14 de octubre de 2020
14.10.2020

La ley contra el fraude restringe a 1.000 euros el pago en metálico a las empresas

La norma, remitida al Congreso para su aprobación, da carpetazo a las amnistías fiscales

13.10.2020 | 23:39
La ley contra el fraude restringe a 1.000 euros el pago en metálico a las empresas

Los hogares podrán seguir realizando pagos en efectivo de hasta 2.500 euros, mientras que ese límite se rebajará a 1.000 euros para las transacciones entre empresas y profesionales, según el anteproyecto de ley contra el fraude fiscal que ayer aprobó el Consejo de Ministros para iniciar su tramitación parlamentaria. El texto prohíbe las amnistías fiscales y la comercialización de los sistemas informáticos que permiten dobles contabilidades, procedimiento de defraudación generalmente detectado en actividades de servicios como el comercio y la industria.

Los pagos en efectivo (en billetes, moneda metálica o cheques al portador) están restringidos en España a un máximo de 2.500 euros cuando se trata de operaciones en las que al menos una de las partes es una empresa o un profesional. El Gobierno de entonces, del PP, siguió así los pasos de otros países que habían legislado en la misma dirección para acotar el riesgo de transacciones económicas opacas al Fisco. En los años siguientes, los sucesivos responsables de la política tributaria abogaron por endurecer el límite y bajarlo a los 1.000 euros. Es el que se fijará a partir de que se apruebe la nueva ley antifraude solo para los pagos entre empresas.

El anteproyecto que el Consejo de Ministros remite al Parlamento para su tramitación como ley incorpora también la prohibición de las amnistías fiscales. "No se volverá a perdonar a los incumplidores", subrayó ayer la responsable de Hacienda, María Jesús Montero tras el Consejo de Ministros. La última amnistía tributaria se aprobó en 2012, con el PP en la Moncloa. Antes, los gobiernos socialistas de Felipe González impulsaron otras dos (1984 y 1991).

La regulación ideada por Hacienda veta también el llamado software contable de doble uso, que permite a las empresas ocultar parte de su actividad, y abre paso también a regular nuevos métodos de valoración de inmuebles, un asunto de relevancia para determinar las bases imponibles de varios impuestos y que ha generado una alta litigiosidad en los tribunales.

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