El empresario Miguel Concepción Cáceres, propietario de la compañía aérea Islas Airways y presidente del Club Deportivo Tenerife, fue condenado ayer a 23 meses de prisión como autor de un delito de estafa agravada, con el atenuante de dilaciones indebidas; así como a una multa de 7.200 euros (con un cuota diaria de 30 euros durante ocho meses). La sentencia está relacionada con el incremento artificial de las cantidades que debía percibir de la bonificación en los servicios regulares de transporte aéreo para los residentes canarios por parte del Ministerio de Fomento entre los años 2008 y 2011.
Las hijas de Concepción, Verónica y Eloísa, fueron condenadas a ocho meses de cárcel como cómplices del mismo delito y una multa de 2.700 euros. Ninguno entrará en prisión, en la medida en que no tenían antecedentes penales. Además, durante el tiempo de sus respectivas condenas, los tres estarán inhabilitados para el derecho a obtener subvenciones o ayudas públicas, así como de incentivos fiscales o de la Seguridad Social.
Los magistrados de la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife consideran que Miguel Concepción y sus hijas deberán indemnizar al Ministerio de Fomento con 3.987.769 euros. De esa cantidad global, el empresario que se confesó autor de la estafa a la Administración General del Estado deberá abonar la mitad, mientras que Verónica y Eloísa el 25 por ciento cada una. Y, además, deberán abonar las costas, salvo las de la acusación particular.
Al Tribunal Supremo
Tribunal SupremoEl empresario anunció en la jornada de ayer que presentará un recurso de casación ante la Sala segunda del Tribunal Supremo. El motivo es que el presidente del Club Deportivo Tenerife considera que en la resolución de los magistrados no se ha tenido en cuenta el acuerdo al que sus abogados llegaron con la fiscal del caso, Jezabel Criado, el día del juicio, el pasado 21 de septiembre. Esa conformidad fue "parcial", en la medida en que ni la acusación popular, representada por la Abogacía del Estado y el Ministerio de Fomento, ni la acusación particular, ejercida por la compañía Binter, estuvieron conformes con todas las condiciones.
El acuerdo consistió en que Miguel Concepción reconocía los hechos, se declaraba culpable y único responsable de la estafa, mientras que aseguraba que sus dos hijas solo se limitaron a transmitir sus órdenes al resto del personal de Islas Airways. A cambio, la fiscal redujo su petición inicial de cuatro años de cárcel para los tres acusados a solo 12 meses para el empresario y seis meses para Verónica y Eloísa. Además, se cifró en 3.418.922 euros la cantidad que debían devolver a Fomento por las cantidades cobradas de forma indebida. Desde Binter prefirieron analizar bien la resolución judicial antes de pronunciarse sobre la misma.
Responsabilidad civil
En la sentencia conocida ayer, los magistrados elevan de forma considerable la pena de privación de libertad pedida por la fiscal y los tres abogados defensores (de un año a casi dos para el presidente del CD Tenerife y de seis a ocho meses para sus hijas). Pero, sobre todo, llama la atención la responsabilidad civil a la que tendrán que hacer frente, pues pasa se eleva en más de medio millón de euros de lo reclamado por el Ministerio Público y las defensas. Si la fiscal y los letrados de la familia Concepción estaban conformes en abonar 3.418.922 euros, en la sentencia se les obliga a indemnizar al Estado con 3.987.769 (568.846 euros más). Los magistrados tuvieron en cuenta los argumentos esgrimidos por la acusación particular en ese sentido. El abogado de Binter planteó que la responsabilidad civil debía ascender a 8.399.180,32 euros, "pero que los acusados deberían indemnizar al Ministerio de Fomento en la cantidad de 3.987.769 euros", que resulta de restar la cantidad total defraudada de la medida cautelar de retención aplicada en vía administrativa (4.411.411) para la ejecución y pago en la resolución de reintegro de 11 de abril del 2013. Por la estafa agravada, la acusación particular también solicitaba 23 meses de cárcel a Concepción.
La estafa del dueño de Islas Airways, con la complicidad de sus hijas, se produjo durante cuatro años. De cada billete facturado a un residente en el Archipiélago, el Estado pagaba el 50%. El fraude se produjo en un periodo en el que el país estaba inmerso en una crisis económica muy seria, que padecieron muchas familias canarias y españolas. El engaño comenzó en el 2008. En ese periodo, la mencionada empresa remitió una facturación irregular de pasajes por 64.445 euros. Con el paso del tiempo, la cantidad percibida de Fomento por el citado concepto se incrementó de forma considerable.
Así, en el 2009, el Ministerio Público considera que la estafa se elevó a 98.575 euros. Pero será al año siguiente, en el 2010, cuando se produzca un crecimiento significativo, ya que la cantidad percibida de la administración llegó a 428.019 euros. En la medida en que nadie había verificado que se estaba produciendo una irregularidad, la mayor pérdida para el Ministerio de Fomento se produjo en el ejercicio 2011, cuando la cantidad defraudada ascendió a 2.827.882 euros, a juicio de la Fiscalía. Es decir, un total de 3.418.923 uros.
Ocho años
La investigación de los hechos por parte del Ministerio Público comenzó en el 2011, según explicó la fiscal Jezabel Criado. El asunto llegó al Juzgado de Instrucción número 3 de Santa Cruz de Tenerife, que abrió diligencias penales el 12 de septiembre del 2012. Las actuaciones fueron declaradas conclusas y remitidas a la Audiencia Provincial el 30 de noviembre del 2018, más de seis años después. El hecho de que las irregularidades tardaran ocho años en ser juzgadas también ha beneficiado a los acusados, con la atenuante por retraso del proceso judicial.
