26 de septiembre de 2020
26.09.2020

Confedetel y UGT exigen la supresión de las penalizaciones en la pensión

26.09.2020 | 00:11
Confedetel y UGT exigen la supresión de las penalizaciones en la pensión

A partir de mitad de los 90, Telefónica y otras muchas empresas con importantes beneficios en su cuenta de resultados, pusieron en marcha ajustes de plantilla con el fin de hacer frente, "según su versión", a la liberalización de los distintos sectores, que un nuevo marco competencial establecía.

Esto se tradujo en reestructuraciones de plantilla, mediante numerosos despidos colectivos con extinción de contratos por "causas económicas, técnicas, organizativas o de producción". Consecuencia de ello fueron decenas de miles de trabajadores afectados que se jubilaron o se jubilarán de forma anticipada con coeficientes reductores "injustos". "Estos son impuestos a trabajadores con largas carreras de cotización, procedentes de dichos despidos colectivos y sucesivos Expedientes de Regulación de Empleo (ERE), siempre a iniciativas de las empresas. Empresas de sectores como la Naval, la Siderúrgica, la Banca, etcétera, siguieron caminos parecidos", aseguran desde la Confederación Estatal de Asociaciones y Federaciones de Prejubilados y Jubilados de Telefónica y la Unión de Jubilados y Pensionistas de UGT.

Los trabajadores pasaban a situación de prejubilados con una edad que iba desde los 52 a los 61 años, obligados a extinguir su relación contractual con la empresa, "sin expectativas de ingresar de nuevo en la vida laboral activa" a la espera de percibir una pensión de jubilación a la edad reglamentaria.

Estos miles de trabajadores "no tenían otra elección que acogerse a la prejubilación a la que estas empresas les instaba y esperar a que le llegara la edad de jubilarse anticipadamente de forma forzosa, ya que a partir de ese momento, la única prestación posible era precisamente la pensión penalizada", denuncian.

Hay que destacar que esta penalización fue del 8% por cada año adelantado, para aquellos mutualistas que se tuvieron que jubilar con 60 años de edad y una reducción total de su pensión de un 40% "sin que se tuvieran en cuenta sus largas carreras de cotización", mientras que varía entre un 7,5% y un 6% anual para los que fueron despedidos por ERE, "según sea su cotización acreditada menor de 38,5 años o mayor de 44,5 años".

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