El Tribunal Constitucional ha enterrado aún más la posibilidad de que los test de antígenos se consideren una prueba válida para la entrada de turistas en las Islas. Con ello, entierra también prácticamente la temporada alta canaria, aunque la consejera autonómica de Turismo, Yaiza Castilla, anunció ayer en el Parlamento que trabaja con laboratorios y turoperadores europeos para la utilización de otro tipo de test, los TMA-Lamp, más caros que los de antígenos pero más baratos que las PCR y que Madrid sí acepta.

El Gobierno central planteó una cuestión de inconstitucionalidad al entender que el Ejecutivo autonómico se estaba metiendo en asuntos de sanidad exterior, terreno vedado a cualquier administración que no sea la estatal (art. 149.1.16 de la Carta Magna). El Constitucional ha entendido que hay caso, con lo que de manera automática se suspenden los apartados del decreto canario que versaban sobre las medidas sanitarias a cumplimentar por los visitantes de otros países.

El presidente regional, Ángel Víctor Torres, anunció ayer la posibilidad de aprobar otra norma con una redacción que evite la confrontación con el Ministerio de Sanidad. Aparte, presentará las oportunas alegaciones contra la decisión del Constitucional, pero es más que probable que este último camino no esté recorrido ni en su mitad cuando llegue la primavera y el Archipiélago deje de ser el único destino europeo capaz de ofrecer sol y playa.

No obstante, Torres mostró su convencimiento sobre la validez de los test de antígenos, que, en su opinión, acabarán siendo aceptados. Recurrió al ejemplo de Baleares, donde ya se utilizan para hacer cribados, y señaló la “velocidad” con la que la ciencia está avanzando en este terreno como claras muestras de que finalmente se homologará su utilización. Lo que sucede en realidad es que el ministro Salvador Illa y su equipo dudan, razonablemente, de los productos de determinado laboratorio y descartan por completo meterse en una guerra de marcas de consecuencias desconocidas. Por ello, optan, de manera más cómoda que justa, por hacer tabla rasa y descartan todos los de antígenos. El problema es que al obrar de este modo dejan a la economía canaria sin su corazón.

Yaiza Castilla señaló en la Cámara autonómica ayer que los cálculos que a priori había realizado han rodado por el suelo. “Esperábamos para los dos primeros meses de la actual temporada alta una demanda en torno a las 800.000 personas sumando noviembre y diciembre –en 2019 estos dos meses nos reportaban unos 2.600.000 turistas–, la realidad es que difícilmente alcanzaremos la mitad de esa cifra, apenas un 15% de lo que solía ser”. Es decir, el destino pierde 85 de cada cien turistas recibidos en los dos últimos meses del año pasado.

El presidente de la Federación de Empresarios de Hostelería y Turismo de Las Palmas (FEHT), José María Mañaricua, subrayó que habría sido “un gran logro” alcanzar ocupaciones del 35% a estas alturas. “Estamos al 10%”, lamentó. En su opinión, que el Ministerio de Sanidad recurra al Constitucional “demuestra la falta de peso que tiene en el Gobierno la ministra de Turismo, Reyes Maroto, y su total desconocimiento de lo que es el sector aquí”.

Este último golpe, que se une a la recomendación que los países emisores están haciendo a sus ciudadanos para que no vengan a las Islas, es otro “palo más en las ruedas”. También el gerente de la patronal alojativa tinerfeña (Ashotel), Juan Pablo González, definió la decisión del Constitucional como “una mala noticia más en este aciago año turístico”.

La nueva tabla a la que agarrarse son esos test TMA-Lamp. Cuestan entre 70 y 100 euros, dependiendo del país; la mitad que las PCR y más rápidos.