El Gobierno canario añadió ayer un elemento más de presión al Ministerio de Sanidad para que permita que el test de antígenos tenga el mismo valor que la PCR para acreditar que los turistas que llegan a las Islas están libres de coronavirus. El Boletín Oficial de Canarias (BOC) publicó ayer una resolución de Presidencia en la que la Consejería de Sanidad establece como pruebas válidas para los turistas extranjeros y peninsulares que lleguen a los hoteles de las Islas tanto la PCR como el test rápido de detección de antígenos, ante la entrada en vigor hoy de la medida decretada por la Comunidad Autónoma.

Fuentes del Ejecutivo regional señalaron ayer que el Ministerio de Sanidad está reconsiderando su posición y se han intensificado las conversaciones entre los dos gobiernos para que se modifique la resolución publicada el jueves en el BOE para abrir la mano a que también sean válidas otras pruebas y no solo la PCR, o que se haga una excepción temporal con Canarias hasta que se homologue por la UE el test de antígenos para evitar el “cerrojazo” de la temporada de invierno, lo que supondría la estocada definitiva para el sector.

El BOC publicó ayer que los hoteles podrán admitir tanto la PCR como la prueba rápida

Por su parte, fuentes del Ministerio de Turismo señalaron ayer que “en el momento en que en la UE se homologue el uso de otro tipo de test se reconocerán otras pruebas diferentes a la PCR. España trabaja en el seno de la UE para que así sea”, en alusión a la referencia que realiza el BOE sobre la armonización a nivel comunitario de las pruebas más fiables para la detección del Covid-19. El departamento que dirige Reyes Maroto desconoce cuándo podrá finalizar este proceso.

Ante el inicio hoy en los establecimientos de Canarias de la reclamación de las pruebas a los turistas, las cuatro patronales del sector de las Islas se unieron ayer para lanzar un SOS al Gobierno central para que admita el test de antígenos además de la PCR a los visitantes que lleguen a Canarias debido al “parón” de reservas que han notado desde el jueves. Avisan que la PCR “no es tan accesible ni asequible en los principales países emisores de turistas, lo que ya está provocando una reacción negativa en las reservas hacia el Archipiélago”.

Debido a la confusión generada por las sucesivas normativas canaria y estatal, las patronales hoteleras exigen a las administraciones competentes que aclaren el escenario que se regula en dos decretos diferentes, el del Gobierno canario que se aplica desde hoy y el del Estado que empieza el 23 y que son contradictorios.

En este sentido, la directora del turoperador TUI en Canarias, Linda Phelps, advirtió que “no es el momento de añadir costes adicionales a los turistas” debido a la crisis que también se vive en otros países, por lo que demandó aclaraciones a las autoridades sanitarias sobre las pruebas del Covid que se exigen y que éstas no supongan un encarecimiento del precio del billete que puede echar para atrás a las familias y generar más incertidumbre al sector.

También el presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, ha pedido que las pruebas de coronavirus sean ampliadas a todas las personas que lleguen desde fuera del Archipiélago, ya sean estudiantes o cualquier otra persona que regrese de vacaciones por Navidad, de negocios o visitantes, así como ampliar las posibilidades a los test de antígenos, y no solo los PCR, para que a los turistas no les resulte inviable su viaje a las Islas.

Multas de 6.000 euros para remolones

Los viajeros que lleguen a los aeropuertos y puertos españoles sin tener la PCR a la que obliga España a partir del día 23 se enfrentarán a una multa que puede llegar hasta los 6.000 euros. La ministra de Asuntos Exteriores, Arancha González Laya, explicó ayer que se “recomienda” a las aerolíneas que verifiquen si los viajeros tienen hecha la prueba antes de subirse al avión, pero no se les obliga. Cuando lleguen a España tendrán que mostrar su documentación y, si no tienen justificante de la PCR tendrán que someterse a una y pagar la multa. “Son multas serias”, señaló la ministra en Antena 3 pero que no pretenden ser recaudatorias, sino “disuasorias”, porque lo que se pretende es que “los ciudadanos se corresponsabilicen con el esfuerzo para garantizar una movilidad segura”. González Laya destacó, no obstante, el bajo porcentaje de casos importados: de los 5,2 millones de turistas que han entrado en España desde de julio solo han dado positivo un total de 4.800, un 0,08 %. | Europa Press