La Agencia Tributaria pasará mañana la factura de los pagos aplazados al inicio de la pandemia. El 20 de noviembre es la fecha límite y en Hacienda no están dispuestos a ampliar el plazo. Son alrededor de 600.000 las pymes y trabajadores autónomos que en todo el país se acogieron a esta medida durante el estado de alarma, unas 33.000 de ellas en el Archipiélago. Pequeños negocios y empleados por cuenta propia que en muchos casos siguen en una situación igual o peor que cuando decidieron aplazar los pagos a Hacienda. Tanto que la fecha límite está al caer y las cantidades pendientes de ingresar suman cerca de 2.000 millones de euros, de los que unos 107 millones corresponden a autónomos y pequeñas y medianas empresas de la Comunidad Autónoma.
La moratoria para hacer frente a las obligaciones tributarias fue una medida impostergable para evitar la asfixia del tejido productivo nacional y regional. El parón de la economía por el confinamiento obligó al Gobierno central a conceder aplazamientos a las empresas que facturen menos de 600.000 euros anuales. Hacienda abrió la mano para retrasar los pagos por los ingresos a cuenta y las retenciones trimestrales a trabajadores y empresarios; por el arrendamiento y el subarrendamiento de inmuebles; por el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (los pagos fraccionados del IRPF); o, entre otros, por el Impuesto sobre Sociedades. La idea fue que este ahorro temporal vía tributos garantizara cierto nivel de liquidez a las empresas, sobre todo a las pymes y micropymes y a los autónomos. Estos pequeños negocios, que en las Islas son la amplísima mayoría, tenían de margen hasta el 20 de septiembre para ingresar las cantidades aplazadas sin pagar recargo alguno. Y luego había un plazo extra hasta el 20 de noviembre, es decir, hasta mañana, en el que la Agencia Tributaria sí ha aplicado intereses de demora en mayor o menor cantidad en función de si la deuda se ha pagado en el quinto o sexto mes de moratoria (los impuestos se aplazaron en mayo). Ocurre, sin embargo, que pymes y autónomos aún no han podido abonar hasta 1.950 millones de euros, según adelantó ABC, un montante del que entre un 5 y un 6% corresponde a pymes y trabajadores por cuenta propia de la región, a tenor de los cálculos de la delegación canaria de la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA) y de la Confederación Canaria de Empresarios (CCE).
En el Gobierno no son conscientes "del mundo en que vivimos", apuntan en la CCE
Así pues, son entre 97,5 y 117 millones de euros, una media de 107 millones, los que Hacienda cogerá mañana de las cuentas de los miles de trabajadores y pequeñas empresas isleñas que aún no han podido satisfacer la deuda con el fisco. Y no han podido no porque no quieran, sino sencillamente porque no han podido, algo en lo que hacen hincapié tanto el presidente de ATA en la Comunidad Autónoma, Juan Carlos Arricivita, como el secretario general de la CCE, José Cristóbal García.
“Hay quienes no tienen ningún tipo de facturación, y esto sin tener en cuenta que muchos de los que se acogieron a aplazamientos al inicio de la pandemia no sabían la magnitud que iba a alcanzar la crisis, con lo que están ahora peor de lo que estaban entonces”, resumió Arricivita, que avisa que el cobro de los aplazamientos supondrá la puntilla para muchos pequeños negocios. “Lo que consigues con eso es matarlos”, sentenció.
Por su parte, José Cristóbal García se preguntó si en la Administración, y en este caso en el Gobierno central, son o no conscientes “del mundo en que estamos viviendo, porque no lo parece”. El representante de la CCE se mostró convencido de que la mayoría de las decenas de miles de empresas con aplazamientos pendientes de abonar, tanto en las Islas como en el resto de España, “no van a pagar”. Y si el castigo por no poder pagar son más intereses y recargos, al final se está condenando a muchos negocios a echar el candado para siempre. “Y que nadie se olvide de que esta situación se va a poner peor; las cosas mejorarán, claro, pero antes de mejorar, se van a poner peor”, agregó.
Además, en el caso de Canarias la delicadísima situación que atraviesan las economías española y europea es todavía peor. Son decenas de miles las empresas que viven directa o indirectamente de la actividad turística, con diferencia la más castigada por la pandemia. De hecho, el turismo sigue sin levantar cabeza, ahora golpeado por el descontrol del coronavirus en los países emisores, con lo que está por ver si podrá o no salvarse la temporada alta. Si no se consigue, la economía regional seguirá en la UVI.
