El año pasado fue el mejor de la historia de la Zona Especial Canaria (ZEC), impulsada por la reforma aprobada en 2015, que amplía los sectores que pueden acogerse a ella y su ámbito territorial. No solo aumentó el número de empresas autorizadas a instalarse en el instrumento fiscal -un 13% más que en 2018-, sino que también lo hizo el volumen de empleo que estas entidades se comprometen a crear -un 55%-, se diversificó su actividad -con una presencia cada vez mayor del sector tecnológico y audiovisual- y se profundizó en el objetivo de captar capital internacional. Pero estos resultados, como los de toda la economía del Archipiélago, se han topado con el inesperado muro que ha levantado la epidemia de Covid-19 y las restricciones adoptadas para combatir su propagación.

En los primeros seis meses de 2020 el número de empresas autorizadas ha caído en 22 respecto al mismo periodo del año pasado, mientras que el compromiso de creación de puestos de trabajo se ha rebajado en 627, detalló ayer el vicepresidente de la ZEC, Pedro Alfonso -presidente en funciones desde que Antonio Olivera dimitiera para asumir la Viceconsejería de Presidencia del Gobierno regional-, durante una comparecencia en la comisión de Economía del Parlamento autonómico. El impacto de la crisis sanitaria y económica sobre la zona de baja tributación ha llevado a esta a pedir medidas transitorias para que el instrumento surtiendo efecto y las firmas acogidas a él no tengan que abandonarlo.

Así, Alfonso reveló que ha transmitido al Gobierno de Canarias la necesidad de aplicar una "moratoria" en los requisitos de creación de empleo -al menos cinco puestos de trabajo en las islas capitalinas y tres en las periféricas- para las empresas afectadas por la crisis y también que se amplíen los plazos para que puedan mantener su "condición ZEC". "El Gobierno se ha comprometido a trasladarlo. Veremos si el Estado cede", indicó.

Además de estas medidas temporales, el vicepresidente en funciones advirtió de la necesidad de acometer una renegociación que potencie la competitividad de la Zona y permita superar uno de los hándicaps que todavía presente: su escaso desarrollo en las islas capitalinas, que "no terminan de despegar", admitió. Las razones que explican esta situación son varias: "poca participación" de las administraciones, al margen de los cabildos, pequeño tamaño del tejido empresarial o falta de infraestructuras. Para remediar este retraso, los actuales gestores del instrumento quieren explorar la posibilidad de ampliar las actividades autorizadas en estos territorios dentro de la ZEC o disminuir el volumen de inversión requerido para instalarse en ella.

La escasa implicación administrativa que Alfonso percibe trasciende las islas no capitalinas. "A veces nos gustaría más apoyo de otras instituciones estatales, autonómicas y locales", reconoció. Esta falta de colaboración es especialmente patente, remarcó, en AENA, que "ni siquiera responde" a las solicitudes enviadas por la ZEC.

La Zona Especial Canaria cerró 2019 con 656 nuevas empresas autorizadas a operar en su seno. Estas firmas se han comprometido a la creación de 9.778 puestos de trabajo y a una inversión de 1.076.378.215 euros en el Archipiélago. Las empresas del sector audiovisual se han multiplicado por dos de un ejercicio a otro, mientras que las TIC (tecnologías de la información y la comunicación) han crecido un 47%. El capital extranjero representó un 66% del total, en tanto que el local supuso el 23% y el mixto el 11%. Alfonso destacó que las empresas ZEC "son más grandes, pagan mejores salarios y crean más empleo" que la media y, además, devuelven a la sociedad 3,5 euros por cada uno que reciben por sus ventajas fiscales.