El Congreso de los Diputados aprobó ayer la tercera renovación en 25 años de las recomendaciones del Pacto de Toledo para la reforma del sistema público de pensiones. Tras cuatro años de debates y cerca de 200 comparecencias, el pleno adoptó las 21 recomendaciones que deberán guiar las próximas reformas del sistema público de pensiones y que el Gobierno pretende acometer a partir del 2021.

El documento apuesta por actualizar las pensiones con el IPC real y avanzar en la separación de fuentes de financiación del sistema, con el compromiso de sanear las cuentas antes del 2023. Pretende acercar la edad efectiva de jubilación a la real y de escoger los mejores años de cotización para el cálculo de la pensión. También propugna que los autónomos coticen por sus ingresos reales y recoge medidas en apoyo de empleadas del hogar, mujeres, jóvenes, discapacitados e inmigrantes. Además, prima los planes complementarios de empleo.

Es la tercera renovación del pacto de 1995, tras la del 2003 y el 2011. El informe prosperó con los votos de PSOE, PP, UP, Junts, PNV, Más País-Equo, UPN, Compromís, Nueva Canarias, Coalición Canaria, Foro Asturias, el PRC y Teruel Existe. La CUP votó en contra y se abstuvieron ERC, EH-Bildu, Foro Asturias y el BNG.

ERC, EH Bildu y BNG pedían volver a la edad legal de jubilación de los 65 años, derogar el factor de sostenibilidad ligado a la esperanza de vida, subir las pensiones mínimas al mismo nivel que el salario mínimo o eliminar los topes máximos de cotización a la Seguridad Social, manteniendo unos topes máximos en las prestaciones. ERC además pedía una auditoría al Fondo de Reserva.