El gasto en pensiones ha roto todos los registros. Lo ha hecho en medio de una pandemia mundial, con las arcas del Estado en mínimos y a las puertas de una nueva reforma del sistema auspiciada por Bruselas. Y lo ha hecho con más intensidad si cabe en Canarias. La Seguridad Social desembolsó el último mes casi 308,6 millones para pagar la nómina de los pensionistas isleños. Se trata de la mayor suma de siempre, un máximo que también se registra en el conjunto del país, aunque con un matiz: el gasto crece en la Comunidad Autónoma a mucha más velocidad que en España.
Las pensiones contributivas, es decir, las que perciben quienes durante su vida laboral cotizaron a la Seguridad Social un mínimo de 15 años, ya suponen un desembolso mensual de más de 9.900 millones. El gasto se ha incrementado así un 2,3% en el último año. Una sensible subida que, sin embargo, es aún mayor en el Archipiélago, donde la factura se ha disparado un 3,8%, un punto y medio por encima del dato nacional. Es en este contexto, agudizado por la crisis económica que ha traído consigo el coronavirus y por la consecuente caída de los ingresos públicos, en el que el Gobierno central está ultimando la reforma del sistema que el próximo día 15 llevará a Bruselas. Será entonces cuando la Comisión Europea (CE) compruebe si España ha hecho o no los deberes para promover la contratación indefinida y para garantizar la sostenibilidad de las pensiones. Dos tareas fundamentales que Bruselas le encargó al Ejecutivo de Pedro Sánchez (le recomendó según la terminología de las autoridades comunitarias) y que ahora son urgentes. ¿Por qué? Porque la CE ya ha avisado a los Estados Miembros que en la solicitud de fondos para combatir los efectos de la pandemia no solo deben incluir los proyectos para los que piensan destinar el dinero, sino que también "deberían abordar" las recomendaciones de los técnicos de Bruselas. Dicho y hecho: entre los borradores que España enviará el 15 de octubre (los planes y proyectos definitivos pueden presentarse hasta el 30 de abril del próximo año) estará el de la encallada reforma del sistema de pensiones. Y el eje sobre el que pivotará esta reforma es retrasar la edad del retiro.
Así lo quiere el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, a quien el propio Sánchez le ha encomendado la reforma por más que Yolanda Díaz, la titular de la cartera de Trabajo, haya manifestado públicamente que prolongar la vida laboral es "el camino equivocado" para reequilibrar el sistema de pensiones. Sea como sea, lo cierto es que Escrivá le ha ganado el pulso a la representante de Podemos en el Consejo de Ministros y la idea del Gobierno es que los españoles se jubilen más tarde. El objetivo es que los trabajadores coticen más años para aumentar así los ingresos de la Seguridad Social, y para ello el Ejecutivo estatal intervendrá por medio de una doble vía: por un lado, desincentivando las jubilaciones anticipadas; por otro, incentivando a quienes llegada la edad del retiro estén dispuestos a seguir trabajando. Al final se trata de convencer a Bruselas de que el déficit del sistema de pensiones, un agujero por el que cada año se pierden unos 17.000 millones de euros, se irá corrigiendo en los próximos años.
En el caso de Canarias, el notable incremento del gasto en las pensiones contributivas (donde al margen de la de jubilación se incluyen también las de viudedad, orfandad, favor familiar e incapacidad permanente) no tiene tanto que ver con la subida de las pagas como con el extraordinario aumento del número de beneficiarios. Es decir, se debe sobre todo a que la población jubilada ha crecido muy por encima de lo que lo ha hecho en el resto del país. De hecho, la brecha entre lo que cobra un pensionista isleño y lo que de media percibe el resto de españoles no solo no se reduce, sino que se incrementa año a año.
De menos de 20 euros a casi 81
De menos de 20 euros a casi 81
El perceptor de una pensión de jubilación en España cobra cada mes una media de, exactamente, 1.166,72 euros, mientras que el jubilado canario ingresa 1.086,18 euros, 80 euros y 54 céntimos menos. Hace diez años, la diferencia era de 29,7 euros, y allá por enero de 2005, que es desde donde abarca la estadística de la Seguridad Social, de menos de 20 euros. Así pues, Canarias también tiende a alejarse cada vez más de la media nacional en lo relacionado con las pensiones, algo que también ocurre con los salarios o con el mismo PIB, dos variables que crecen menos que en el conjunto del país en períodos de bonanza económica y que se deterioran más y hasta mucho más en períodos de recesión o de crisis. En definitiva, claro que los jubilados isleños cobran más ahora que hace equis años, entre otras cosas porque las carreras laborales son más largas y porque la formación y los sueldos han mejorado, pero no es menos cierto que en el resto de España ese incremento de las pensiones ha sido aún mayor.
En cambio, la población pensionista sí que ha aumentado en Canarias a mucho mayor ritmo que en las demás comunidades autónomas. A lo largo de esta última década, el Archipiélago ha pasado de tener 242.707 perceptores de pensiones contributivas a tener 310.782. El incremento es, por tanto, de un 28%, mientras que en el conjunto del Estado no llega al 12%, menos de la mitad (de casi ocho millones de beneficiarios a menos de 8,9). Y en el último año ocurrió lo mismo: el número de pensionistas creció en el Archipiélago un 1,8%, mientras que en todo el país solo lo hizo un 0,16%.
El mayor gasto coincide ahora con la pandemia para acabar con el mito de que Canarias podría pagar a sus pensionistas sin la caja única nacional. Lo cierto es que las Islas son una de las regiones que más se benefician de los complementos a mínimos (lo que se les paga a quienes no llegan a la paga mínima hasta completarla) y, además, el notable incremento del paro y la no menos notable caída de las cotizaciones por el virus haría imposible cuadrar ingresos y gastos.
