10 de septiembre de 2020
10.09.2020

Octubre avecina un aluvión de desahucios

La suspensión de los desalojos decretada por el Gobierno central termina el próximo día 2 y no puede prorrogarse por decreto ley

09.09.2020 | 23:26
Un instante del desalojo de una familia pese a la suspensión de los desahucios por el virus.

O se encuentra una solución in extremis o en los próximos meses se desatará un aluvión de desahucios. El 2 de octubre termina la suspensión de los desalojos decretada por el Gobierno central durante el estado de alarma, una decisión que el Ejecutivo no puede prorrogar por decreto ley. A menos de un mes de la fecha de caducidad, expertos y oenegés advierten de que la situación preocupa de forma especial en Canarias, donde los efectos de la pandemia en la economía y el empleo son especialmente graves por la enorme dependencia del turismo, la actividad más perjudicada por el coronavirus. Decenas de miles de familias isleñas se han visto de repente con una importante reducción de sus ingresos (aún hay 83.500 trabajadores en suspensión temporal de empleo) o directamente sin ingresos, como es el caso de quienes se desempeñan en la economía sumergida. Así pues, a los desahucios paralizados en el Archipiélago por la intervención del Estado se suma el cada vez mayor número de hogares que no puede pagar el alquiler o la hipoteca.

El Gobierno central aprobó dentro del llamado escudo social contra la pandemia la suspensión temporal de los desalojos de familias en especiales dificultades, como en los casos, por ejemplo, de quienes se quedaron en el paro o acabaron incluidos en un ERTE por la crisis de la Covid-19. Sin embargo, las consecuencias socioeconómicas del virus se sufrirán mucho más allá del 2 de octubre, y el margen de maniobra del Ejecutivo no es ahora el mismo que en el estado de alarma. El doctor Gerardo Pérez Sánchez, profesor de Derecho Constitucional en la Universidad de La Laguna, explica que si ya hubo dudas sobre la viabilidad jurídica de aprobar esta medida en forma de decreto ley estando en alarma nacional, ahora en modo alguno es posible prorrogarla por esa vía. ¿Por qué? Porque el decreto ley no puede entrar en los derechos fundamentales, materia reservada a ley orgánica, y la paralización de los desalojos afecta al derecho fundamental de la tutela judicial efectiva, en este caso la del arrendador que, por ejemplo, tenía fecha para recuperar su propiedad y de momento no ha podido hacerlo. Distinto es que los poderes públicos tengan el "mandato constitucional", puntualiza el doctor, de buscar una solución a los problemas de vivienda de la sociedad, por más que las políticas en esta materia hayan sido hasta el momento "desastrosas".

En cualquier caso, es a ese mandato constitucional al que se aferran en las oenegés, que son las que cada día ven de cerca los problemas de tantas familias para poder pagar el recibo de la casa. Es cierto que el escudo social del Estado incluyó moratorias en los alquileres, pero en el caso de los pequeños propietarios que viven de arrendar su segunda residencia, la moratoria solo se concede con su consentimiento. De no ser así, al inquilino solo le quedan dos vías: pedir un préstamo sin intereses al Estado o pedir una ayuda directa. Y de todas maneras, el aplazamiento se circunscribe a los casos de quienes han visto empeorar su situación económica por la pandemia, con lo que solo puede solicitarse hasta el próximo día 30. Sin posibilidad de moratoria desde ese día y sin suspensión de los desahucios desde 48 horas después, la situación amenaza desembocar en la que siguió al crac financiero de 2007, cuando las imágenes de desalojos inundaron las televisiones. "La situación es grave, compleja, y deja a las Islas en franca debilidad", expone el presidente de Cruz Roja en Canarias, Antonio Rico.

Rico hace hincapié en que el mayor número de familias canarias amenazadas por desahucios obedece, como en general los mayores índices de pobreza o de exclusión social, a los eternos problemas de distribución de renta que padece la Comunidad Autónoma. "No olvidemos que con casi 16 millones de turistas hemos tenido un 18% de paro", subraya el máximo representante de Cruz Roja en la región, que cree que al margen de "parches", el problema de la vivienda exige una solución "estructural". Mientras no sea así, los desahucios se dispararán a cada nueva crisis.

En cuanto a los próximos meses, Rico confía en que el ingreso mínimo vital se ponga en práctica de manera efectiva (de momento solo está llegando a una minoría de los potenciales beneficiarios) para que al menos parte de las familias amenazadas pueda seguir pagando el alquiler o la hipoteca.

Por su parte, el delegado en Canarias de la Asociación Profesional de Expertos Inmobiliarios (APEI), Isidro Martín, espera que el Gobierno esté "ojo avizor" a lo que se avecina. "Es evidente que no podemos ir en contra de la ley, pero todos debemos ser conscientes de la situación; es necesario ser muy flexibles en los próximos meses", ahonda. De hecho, Martín precisa que los arrendadores, "salvo alguna oveja negra", están siendo "flexibles", pero recuerda que muchos son pequeños propietarios que en ocasiones están en tantas dificultades como sus inquilinos. "Hay que pensar también en el propietario que necesita esa pequeña renta para vivir y que también está en ERTE; en definitiva hay que actuar con cuidado para evitar un cataclismo", agrega.

Compartir en Twitter
Compartir en Facebook