El Ministerio de Consumo defenderá los derechos de los usuarios afectados tras el cierre de todas las clínicas de servicios bucodentales de la empresa Dentix y lo hará en coordinación con las comunidades autónomas.

El departamento que dirige Alberto Garzón cifra en 101.481 las personas afectadas por el cierre con tratamientos ya abonados total o parcialmente, al contado o a través de créditos vinculados o de otro tipo.

Consumo ya pensaba en la posibilidad de que se llegara a este escenario y, por ello, desde hace meses trabajaba en varias actuaciones para proteger a los usuarios de esta empresa.

La primera de estas líneas es el refuerzo de la publicidad de los derechos que asisten a las personas afectadas, que dependen de su situación específica: todos los afectados estén informados de su derecho a solicitar la devolución de los importes abonados por los servicios no prestados.

A Consumo no le consta, de momento, que se haya publicado el auto en el que se declara el concurso y se designa a la administración concursal, pero recuerda que el concurso de acreedores está solicitado y que los afectados deberán reclamar su dinero ante la administración concursal, una vez que esta sea pública.

Con este objetivo, desde Consumo y los organismos competentes autonómicos se remitió el pasado viernes una nota informativa en la que se precisaba todos los hechos y derechos que tienen los usuarios de la devolución de los importes abonados y se incluía la obligación de la compañía de facilitarles los historiales clínicos.

El Ministerio hace saber a los afectados que hayan suscrito créditos vinculados con entidades bancarias para financiar sus tratamientos tienen derecho a dejar de pagar las cuotas ante la cancelación del tratamiento. Y es que el Ministerio estima que del total de afectados, el 65 % ha suscrito créditos vinculados.

Además, la Dirección General de Consumo ha mantenido reuniones para testar la viabilidad de una posible operación de compra que asuma los tratamientos pendientes. Este escenario contempla la autorización de la operación por parte de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).

Otra pata en la que se trabaja tiene que ver con las entidades emisoras de créditos vinculados a la financiación de tratamientos bucodentales.

Consumo, junto al Banco de España, mantendrá en los próximos días reuniones con las entidades financieras que han ofrecido estos créditos para que los clientes dejen de abonar los pagos pendientes y que los bancos devuelvan los importes ya abonados por servicios no prestados.

Para ello, se les solicitará que sean proactivos e informen a los usuarios de sus derechos y que interrumpan los cargos de los recibos tan pronto tengan conocimiento de que Dentix ha dejado de prestar los servicios.

Desde hace meses, además, según señala el Ministerio de Garzón, el Gobierno trabaja -Consumo y Sanidad- para ampliar la cobertura bucodental en la cartera básica de salud pública y estudia que las empresas que dan servicios sanitarios tengan un régimen de garantías reforzadas.