Las empresas canarias pagarán más de 200 millones de euros en Impuesto de Sociedades e intereses de demora al Ministerio de Hacienda si no se amplía en un año la materialización de la Reserva para Inversiones (RIC) correspondiente a los fondos que se dotaron en 2016 y que tienen que invertirse antes del cierre de este año, según establece la ley. Las dotaciones que no se materializan se tienen que declarar al fisco al quinto año y pagar el 25% correspondiente del tributo estatal. El decreto aprobado por el Consejo de Ministros esta semana no ha dejado satisfecho a nadie porque no se concreta la demanda del empresariado canario y de la Comunidad Autónoma de prorrogar un año la RIC debido a la parálisis que ha sufrido este año la actividad económica, por lo que muchas empresas se verían obligadas a regularizar su situación fiscal.
Sin embargo, no todo está perdido a tenor de las gestiones que se realizan desde el Ejecutivo regional para que esta ampliación se lleve a efecto de algún modo. El viceconsejero de la Presidencia, Antonio Olivera, asegura que existe un “compromiso” por parte del Ministerio de Hacienda de “aclarar” esta situación y buscar una fórmula legal y jurídica que posibilite ampliar a 2021 las inversiones pendientes de la RIC.
Olivera explica que una de las opciones es que el propio decreto aprobado el martes por el Consejo de Ministros sea una percha legal suficiente para que las empresas y profesionales puedan trasladar las inversiones previstas para este año a 2021 ya que el texto recoge esta ampliación para el supuesto de las inversiones anticipadas, algo que ya estaba autorizado por Bruselas tras prorrogar también las ayudas de Estado con finalidad regional por un año.
La Zona Especial Canaria (ZEC) está garantizada más allá de 2026, según Olivera
El viceconsejero de la Presidencia mantiene que si jurídicamente no es suficiente el decreto aprobado esta semana se realizará un cambio normativo para que sea posible. “Estamos en contacto permanente con Hacienda y los empresarios lo saben, buscamos una solución y hay un compromiso de que se va a aclarar, puede ser dándolo por entendido para dejar el asunto resuelto con el decreto o buscando otra fórmula o cambio normativo, en el Ministerio son conscientes de la situación económica excepcional que ha habido este año”, añade Olivera.
Los contactos con el Ministerio se realizan a dos bandas: desde Presidencia del Gobierno y desde la Consejería de Hacienda. Además de las negociaciones institucionales entre la Comunidad Autónoma y el departamento que dirige María Jesús Montero, también desde el punto de vista político están las enmiendas parciales presentadas a la ley de presupuestos del Estado de 2021 donde Nueva Canarias y otras formaciones han presentado correcciones en la línea de abrir la mano para prorrogar un año la Reserva.
En su calidad de expresidente de la Zona Especial Canaria (ZEC), Olivera cree que este incentivo fiscal no corre riesgo y la prueba está en que también queda prorrogado en un año el plazo de inscripción de las empresas. Las críticas desde los asesores fiscales porque se mantiene el plazo de desgravación fiscal hasta 2026 y no se prorroga también un año no preocupa a Olivera porque, recuerda, cuando se negocian las perspectivas financieras de la UE también se renuevan las incentivos fiscales del REF y la ZEC se amplía tanto para el periodo de inscripción como en el de vigencia del incentivo.
La inquietud y la preocupación siguen, sin embargo, predominando entre empresarios y asesores fiscales. Jorge Gutiérrez, director del área fiscal de PwC, advierte que este tipo de situaciones generan “desconfianza” e “inseguridad” entre las empresas a la hora no solo de invertir lo ya dotado, sino de prever inversiones futuras. Asimismo, advierte que los impuestos que pagan las empresas canarias por esta incertidumbre no revierten en Canarias sino que van a la caja común de Hacienda, por lo que son inversiones privadas que no van a la actividad productiva de las Islas en un momento de crisis como el actual.
Por su parte, el asesor fiscal Orlando Luján advierte que lo aprobado por Hacienda sobre los incentivos fiscales del REF ha provocado una “profunda decepción” entre las empresas y los expertos por la “escasa sensibilidad” del Gobierno central con la situación económica de Canarias y la protección de su fuero. “Las empresas no tienen liquidez y son inversiones que se pueden perder, Hacienda gana muy poco por el impuesto mientras Canarias necesita inversión pública y privada por la crisis económica”, añade Luján.
