El anuncio de conversaciones de fusión entre CaixaBank y Bankia ha causado pronto discrepancias entre dirigentes del PSOE y de Podemos, los dos socios del Gobierno. Las explicaciones más claras por parte de la formación morada fueron las de Nacho Álvarez, secretario de Estado de Derechos Sociales y responsable de economía de la formación, que habló de "noticia preocupante". Por el contrario, el líder del PSC, Miquel Iceta, dijo ver el movimiento con "simpatía" porque él es partidario de la "cooperación" y de "construir entre todos para tener proyectos de envergadura". También al PP le agrada la operación.
La posición de Podemos siempre ha sido el apoyo a la creación de una banca pública potente y en competencia con el resto de entidades del sector. En ese modelo, Bankia debía haber sido la semilla para crear esa alternativa pública. En este contexto, Álvarez aseguró que si la fusión se concreta, supondrá una profundización en la concentración del sector bancario y tendrá un impacto negativo en el empleo.
Según el dirigente podemista, el Estado "no debe abandonar su participación en el capital, reprivatizando la entidad", en alusión a Bankia, que, recordó Álvarez, fue saneada gracias a 24.000 millones de euros públicos. En la misma línea, Anticapitalistas y Más País, formaciones escindidas de Podemos, exigieron al Gobierno que evite la "privatización encubierta" de Bankia, e incidieron igualmente en su rescate con dinero público.
Desde otro punto de vista, el PP considera que si la operación sale adelante sería una "noticia positiva" para la economía, en palabras de la vicesecretaria de sectorial de este partido, Elvira Rodríguez, quien pidió que todo se haga con "transparencia" y reclamó protección para los clientes y trabajadores de las dos entidades. A su juicio, España necesita un sistema financiero "fuerte, competitivo y bien gobernado", y este tipo de operaciones constituyen "una garantía" para que fluya el crédito y se logre un entorno de mayor solvencia.
Por su parte, desde la Generalitat, el vicepresidente del Govern, Pere Aragonès, advirtió de que estará "atento" para que, pese a la fusión, CaixaBank mantenga su "vinculación con las entidades financieras y el tejido productivo" de Cataluña. Y el nuevo conseller de Empresa, Ramón Tremosa, aseguró sobre las negociaciones para la fusión de Bankia y CaixaBank, que le gustaría que "Caixa Bank volviera a Barcelona".
Un hito
El presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, consideró que "sería un hito muy positivo para la Comunitat Valenciana" que la entidad resultante de la fusión entre CaixaBank y Bankia mantuviese su sede en Valencia, adonde trasladó la entidad catalana su domicilio social en 2017 en el contexto de la escalada independentista en Cataluña. Puig mostró su "respeto absoluto a las decisiones que tomen estas dos entidades privadas". "En los últimos días, el presidente de la Generalitat ha mantenido contactos con ambas entidades ante la posibilidad de una fusión de los dos bancos", informó el Ejecutivo valenciano.
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, dijo que "todo lo que sea o pudiera ser pérdida de empleo nos preocupa", en alusión a las negociaciones entre Bankia y CaixaBank para fusionarse. En declaraciones a RNE, Díaz Ayuso puntualizó que todavía no se ha valorado esta cuestión en el seno del Gobierno madrileño, que, afirmó también, tiene "poco poder de decisión" en este asunto. "Ahora cada entidad bancaria y empresa se va adaptando a las circunstancias sobrevenidas que estamos soportando", dijo Díaz Ayuso, quien deseo asimismo que "todo vaya bien" por el "beneficio de la economía, de los clientes y de las operaciones" que penden de las entidades. "Vamos a estar al lado de la colaboración público-privada, de la creación de empleo y ser firmes en esta prioridad de objetivos", concluyó.
El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida (PP), valoró positivamente la posible fusión. "Es una operación empresarial que cumple con las directrices que se están dando en la Unión Europea con la creación de entidades bancarias con solvencia suficientes", dijo el regidor madrileño. Álvarez Almeida subrayó que se trata de "dos grandes entidades" financieras y que su decisión es "pura y estrictamente empresarial".
