A la pesquera canaria Freiremar se le empezaron a enquistar los problemas cuando la banca, en verano de 2013, le denegó un préstamo de "liquidez adicional" por importe de diez millones de euros. Tardaría apenas un par de meses en solicitar preconcurso de acreedores y, en octubre, lanzó un expediente de regulación de empleo (ERE) extintivo para 296 trabajadores en 23 centros de toda España, el 80% de su plantilla distribuida entre Canarias (Las Palmas de Gran Canaria, Santa Cruz de Tenerife y Arrecife), Galicia, Murcia, País Vasco, Barcelona, Madrid, Alicante y Panamá. Dio comienzo entonces una larguísima batalla judicial en la que, primero, se declaró nulo aquel ERE; después, la compañía ejecutaría otro ya en situación concursal, con salarios de tramitación e indemnizaciones pendientes de abonar durante años. La Sala de lo Social del Tribunal Supremo ha estimado ahora un recurso de casación impuesto por la representación legal de la plantilla. La Audiencia Nacional deberá fijar "el importe de los salarios adeudados" a los trabajadores entre el 15 de octubre de 2014, cuando el ERE fue declarado nulo por la Audiencia Nacional, hasta el 13 de junio de 2016, cuando el juzgado número dos de lo Mercantil de Las Palmas acordó la extinción de contratos con 20 días de indemnización con un máximo de 12 meses.

"Lo decisivo para que anulemos el auto de la Audiencia Nacional que se recurre [se había declarado no competente para cuantificar los pagos] no es que declaremos que ha existido una readmisión irregular [...] sino que el contrato de trabajo no estaba extinguido cuando el Juzgado de lo Mercantil dicta su auto extintivo", concreta el fallo, firmado por los magistrados María Luisa Segoviano, Rosa María Virolés, Concepción Rosario Ureste, Juan Molins y Antonio Sempere (ponente).

De hecho los recurrentes ya advertían la posibilidad de que no fuese posible una readmisión. Buena parte de los centros afectados por el ERE nunca volvieron a estar operativos. La sentencia es clara y excluye "la posibilidad de condena a la readmisión o al abono de indemnización".

Fundada en los años setenta de la pasada centuria por el empresario de origen gallego Manuel Freire Veiga, la pesquera con sede en la capital grancanaria ha continuado operando con el objetivo de blindar su recuperación. Tal es así que en 2018, en la última memoria anual depositada en el Registro Mercantil, apuntaba un volumen de ventas de cerca de 25 millones de euros, con un resultado final negativo de algo más de cuatro millones. En el mismo documento ya incluía el importe consignado para abonar pagos a trabajadores, por algo más de 5,8 millones, como resultado de acuerdos transaccionales (pactos extrajudiciales de despido, que normalmente incluyen una cláusula de renuncia a futuras demandas judiciales). También otros 2,9 millones del "resto de sociedades participantes", sin concretar a cuáles se refiere.

En el balance de 2018 Freiremar eleva su flota a once barcos en propiedad "y un número variable de barcos en régimen de administración". En el momento en el que acudía sin éxito a banca para refinanciar sus créditos, presumía de una flota congeladora de 35 buques, de los que el grueso tenían puerto base en las Islas y el resto amarra en Vigo, y otros 26 en régimen de administración que faenan en los principales caladeros del mundo.