Hasta 23.754 empresas canarias han tenido que pedir el aval del Estado para conseguir liquidez. Son en su gran mayoría micropymes y pequeños negocios de trabajadores autónomos que de la noche a la mañana se quedaron sin ingresos por la pandemia. Los préstamos promovidos por el Ministerio de Asuntos Económicos han evitado el cierre de muchas de estas entidades pero también han enmascarado la situación de otras tantas empresas zombis, es decir, negocios condenados a la quiebra antes de la irrupción del coronavirus y que ahora se sostienen gracias al aval público. Es el precio a pagar por intentar salvar el tejido productivo de un hundimiento sin precedentes. Cuatro de cada diez empresas isleñas se han visto así obligadas a endeudarse mientras la apertura de nuevos negocios está en mínimos. Así pues, no solo son miles las entidades que lo están pasando mal, sino que, además, casi nadie se atreve a emprender en las actuales circunstancias. De hecho, el Archipiélago es la Comunidad Autónoma que más está sufriendo la paralización del tejido empresarial, hasta el punto de que es donde más ha caído el ritmo de creación de nuevos negocios.
Ante un horizonte con tantos nubarrones, no extraña la desconfianza con que las patronales provinciales, la CEOE-Tenerife y la Confederación Canaria de Empresarios (CCE), han reaccionado a las medidas de estímulo anunciadas por el Gobierno central. Aunque la pandemia ha afectado a todas las regiones, no ha afectado a todas las regiones por igual, y también la situación de las empresas así lo corrobora. En las Islas son muchas más las que han tenido que acogerse a los préstamos avalados por el Instituto de Crédito Oficial (ICO) y son muchos más los empresarios que han retrasado la apertura de nuevos negocios en espera de tiempos mejores. El enorme peso del turismo en la economía regional, un turismo hoy casi inexistente, se ha vuelto en contra del estado de bienestar sin apenas tiempo para reaccionar.
En Canarias hay 57.834 empresas inscritas en la Seguridad Social, con lo que hasta un 41% ha recurrido a los créditos blandos de la línea de avales del Estado. Solo en Extremadura (44%) y Cataluña (45) el porcentaje es incluso mayor. De los 100.000 millones de euros en avales públicos, esas casi 24.000 entidades isleñas han arañado 2.707, lo que les ha permitido obtener financiación por un montante de 3.535 millones, según los datos del Ministerio de Nadia Calviño. Se trata fundamentalmente de empresas del sector del turismo y el ocio. Pese a que esta inyección de liquidez era imprescindible para evitar un daño aún mayor al tejido productivo, también tiene efectos secundarios. El Banco de España ya ha advertido que las operaciones deben hacerse con negocios viables y no con empresas zombis, a las que se estaría manteniendo en vano con los créditos blandos y los ERTE por fuerza mayor. El número de entidades zombificadas, cuyos beneficios no les alcanzan ni para cubrir el coste de su deuda (de ahí que sobrevivan refinanciándola y de ahí la necesidad de afinar bien con los avales públicos), es desconocido, pero está en torno al 10% del total. En España el asunto ha pasado de puntillas, pero en Alemania el debate sobre la conveniencia o no de dejar morir a estos negocios está de actualidad después de que el Gobierno Federal amnistiara a las empresas zombis al inicio de la pandemia. Allí están obligadas a declararse en quiebra, pero la obligación quedó en suspenso hasta finales de este mes.
En todo caso, el problema para el tejido productivo canario no está solo en las empresas en dificultades, sino también en las que no se han puesto en marcha por el coronavirus. El Archipiélago es la autonomía en que más se ha frenado la creación de sociedades mercantiles, que cayó otro 24% en agosto.
En cuanto al empleo, Coalición Canaria (CC) pidió ayer al Gobierno de Pedro Sánchez, dado lo extraordinario de la situación, que modifique cuanto antes la normativa para que los trabajadores en ERTE (83.500 en las Islas) sigan cobrando el 70% de su base reguladora, ya que a los seis meses el porcentaje baja al 50.
