La expulsión prematura de los trabajadores veteranos del mercado laboral supone un coste anual para el erario público de 3.266 millones de euros. Así lo cifró UGT en un informe presentado ayer, en pleno debate sobre la reforma del sistema de pensiones y las hipótesis sobre la mesa de penalizar las prejubilaciones e incentivar los retiros tardíos. "No se puede continuar expulsando a los mayores de 55 años, que después se ven abocados a una jubilación forzosa y que sufren el 40% de recorte en su pensión. Además esto supone una merma importante de ingresos en nuestra Seguridad Social", declaró la secretaria de política social de UGT, Mari Carmen Barrera.
UGT ha realizado un ejercicio teórico para estudiar cómo afecta a un trabajador perder su empleo en la recta final de su carrera profesional de cara a la jubilación: Una persona de 54 años es despedida tras cotizar durante 31 años. Venía cobrando 27.282 euros brutos al año, lo que sería algo más que el salario medio en España.
