No puede haber rescate del sector turístico sin la autorización de Bruselas, y a Bruselas no ha llegado solicitud alguna de España en ese sentido. La propia vicepresidenta de la Comisión Europea (CE) en materia de Competencia, Margrethe Vestager, así lo corrobora en respuesta a una pregunta del eurodiputado de Ciudadanos José Ramón Bauzá, expresidente del Govern balear. El Gobierno de Pedro Sánchez no está por la labor de dar subvenciones directas a las empresas del sector y ni siquiera parece dispuesto a concederles rebajas de impuestos, de ahí que no haya tenido que pedir permiso a las autoridades comunitarias. Es cierto que Bruselas está al tanto de los más de 25.000 millones de euros que el Estado ha puesto a disposición de las empresas turísticas hasta la fecha, pero ninguna de las varias vías de auxilio (desde los ERTE por fuerza mayor hasta los avales del Instituto de Crédito Oficial) constituye una ayuda de Estado propiamente dicha. Y son las ayudas de estado las que deben contar sí o sí con la autorización de Europa y las que supondrían un auténtico plan de rescate a la primera industria nacional y regional.

La ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, reconoció en una entrevista con este diario que apenas hay margen para bajar impuestos a los hoteles y demás empresas del sector. Así pues, todo parece que la única posibilidad de que la actividad se beneficie de rebajas tributarias depende de que Ciudadanos (Cs) las exija a cambio de su apoyo a los presupuestos generales del Estado. Sin medidas de alivio fiscal directas y específicas, el Gobierno central tampoco ha optado por darles subvenciones, con lo que hasta el momento no se ha saltado la normativa europea sobre ayudas de estado. ¿Y qué son las ayudas de estado? Pues toda transferencia de fondos públicos a determinadas empresas o sectores, incluidas las rebajas tributarias, que pueda dar lugar a una ventaja competitiva. Por eso están prohibidas, porque se trata de evitar que España, Francia, Portugal o Italia dopen a sus empresas a costa de la sana competencia en el mercado europeo.

Aunque es cierto que la pandemia ha obligado a Bruselas a flexibilizar el Régimen de ayudas de estado, y de hecho la CE ha autorizado ya planes específicos en favor del turismo y del transporte en países como Francia o Polonia que efectivamente incluyen este tipo de ayuda, este no es el caso de España. Ni los planes de sostenibilidad turística, ni las ayudas a la digitalización del sector, ni el fondo para la competitividad son ayudas de estado, como tampoco lo son los avales del ICO, los ERTE por fuerza mayor o la prestación por cese de actividad de los trabajadores autónomos. Instrumentos que aunque han sido mayoritariamente usados por empresas del ramo (lo que hasta cierto punto es lógico por su mayor peso en el tejido productivo), no son específicos para el sector turístico. En definitiva, el Estado está ayudando, sí, pero no por medio de un plan de rescate que lo obligue a solicitar el permiso de Bruselas. Es más, en la hoja de ruta del Ejecutivo de PSOE y Podemos no está hacerlo, de ahí que "las autoridades españolas" no se hayan "puesto en contacto con la Comisión para solicitar un régimen específico de ayudas al sector turístico", tal como Vestager le transmitió a Bauzá en un escrito que ayer adelantó El Mundo.

En este sentido, el plan de recuperación para Canarias que el Ministerio está ultimando, y que en principio debe presentarse el próximo 31 de octubre, no requiere la autorización de Bruselas, ya que tampoco incluirá ayudas de estado. España intenta huir por todos los medios de rebajas fiscales que mermen aún más las ya de por sí depauperadas arcas públicas, y las subvenciones específicas para los hoteles y demás negocios del ramo ni siquiera están sobre la mesa. Tampoco para el caso de Canarias por más que sea la Comunidad Autónoma más duramente castigada por la paralización del turismo internacional. Distinto es el caso de otros países que sí han optado por ayudas de estado, esto es, por el rescate directo del sector. El Gobierno polaco, por ejemplo, dará 193 millones de euros a sus empresas para que estas puedan devolver a los clientes el dinero que pagaron en su día por vuelos o paquetes vacacionales cancelados por la pandemia. Esto sí constituye una ayuda de estado en toda regla, puesto que hay una transferencia directa de fondos públicos al sector privado, lo que no ha obstado para que Bruselas autorice la inyección de fondos.

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