La Comisión Europea asignó ayer a España un préstamo de 21.300 millones de euros para costear las principales medidas del 'escudo social' contra el desempleo provocado por la crisis de la Covid. Un balón de oxígeno para financiar políticas como los ERTE o las prestaciones extraordinarias para los trabajadores autónomos. España será el segundo Estado miembro de la UE que más se beneficie del fondo conocido como SURE, por sus siglas en inglés. Solo por detrás de Italia, con 27.400 millones, según el planteamiento concretado ayer por la Comisión y que ahora debe ser debatido y rubricado por el Consejo Europeo. El monto total de préstamos del SURE asciende a 81.400 millones.

La inyección de liquidez aprobada por Bruselas viene a apuntalar el despliegue de recursos llevado a cabo desde el mes de marzo por los Estados europeos con el objetivo de proteger rentas ante la parálisis económica. España recibirá un total de 21.324,8 millones de euros de préstamos europeos. Queda pendiente por definir cuándo llegará -es probable que un primer pago llegue en otoño- y qué intereses tendrá que pagar el erario público. No obstante, la concreción de esa cifra permite un primer respiro a las tensionadas arcas españolas.

La cantidad asignada desde Europa equivale más o menos al desembolso que ha realizado España hasta ahora para poner en marcha el mecanismos de los ERTE. La barrera más extendida para blindar la cadena de pagos durante los meses de parálisis de la economía acumula un coste aproximado de 20.000 millones, entre las exoneraciones de cuotas a la Seguridad Social para las empresas y las prestaciones por desempleo para los trabajadores afectados asumidas por el SEPE.

Incremento de los gastos

En los meses de mayor parálisis -abril y mayo- cerca de 3,4 millones de trabajadores se vieron afectados por un expediente de suspensión. El progresivo levantamiento de las restricciones a la movilidad, la campaña turística de verano (fallida en varios destinos por los rebrotes de la enfermedad) y el sistema de incentivos habilitado desde la Seguridad Social para premiar en mayor medida a aquellas empresas que salieran progresivamente del ERTE han contribuido ha reducir significativamente la cifra de afectados. Según los últimos datos oficiales, la tercera semana de agosto un total de 843.000 trabajadores en España continuaban afectados por expedientes.

A los ERTE cabe sumar las prestaciones para casi un millón de nuevos parados, los cerca de 1,5 millones de trabajadores autónomos que hasta junio se beneficiaron de la prestación especial por cese de actividad o los subsidios especiales para trabajadoras del hogar. Y es que esa lista de gasto público sigue creciendo y queda por ver cuánto más lo hará.

La previsible cuarta prórroga de los ERTE comenzará a negociarse formalmente el 4 de septiembre y la patronal pide alargarla hasta primavera. Los agentes sociales también están ultimando junto al Gobierno los últimos flecos de un nuevo subsidio para 550.000 personas en paro que se hayan quedado sin prestación durante la pandemia. Pendiente de los últimos detalles, fuentes conocedoras de las conversaciones apuntan que esta nueva ayuda podría ser aprobada en el Consejo de Ministros del próximo 1 de septiembre.

La propuesta oficializada ayer por la Comisión Europea llega tras culminar el proceso de consultas en el seno de la institución liderada por la alemana Ursula von der Leyen. En el caso de España fue el primer país que la solicitó y situó su petición en torno a 20.000 millones.