Sin límites y sin letra pequeña. Canarias quiere que los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) por fuerza mayor se prolonguen hasta el fin de la crisis. El presidente del Ejecutivo autonómico, Ángel Víctor Torres, ya venía insistiendo en que el Gobierno central debe mantener en vigor este tipo de ERTE, creado ad hoc para evitar una destrucción de empleo masiva por el coronavirus, el tiempo que sea necesario, pero ayer dejó claro que lo necesario es todo lo que dure la actual coyuntura socioeconómica. "Es crítico que esto sea recogido en Madrid", remató el secretario general de la división tinerfeña de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), Eduardo Bezares.

Bezares y José Cristóbal García, su homólogo en la Confederación Canaria de Empresarios (CCE), la patronal de la provincia de Las Palmas, se reunieron con Torres junto con los representantes de los sindicatos para cerrar el documento que se elevará a Madrid con las propuestas de la Comunidad Autónoma. No en vano, la de la prolongación de los ERTE es una partida que se juega en dos tableros: el nacional y el regional. En el ámbito estatal, la patronal, los sindicatos y los Ministerios de Trabajo y de Seguridad Social, que respectivamente dirigen Yolanda Díaz y José Luis Escrivá, tuvieron ayer una primera toma de contacto que apenas sirvió para acordar que las negociaciones, en sentido estricto, comenzarán este jueves. La voluntad unánime es cerrar un acuerdo la próxima semana, y Canarias no está dispuesta a que nadie en Madrid pase por alto sus particularidades, de ahí la celeridad con que los agentes sociales de las Islas han pactado las propuestas que deberán tenerse en cuenta en las conversaciones a escala nacional. La Comunidad Autónoma ha hecho así su trabajo y la partida en el tablero regional ha concluido sin contratiempos y con un acuerdo histórico, por la rapidez con que se ha conseguido, entre Ejecutivo, empresarios y trabajadores. Un acuerdo con un doble eje: los ERTE tienen que continuar en el Archipiélago sine die (si no hubiera consenso en Madrid, caducarían el próximo día 30) y sin excluir a ningún sector o actividad económica. Es decir, no solo para las empresas y empleados del turismo.

Los ERTE por fuerza mayor son un tipo de expediente temporal de regulación que cubre las cuotas empresariales de los trabajadores afectados, a quienes los meses en esta situación no les computan a efectos del paro y de su futura pensión. Son, en definitiva, una fórmula para evitar despidos masivos por la paralización de la actividad económica. Si el Estado dejara de inocular esta anestesia a las empresas, los 85.000 trabajadores isleños incluidos en estos ERTE (llegaron a ser más de 200.000 durante el confinamiento) acabarían en el paro. El propio Pedro Sánchez dijo ayer que son 700.000 los ocupados que están en ERTE por fuerza mayor en todo el país, con lo que los 85.000 canarios representan un 12%. ¿Por qué el Archipiélago es, con Baleares, la región que más ha tenido que usar esta herramienta? Pues por el extraordinario peso del sector turístico en su economía, con diferencia el más castigado por la propagación del virus y el cierre de fronteras. Teniendo esto en cuenta, es "obvio, objetivo y justo", enfatizó Torres, prorrogar estos expedientes.

Así pues, los ERTE por fuerza mayor serán fundamentales para al menos paliar "la grave situación a la que nos vamos a enfrentar en los próximos meses", subrayó José Cristóbal García. Tan es así, agregó el secretario general de CCOO en las Islas, Inocencio González Tosco, que la economía canaria "se juega la existencia de miles de empresas y decenas de miles de puestos de trabajo" en lo que se decida en Madrid. Máxime cuando un buen número de negocios, tal como recordó Pedro Martínez, representante de la gestora que dirige UGT en la Comunidad Autónoma, ya estaba en una "difícil" situación por la desaceleración de la economía antes de la irrupción de la Covid-19.

Para la región es también clave que todas las empresas puedan acogerse a estos ERTE, inicialmente pensados para las más dependientes del negocio turístico, como las de hostelería. En este sentido, el presidente canario apuesta por que cada autonomía, en su respectiva Dirección General de Trabajo, defina "qué es turismo", de modo que la industria isleña, muchos de cuyos productos los consumen los turistas, no quede al margen de esta ayuda. De entrada, en esto Canarias tiene el apoyo de la CEOE, la patronal nacional, cuyo presidente, Antonio Garamendi, defendió ayer la importancia de "no discriminar" sectores de actividad.

La otra gran demanda es que los trabajadores que lleven seis meses en ERTE no pasen a cobrar el 50% de la base reguladora, como estipula la normativa, sino que el porcentaje se mantenga en el 70% por la excepcionalidad de la coyuntura.