El empresario Miguel Concepción Cáceres, presidente del Club Deportivo Tenerife, reconoció ayer ante tres magistrados de la Sección VI de la Audiencia Provincial que presuntamente fue el único autor directo de la presunta estafa que la compañía aérea de su propiedad, Islas Airways, cometió ante el Ministerio de Fomento por el incremento artificial de las cantidades que debía percibir de la bonificación en los servicios regulares de transporte aéreo para los residentes canarios. Es decir, del precio de cada billete facturado, el Gobierno del Estado costeaba el 50% y presuntamente por parte de los acusados se utilizó ese beneficio a los ciudadanos del Archipiélago para tratar de engañar a dicha administración. En su estrategia de defensa, Concepción asegura que sus hijas, Verónica y Eloísa, también procesadas en este caso, se limitaron a transmitir sus instrucciones a empleados de su sociedad mercantil para perpetrar el fraude. Es decir, que presuntamente actuaron como meras cooperadoras.
Estos argumentos se recogen en el acuerdo de conformidad al que la fiscal, Jezabel Criado, llegó con los tres abogados defensores. Sin embargo, no aprobaron ese pacto ni el abogado del Estado, que representa al Ministerio de Fomento, ni la acusación particular, que ejerce Binter, la compañía aérea que se consideró perjudicada por las acciones irregulares de su competidora directa en el mercado del transporte aéreo en Canarias.
La representante del Ministerio Público considera que en este proceso concurre la atenuante de dilaciones indebidas cualificadas, en la medida que la investigación de la Fiscalía por el mencionado delito comenzó en el 2011 y llegó al Juzgado de Instrucción un año después. Es decir, que los acusados deben ser reparados de manera parcial en la pena por el retraso que ha sufrido el asunto.
Sin testigos
El juicio al empresario y presidente del Club Deportivo Tenerife se inició ayer con la máxima expectación y estaba previsto que la vista continuara hoy y mañana. Sin embargo, el hecho de que la fiscal y los letrados defensores alcanzaran un acuerdo de conformidad (que implicó el reconocimiento de los hechos por parte de Concepción y sus hijas en los términos expuestos al principio), también propició que el abogado del Estado y el letrado de Binter estuvieran conformes con que no tuvieran que prestar declaración numerosos testigos del caso, sobre todo empleados y exempleados de Islas Airways en el momento en que se inició la investigación de los hechos. De esa manera, el juicio se ha reducido de manera considerable y se reanudará mañana con la declaración de los peritos.
Ayer, Miguel Concepción, Verónica y Eloísa decidieron declarar, pero solo respondieron a una única pregunta de Jezabel Criado, en relación a si se declaraban autores de los hechos tal y como consta en el acuerdo de conformidad alcanzado entre defensa y Fiscalía. Y la respuesta, como es evidente, fue "sí" en los tres casos. El resto de las partes renunciaron a preguntar. Mañana también habrá exposición de los informes finales, en los que se debatirá, por ejemplo, si concurre un delito de estafa agravada y continuada, como sostiene la Fiscalía, o bien un delito de fraude de subvenciones, como plantean Binter y la Abogacía del Estado.
También existen diferencias en las cuantías defraudadas. Para el Ministerio Público, la "sobrefacturación" de Islas Airways que puede considerarse delito asciende a 3.418.922,16 euros. Sin embargo, a juicio del abogado del Estado y de Binter, el conjunto de las cantidades irregulares percibidas por la compañía aérea de Concepción llegan a 7,4 millones.
¿Qué ha supuesto para Miguel Concepción y sus hijas llegar a un acuerdo de conformidad con el Ministerio Público? Si la fiscal pedía cuatro años de prisión para los tres, 11 meses de multa a 50 euros cada día y la devolución de los 3,4 millones de euros al Ministerio de Fomento; tras el acuerdo, la solicitud de pena por parte de Jezabel Criado y las defensas se sitúa en un año de cárcel para el empresario y seis meses para sus hijas; una multa de tres meses a 20 euros cada día para el presidente del Club Deportivo Tenerife y una sanción de 45 días a 20 euros cada jornada para Eloísa y Verónica, así como la misma responsabilidad civil (3,4 millones de euros que deben devolver al Gobierno del Estado).
Con esas penas de privación de libertad, ni Concepción ni sus hijas entrarán en un centro penitenciario, ya que la condena no supera los dos años y los tres procesados carecen de antecedentes penales previos. El delito de fraude en subvenciones que proponen el abogado del Estado y Binter contempla tres años de prisión para Miguel Concepción, lo que sí implicaría su ingreso en prisión.
La presunta comisión de la estafa por parte del empresario palmero de 66 años, donde sus hijas actuaron como colaboradoras, se produjo en los años en que el país estaba inmerso en una crisis económica internacional, que padecieron de forma muy seria muchas familias canarias y españolas. La cantidad defraudada cada año creció de forma progresiva. Así, en el 2008, el engaño al Ministerio de Fomento con la bonificación de pasajes a residentes canarios fue de 64.445,19 euros y de 98.575,33 al ejercicio siguiente. En 2010 se produce un crecimiento considerable, siempre según la Fiscalía, ya que la cantidad estafada subió a 428.019,86 euros. Y en 2011, se facturaron viajes de residentes canarios hasta posibilitar que Islas Airways ingresara del Estado 2.827.882,98 euros, a juicio del Ministerio Público.
