24 de septiembre de 2020
24.09.2020

El abogado de Binter mantiene que los acusados llegaron a creerse "impunes"

La parte denunciante cree que en un asunto tan grave no caben atenuantes | Miguel Concepción declinó ayer hacer una última declaración tras su acuerdo con la Fiscalía

24.09.2020 | 00:51
Los tres acusados por la supuesta estafa al Ministerio de Fomento, Miguel Concepción y sus hijas Verónica y Eloísa, el pasado lunes.

El empresario y presidente del CD Tenerife, Miguel Concepción, no quiso ayer hacer ningún tipo de manifestación después de que su abogado defensor y los de sus hijas llegaran a un acuerdo con la fiscal, Jezabel Criado, para aceptar una pena de doce meses de prisión por un delito de estafa y reconocer ser el único autor directo de los hechos, mientras que sus hijas solo actuaron como meras transmisoras de las instrucciones a empleados de su compañía aérea, Islas Airways. La petición la formalizó el Ministerio Público durante la exposición de los informes finales, en la segunda y última sesión del juicio que se ha seguido contra Concepción y sus hijas Eloísa y Verónica por presunta estafa cometida en la gestión de la compañía aérea Islas Airways, que en 2012 se declaró en concurso de acreedores. Cuatro peritos testificaron ayer y explicaron que, de los dos millones de pasajes remitidos al Ministerio de Fomento, se hizo un muestreo con 5.000 y el resultado se extrapoló al resto. El letrado de Binter, la acusación popular y denunciante del caso, afirmó que en este asunto tan grave no caben los atenuantes y criticó que los acusados hubo un momento en que se creyeron "impunes"

Los hechos ocurrieron entre los años 2008 y 2011. Y el pasado lunes, Miguel Concepción admitió que era quien tomaba las decisiones, por lo que la citada fiscal rebajó la petición de condena de cuatro años a 12 meses por ese reconocimiento y porque hubo retraso en el proceso judicial.

La estafa consistió en cobrar al Ministerio de Fomento cantidades superiores a las que correspondían por la bonificación de las tarifas aéreas a los pasajeros residentes canarios, que en los vuelos interinsulares tenían en esos años un descuento del 50%, mientras que la administración pagaba a las compañías aéreas el resto, como informó ayer la agencia Efe.

Para la fiscal, se cometió un delito de estafa continuada y agravada y también pide que los acusados paguen 3,4 millones, que es la cifra que considera que corresponde por falsear los números de los ficheros para cobrar más de lo que correspondía. Ayer declararon cuatro peritos que llevaron a cabo la investigación y quienes dijeron que, sin la colaboración de Islas Airways, no se puede saber con exactitud la cantidad que pagaron los pasajeros. Explicaron que durante el periodo investigado dicha compañía aérea emitió unos dos millones de cupones de vuelo, de los que se hizo un muestreo de 5.000 y el resultado se extrapoló al resto.

La sobrefacturación la cuantificaron en algo más de 3,4 millones de euros. Según dichos especialistas, la denuncia que presentó la compañía aérea Binter, competidora de Islas Arways, fue importante para iniciar la investigación.

Las acusaciones particular y popular, ejercidas por la Abogacía del Estado y Binter, respectivamente, quieren que a la estafa se sume de forma alternativa el delito continuado de fraude en subvención, y elevan la cantidad dineraria a más de 7,4 millones de euros. El abogado de Binter comentó que, de no ser por esta empresa, no se sabría del engaño y rechazó que haya atenuantes en un caso grave, porque también se cometió "creyéndose impunes".

Los abogados de Concepción y sus hijas señalaron que se desconoce cómo Binter pudo saber que se había cometido el delito para presentar la denuncia y dijeron que no se trataba de subvenciones, ya que el beneficiario es el viajero y lo que hace la compañía aérea es recibir dinero por prestar un servicio. Además, citaron un acuerdo que hubo en un juicio por los mismos motivos que afectó a Air Europa con vuelos a Baleares, en el que también se llegó a una conformidad, pero en el que, remarcaron, no se condenó al consejo de administración.

Las defensas señalaron que han pasado más de ocho años desde que se presentó la denuncia, un retraso que no creen imputable a los acusados. Las acusaciones quieren que se tengan en cuenta acciones como liquidar a Fomento una tarifa completa cuando en realidad el pasajero obtuvo descuentos por programas de fidelización mediante puntos, y sobre facturaciones por liquidar billetes de la tarifa más cara a pesar de que "ni siquiera habían sido pagados por el pasajero, por ser comisiones de servicio de empleados".

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