La titular del juzgado de lo Penal número 18 de Madrid ha condenado a 131 controladores aéreos a multas de entre 15.000 y 31.500 euros, así como al gestor aeroportuario Enaire -antes AENA- como responsable civil subsidiario, por abandono del servicio público durante la huelga de diciembre de 2010, que provocó que el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero declarase por primera vez en España el estado de alarma durante 43 días. En cambio, la jueza absuelve a dos de los acusados por la Fiscalía, uno de ellos el que fuera portavoz de la Unión Sindical de Controladores Aéreos (Usca), César Cabo, -que no pactó con el Ministerio Público y contra el que no se han encontrado pruebas- ya que en el momento de los hechos se encontraba de viaje en Asia, y el otro trabajador por haber quedado acreditado a lo largo del juicio que su parte médico de baja laboral respondía a una realidad clínica.
El fallo reconoce el abono de más de 13 millones a los perjudicados por el cierre del espacio aéreo durante cerca de 20 horas, en concepto de responsabilidad civil. De dicha cantidad deberán hacerse cargo todos los condenados de forma conjunta y solidaria junto con Enaire. En su sentencia, cuyo contenido íntegro se conocerá en los próximos días, la magistrada considera probado que los acusados "adoptaron un mecanismo de presión laboral consistente en abandonar sus puestos de trabajo de forma masiva, paralizando de esta forma el tráfico aéreo, y ello bajo la dirección de los miembros de la Junta Directiva y delegados de Usca".
La magistrada recuerda que de los 133 controladores acusados, 119 reconocieron durante el juicio los hechos que recoge el escrito de la Fiscalía, que sostenía que Usca planteó la estrategia para ejercer presión sobre Aena y el Gobierno en un conflicto que se remontaba a enero de ese año, durante las negociaciones del segundo convenio colectivo del sector.
