Las restricciones impuestas para frenar la propagación de la epidemia del nuevo coronavirus y evitar el colapso de los hospitales han supuesto una hipoteca para la economía y las cuentas públicas que Canarias tardará más de tres años en pagar. Solo en los meses de abril y mayo -cuando estuvo plenamente vigente el estado de alarma, que fue decretado el 14 de marzo y se extendió hasta mediados de junio-, las Islas perdieron 37,2 millones de euros en recaudación de impuestos sobre la energía. Así consta en el informe Covid-19: Impacto sobre el consumo de energía y sobre la movilidad, elaborado por Corporación 5 con el patrocinio de Cepsa, cuyos datos permiten apreciar "la potencia de la crisis", destacó el presidente de la consultora, José Carlos Francisco.

La gran mayoría de la pérdida de ingresos tributarios relacionados con el sector energético correspondieron al impuesto sobre combustibles derivados del petróleo (35,6 millones de euros), que representa el 4,5% de los recursos presupuestados por la Comunidad Autónoma. La merma en la recaudación del tributo sobre la electricidad, por su parte, ha sido de 1,6 millones de euros. Según los cálculos realizados por Corporación 5 en los primeros compases de la crisis -y que se mantienen vigentes, apuntó Francisco-, Canarias perderá este ejercicio entre 500 y 700 millones en ingresos por el bloque de impuestos del Régimen Económico y Fiscal (REF), de los que entre 70 y 100 tienen que ver con los combustibles.

El informe realizado por la consultora se inscribe en su colección Papeles de economía canaria y revela el impacto que la crisis desencadenada por la pandemia ha tenido sobre la movilidad en Canarias, arrastrada en este aspecto por su condición archipielágica, unos efectos que aún se mantienen. Así, el 6 de abril los desplazamientos entre provincias cayeron al 2% en Santa Cruz de Tenerife y al 3% en Las Palmas en relación al momento inmediatamente anterior a la declaración del estado de alarma, según datos del Ministerio de Transportes. Tres meses después, la mayoría de las provincias españolas superaba el 100% -es decir, había más movimientos interprovinciales que antes de las restricciones-, mientras que en las canarias no alcanzaba ni siquiera el 50% (47% en la demarcación occidental y 48% en la oriental). En Baleares, también región insular, los desplazamientos suponían el 87% de los que se registraban previamente al 14 de marzo.

Las repercusiones de la pandemia y de las limitaciones de los movimientos se perciben con claridad en algunos datos: así, el 6 de abril de este año hubo 40 vuelos en el Archipiélago, mientras que en el mismo periodo de 2019 se contabilizaron 1.048. Esto, señala el informe, pone de manifiesto la "caída masiva del tráfico aéreo en los cielos europeos".

La extensión de los efectos de la crisis sobre el transporte aéreo dependerá, según el estudio, del tiempo de duración de la pandemia y de las posibles recaídas. De hecho, habrá compañías que no sean capaces de sobrevivir si el periodo se alarga demasiado, por lo que "toma especial relevancia el papel de los gobiernos". En este sentido, Corporación 5 cree necesario ir más allá de las medidas paliativas, dirigidas a afrontar los estragos de la crisis económica derivada de la sanitaria y aplicar otras "de impulso y estratégicas que hagan que la vulnerabilidad ante impactos negativos, tanto exógenos como endógenos, sea menor".

La dependencia del Archipiélago del turismo y, por tanto, de la conectividad aérea está provocando que los efectos de la crisis sean mayores que en otros territorios. Sin embargo, el responsable del informe y director de consultoría de Corporación 5, José Miguel González, recordó que "absolutamente todas" las regiones insulares de pequeño tamaño buscan especializarse en un sector en el que sean especialmente competitivos, caso del turismo en Canarias. "Sin esa especialización, las características micro y macroeconómicas serían incluso algo peores", advirtió.

En cuanto al transporte público, Gran Canaria (-93,3%) fue, después de Granada, el núcleo -ciudades o islas- donde más descendió el tráfico en España. En Tenerife, el retroceso fue del 89,5%, superado, dentro de Canarias, por Lanzarote, donde la disminución alcanzó el 91,1%. Todas las regiones analizados experimentaron bajadas que oscilaron entre poco menos del 80% y algo más del 90%. El uso del vehículo privado, por su parte, retrocedió alrededor de un 80% en el Archipiélago.

El estudio recoge una fuerte caída interanual en el consumo de productos petrolíferos en Canarias, del 56,7% de media en abril y del 51,4% en mayo. La demanda de energía eléctrica se redujo un 21,5% en el primero de esos meses y un 19,5% en el segundo en relación al año anterior.

La reducción del movimiento de mercancías y el tránsito de viajeros y el cierre de los hoteles han repercutido en el descenso del consumo y la generación eléctrica en las Islas, con una sola excepción, El Hierro, que a causa de su sistema específico registró un aumento de la disponibilidad de electricidad de entre el 9% y el 11% en abril y mayo . Los territorios insulares que se vieron más afectados fueron Fuerteventura y Lanzarote, "enormemente dependientes del turismo", seguidas por Tenerife. +

Electricidad más barata

El desplome de la demanda se ha traducido en una bajada del precio de la electricidad, cuyo coste de generación se redujo un 42,8% en marzo con respecto al mismo mes del año pasado. También los precios de los combustibles han disminiuido, pero ello no significa que la carga económica para los usuarios finales sea menor, dada la esperable caída de las rentas que se espera para el futuro próximo. González recordó que un 21% de la población se encuentra en paro, pero que si a esa proporción se añaden los trabajadores inmersos en expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE), la cifra alcanza el 36%.

"La crisis de la Covid-19 es una oportunidad para replantear la propia movilidad humana. El efecto tras las restricciones impuestas se hace evidente en la promoción del teletrabajo y la educación a través de medios online", concluye el informe. El teletrabajo, en concreto, ha demostrado ser "un instrumento más potente de lo que se pensaba", reconoció José Carlos Francisco. Esta modalidad laboral permitió "salvar la productividad" de algunas empresas, lo que no significa, puntualizó, que constituya "un derecho del trabajador". El también presidente de CEOE-Tenerife opinó que el cambio en los modelos de movilidad se basará en alternativas que ya se barajaban antes de la crisis sanitaria, caso de la promoción del transporte público, la ampliación de vías congesionadas o la flexibilidad en la entrada y salida del trabajo.