadores. Y se plantea hacer incompatible la jubilación parcial con el desempleo.

En cuanto a alargar la vida laboral, para estimular la permanencia, se propone un sistema de primas. En concreto, se propone un porcentaje adicional del 4% por cada año que se prolongue la vida laboral, más allá de la edad legal de jubilación. Como alternativa, también se plantea la entrega de una cantidad a tanto alzado por cada uno de estos años, o “una combinación de las soluciones anteriores en los términos que se determine reglamentariamente”.