El Gobierno trasladará el coste de las primas a las renovables que pagan los consumidores en el recibo de la luz a las empresas que venden electricidad, gas y productos petrolíferos, según el anteproyecto de Ley acordado ayer por el Consejo de Ministros. En concreto, cerca de 7.000 millones de euros, que formaban parte del cajón de sastre en el que se convirtió la factura eléctrica pasarán a ser financiados por todas estas empresas comercializadoras de energía. El objetivo es reducir la cuantía del recibo, ahora uno de los más caros de Europa debido a los costes fijos, y dar “señales claras” de electrificación de la economía.

No será un cambio instantáneo, sino que el Ejecutivo inició ayer el primer trámite para la creación de lo que denomina un Fondo Nacional para la Sostenibilidad del Sistema Eléctrico, que se nutrirá con aportaciones de las empresas suministradoras de energía (pagarán a trimestre vencido en función de las ventas efectivas del trimestre anterior), de la recaudación de los impuestos energéticos, de los ingresos de las subastas de CO2 y de los Presupuestos Generales del Estado.

Una vez aprobado este mecanismo, el traslado de la partida de la factura de la luz a las energéticas será gradual en un plazo de cinco años, a razón de un 20% de esos 7.000 millones al año. Este coste será decreciente porque las renovables (60.000 operativas actualmente) saldrán de este régimen a medida que alcancen el final de su vida útil (25 años), pues el nuevo mecanismo de subastas no incluye primas.

Las compañías podrán trasladar el nuevo coste a sus productos, pero la factura de la luz se reducirá al menos en un 13%, según el Ejecutivo, porque aunque se pase al recibo la cuantía que deberán asumir las eléctricas, esta solo será una parte del total, pues ahora se incluyen también a gasistas y petroleras, lo que podría hacer subir de precio a la bombona de gas o a los carburantes. “De este modo, se empezará a corregir el actual desequilibrio entre una factura eléctrica que es de las más caras de Europa debido al peso de estos costes y unos combustibles que tienen una fiscalidad muy inferior a la media europea”, celebró el consejero delegado de Endesa, José Bogas, principal distribuidora en Canarias. En la misma línea que el resto de empresas eléctricas, que llevan años reclamando aligerar la factura de costes regulados, mientras las petroleras han criticado la medida.

La medida incluye exenciones y compensaciones en función de los consumidores. Así, no se tendrá en cuenta consumos que podrían tener una doble contribución como el almacenamiento o los hidrocarburos para la generación eléctrica (se pagará cuando se produzca electricidad), el queroseno, el gasóleo para el consumo agrícola y las mezclas de biocombustibles. Las compensaciones (expost) afectarán a los consumidores electrointensivos, la industria consumidora de gas y sujeta a deslocalización por riesgo de fuga de carbono y consumidores de gasoil y gasolina para usos profesionales. Además, hasta que esta norma no se aplique y desde el 1 de enero de 2021, el Gobierno compensará a las empresas electrointensivas el 85% de los cargos de la factura de la luz, lo que supone un ahorro de 90 millones de euros. Esta medida beneficia a 612 empresas en España.