El lunes entra en vigor la resolución del Ministerio de Sanidad que solo admite las pruebas PCR como garantía de que los turistas que llegan a España están libres de coronavirus. Ayer, la Federación de Empresarios de Hostelería y Turismo de Las Palmas (FEHT) insistió en el daño que provocará esa medida al sector alojativo, mientras la patronal nacional, Cehat, puso en marcha una campaña en change.org para que Madrid dé su brazo a torcer y admita también los test de antígenos, más baratos y accesibles.
Casi al unísono la Comisión Europea (CE) alentó a todos los estados miembros a incrementar “la capacidad de pruebas” mediante “test rápidos de antígenos”. Son los que sí contempla como válido el Gobierno de Canarias en el decreto que entró en vigor el pasado sábado, el mismo que quedará laminado por la resolución estatal en cuatro días si nadie lo remedia.
Las PCR exigen de la intervención de un laboratorio y los resultados tardan días en conocerse, con lo que puede producirse un contagio indetectado entre el momento de la toma de muestras y el inicio del viaje. Además del coste, dos turistas alemanes llegados el pasado sábado y que se decidieron por este tipo de análisis pagaron 150 euros cada uno por ellas.
El presidente canario, Ángel Víctor Torres, asegura desde hace una semana que los contactos con sus compañeros de partido –PSOE– en el Gobierno central son numerosos para “armonizar” ambas normas y hallar así una “solución para Canarias”.
Sin embargo, ayer no dudó en tuitear la decisión de Bruselas: “La Comisión Europea recomienda a los estados miembros reconocer las pruebas rápidas de antígenos para facilitar el rastreo y control transfronterizo. Nos alegra, pues es nuestra propuesta y permitirá una reactivación segura en Canarias de la movilidad y el turismo”, colgó en su muro Torres.
No fue la única actividad en las redes que tuvo al Ejecutivo central como destinatario. La Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos (Cehat), que preside el canario Jorge Marichal, puso en marcha una campaña a través de change.org, a la que se sumaron “los colectivos más representativos del sector turístico español e internacional”. El objetivo es el mismo, lograr que los test de antígenos se reconozcan como prueba suficiente.
En un comunicado, la FEHT consideró “de extrema gravedad” que solo se admitan las PCR, porque eso frenará los planes que tienen de venir a las Islas muchos viajeros. De hecho, no todos los que puedan podrán hacerlo. El pasado lunes, durante una visita a las Islas, el consejero delegado de TUI, Sebastian Ebel explicó que los laboratorios alemanes están completamente entregados y colmados de trabajo para enfrentar la pandemia. Es decir, no van a dejar de trabajar en el problema sanitario para atender a quienes quieren realizar un viaje de placer. De hecho en numerosos países solo “se realizan bajo estricta prescripción médica”, apuntó la patronal alojativa de Las Palmas, informa Efe.
La FEHT expuso como demostración del problema que generará la exclusión de los test de antígenos la casi total paralización de “las reservas de alojamiento para Canarias” desde el momento en que se conoció que el Gobierno de España solo admitirá las PCR. Sobre el tamaño del problema, los empresarios incidieron en que en el caso de no actuar con rapidez estará “en grave riesgo” la temporada alta turística del Archipiélago “y, con ello, el inicio de la recuperación económica del sector y, por ende, de toda la región”.
Cualquier entrada de un cliente en un hotel, apartamento o vivienda vacacional es hoy una gran noticia. A las compañías hoteleras no les sobra ninguno, al contrario. Por tanto, es generalizado el rechazo al argumento de que hay tiempo para reaccionar porque hoy Reino Unido tiene en vigor un confinamiento y Alemania desaconseja viajar salvo que sea estrictamente necesario.
Por su parte, el senador por la comunidad autónoma Fernando Clavijo (CC) hizo un intento en el mismo sentido sin éxito en la Cámara Alta. Intentó modificar una moción para compensar a las empresas turísticas y hacerla “más efectiva para Canarias”. Puso sobre la mesa la validez de los test de antígenos, pero se opusieron a ello tanto los socialistas –a pesar de su posición en las Islas– y el PP.
Reunión con el CEST
El Gobierno de España deberá modificar la resolución que empezará a aplicarse el próximo lunes, 23 de noviembre, una vez tomada por parte de la Unión Europea la decisión de homologar los test de antígenos, una opción defendida por las patronales turísticas en línea con lo que hace meses ha venido demandándose desde el Círculo de Empresarios y Profesionales del Sur de Tenerife (CEST). En su defecto, el Ejecutivo autonómico tiene previsto consensuar dicha resolución de la Administración del Estado para que de esta manera se permitan homogeneizar los llamados test de antígenos.
Estas han sido algunas de las decisiones que se han anunciado al término de una reunión celebrada en la mañana de ayer en la sede de Presidencia del Gobierno, en Santa Cruz de Tenerife, en el encuentro que mantuvieron el presidente del Ejecutivo canario, Ángel Víctor Torres, con el titular del CEST, Roberto Ucelay, quien estuvo acompañado de otros representantes empresariales.
En la idea de poner en marcha controles también para los viajeros procedentes de otras Comunidades Autónomas, el presidente adelantó a los representantes del CEST la intención del Gobierno regional de costear los test que se realicen a quienes lleguen a nuestro Archipiélago procedentes de cualquier punto de la Península.
La restauración y el ocio
En el transcurso de esta reunión de trabajo se abordó igualmente la necesidad de impulsar desde las administraciones públicas canarias líneas de ayuda y apoyo a miles de empresas del sector de la restauración y del ocio –entretenimiento y espectáculos– que se han visto especialmente afectadas por las medidas que se han adoptado con el objetivo de mejorar la contención del Covid-19.
En este orden de cosas, el presidente Ángel Víctor Torres se comprometió a buscar fórmulas que se traduzcan en líneas de apoyo a un sector que se ha visto obligado a cerrar establecimientos, limitar de forma muy significativa sus horarios y aforos o, en el caso de los promotores de espectáculos y artistas, a suspender eventos y actuaciones.
