08 de octubre de 2020
08.10.2020

El Covid-19 a la luz del Informe Anual de la OCDE

07.10.2020 | 23:56
El Covid-19 a la luz del Informe Anual de la OCDE

A quién corresponde soportar, en mayor medida, el coste de la crisis generada por esta profunda y prolongada crisis vírica es el objeto de numerosas investigaciones en marcha. Coinciden en señalar la necesidad de aprovechar la circunstancia para que sean precisamente los minoritarios beneficiarios de la catástrofe quienes más contribuyan a mitigar el derrumbe de las expectativas vitales y laborales de la inmensa mayoría, colaborando así en el loable propósito de evitar el incremento de la escandalosa desigualdad ya existente en la sociedad, al tiempo que se involucran en el proceso de reconstrucción del sistema económico. Hay que reconstruir, pero toca reconstruir mejor.
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) presenta anualmente una publicación que proporciona una interesante información comparativa sobre las reformas introducidas en la tributación de los diferentes países miembros del organismo, así como una visión general sobre las tendencias más recientes. La edición de este año, sin embargo, está dominada por la atención otorgada a las medidas específicas y de carácter excepcional adoptadas mayoritariamente, dentro de su diversidad, por los países de la OCDE como respuesta a la crisis general motivada por el Covid-19. La pandemia se hace así presente, de forma directa o o indirecta, a lo largo de las 125 páginas del informe.
La heterogeneidad económica, social y política de los diferentes países de la OCDE impide generalizar los paquetes de medidas adoptados, pero a la vez su amplitud –el número de países– obliga a descartar un análisis específico país a país, por lo que recogeremos, evitando las excepciones, las medidas adoptadas mayoritariamente en los países más próximos a nuestro entorno geográfico y de mayor similitud sociocultural.
La primera observación señala que el efecto devastador del Covid-19 ha alterado radicalmente las políticas de estímulos más usuales y que las respuestas se han centrado, fundamentalmente, en proporcionar liquidez en el marco de una política de contención que tuvo como destinatarios finales a las empresas, los hogares y el ámbito sociosanitario a fin de lograr una triada de objetivos: mantener la actividad productiva y la renta de los ciudadanos al tiempo que se combatía la pandemia.
Las medidas de apoyo a las empresas se sustanciaron en el objetivo de conseguir el restablecimiento del flujo de caja (casi flow) según señala Angel Gurría, secretario general de la OCDE, a través de medidas de política fiscal: extensión de los plazos de presentación de impuestos, diferimiento de su pago, disposiciones para compensación de pérdidas y ciertas exenciones impositivas. En casos se han introducido medidas para ayudar a las empresas a mantener sus trabajadores ( políticas finalistas de mantenimiento de empleo).
La mayoría de los apoyos a la renta de los hogares ha tomado la forma de incrementos en las prestaciones en efectivo para los hogares más vulnerables y directamente afectados por la crisis, al tiempo que muchos países ampliaron el acceso a la protección por baja por enfermedad o desempleo y simultáneamente suavizaron los requisitos exigidos para su prestación. (Más de un tercio de los países de la OCDE han ampliado la cobertura de los beneficios por desempleo).
Más allá de las medidas tendentes a mitigar el impacto de la crisis, se tomaron decisiones para reforzar la atención al paciente y reducir la presión sobre los sistemas de salud.
En algunos países estas acciones se complementaron con estímulos de carácter fiscal a fin de incentivar tanto el gasto como la inversión en sectores relacionados con el ámbito de la salud y en otros (no muchos) se realizaron inversiones y apoyo financiero directo en el sector de la salud con el fin de reforzar su resiliencia.
El Informe de la OCDE contiene un gráfico explicativo (tabla 4.1; página 111) que presenta un marco por fases de la acción de las políticas públicas vinculadas a los diferentes momentos de la situación pandémica desde su brote a su control definitivo.
La linealidad y el carácter secuencial presentes en el mismo, de ser una representación verosímil de la realidad, habrían facilitado, obviamente, la aplicación por fases de las políticas de contención y de reconstrucción del tejido económico y social violentado por la pandemia. Sin embargo y lamentablemente, la profundidad de sus efectos, su alargamiento en el tiempo, los rebrotes y las potenciales olas sucesivas pandémicas están alterando el calendario de contención inicialmente previsto lo que ha impedido una vuelta a la denominada normalidad y obliga a la permanencia de una situación que al penalizar los comportamientos esenciales de una economía moderna: movilidad, interacción social, etc, condiciona la salida de la crisis sobre la que abre un marco de gran indeterminación temporal.
Un escenario que por acumulación incluye también las acciones prepandemia aplazadas en muchos países –modificaciones tributarias que comportaban la creación de nuevas figuras impositivas o su modificación–, al tiempo que las fases de contención y reconstrucción se solapan provocando un insoportable crecimiento del gasto fundamentalmente consuntivo con un exigente esfuerzo financiero que puede comprometer los fondos necesarios para la restructuración de las economías.
Una gran complejidad que exigirá una profunda reflexión estratégica y una acertada elección de los proyectos a presentar en la Unión Europea así como un trade off finalista entre gastos destinados al consumo y a la inversión –Andreu Más Collel cifra en no menos del 40% el porcentaje dedicado a la inversión– y evitar a la vez el riesgo que puede representar un endeudamiento público excesivo, manejable en el corto plazo pero peligroso en la medida que pueda comprometer la estabilidad fiscal en el futuro.
Así que pasados los momentos iniciales el incremento de la presión fiscal será inobjetable. Y, aún en el caso de una mutualización de una parte del coste de la pandemia y el concurso de las sustanciales ayudas europeas, la contribución de los propios países se convertirá en una exigencia inexcusable.
Una contribución, exigente para cada país pero que necesita de un papel protagonista de la Unión Europea en una acción coordinada a fin de lograr un mayor grado de armonización tributaria, detener la competencia fiscal intraestados y dentro de la UE, activar la lucha contra el fraude y la elusión fiscal y particularmente lograr una tributación más justa de las compañías altamente digitalizadas y los gigantes tecnológicos que debería de quedar vinculada a los lugares en los que crean valor y obtienen sus beneficios.
Por todo ello y además de la necesidad de actuar sobre las figuras mas tradicionales –impuesto de sociedades, impuestos al consumo, etc– y de retocar la progresividad de los sistemas, debería de considerarse la oportunidad de recoger las propuestas de algunos de los economistas actuales más influyentes, con una copiosa y acreditada obra sobre temas como la desigualdad y los paraísos fiscales, que propugnan la necesidad de establecer, durante tiempo limitado, un impuesto sobre la riqueza al 1% de las personas más ricas al objeto de crear un fondo de rescate para ayudar a los mas desfavorecidos. (En Francia, Alemania, España y Escandinavia el 1% de los más ricos tiene entre un 20–25% del total de la riqueza. Saéz and Zucman,2020).
Una consideración semejante y en el marco de un trabajo más amplio sobre digitalización y la elusión fiscal, se debe a Ricard Collier con su propuesta de los denominados impuestos sobre ganancias excesivas o imprevistas, que tipifican aquellas ganancias exorbitantes obtenidas por un número de gigantes tecnológicos frente al colapso de la casi totalidad de la población y que no se habrían producido en circunstancias normales; producto por tanto de la situación derivada de la crisis pandémica y de la destrucción o baja actividad de los competidores y de su acomodación más fácil a los nuevos hábitos obligados por la crisis. (Collier R y otros, 2020). Estaríamos hablando no ya de quiénes no han sufrido con la crisis sino de quiénes se han beneficiado de la misma.
Desde una perspectiva menos académica pero con capacidad de influencia política en las instituciones de la UE, el Informe Justicia tributaria para incentivar la recuperación post-pandémica del Grupo de la Alianza Progresista de Socialista & Demócratas (S&D) en el Parlamento Europeo recoge, también, una parte representativa de las propuestas anteriormente relatadas.
Así que la fase de reconstrucción que necesariamente debe significar no una vuelta a la situación prepandémica sino "reconstruir mejor" (build back better) va a tener que abordar el enorme reto de la transformación digital, la transición energética, el robustecimiento de la industria y las grandes inversiones necesarias en sanidad y educación en un escenario caracterizado por la lenta recuperación de los parámetros de crecimiento. –Carmen Reinhart, economista-jefe del Banco Mundial lo sitúa en cinco años– y un" crecimiento de la desigualdad". (Oliver Blanchard, execonomista-jefe del FMI).
Un reto que por buscar un precedente quizás podríamos encontrarlo, referido a nuestro país, en las décadas de finales de 1950 y principios de 1960 del pasado siglo, cuando iniciamos nuestra apertura al exterior y la consecuente transformación de nuestro sistema económico. Un reto que necesitaría un amplio pacto social y político del que por desgracia parece que actualmente estamos en sus antípodas.

(*) economista

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