El ministro de Sanidad, Salvador Illa, no ha cejado en su empeño por evitar que el decreto canario que valida los test de antígenos sea efectivo. Pero tampoco el presidente del Ejecutivo autonómico, Ángel Víctor Torres, está dispuesto a abandonar sin más el conflicto. De hecho, Torres no solo dejó claro en el Parlamento regional que la apuesta por los test rápidos de antígenos no es un mero “capricho”, sino que se mostró convencido de que acabarán por utilizarse antes o después. Y lo cierto es que las tesis de la Comunidad Autónoma en favor de estas pruebas —mucho más rápidas y mucho más baratas que las PCR— tienen cada vez más apoyos. Sin ir más lejos, también el Govern balear, que preside Francina Armengol, se ha puesto de lado del Gabinete canario y ya sí considera los antígenos como un instrumento válido para los cribados en puertos y aeropuertos. El apoyo de Baleares es importante porque es la otra gran comunidad turística del país —el alto precio de las PCR que impone Illa es imposible de asumir para muchos potenciales turistas— y porque Armengol, como Torres, comparte las siglas del PSOE con Pedro Sánchez. El jefe del Ejecutivo isleño aseguró que el dictamen del Consejo de Estado —que ve invasión de competencias en el decreto autonómico— “no es un fracaso”, como dijo CC, y se mostró dispuesto a batallar hasta “jurídicamente”.
